Columna publicada en El País (28 de mayo, 2026).
Por Sebastián Depolo, sociólogo, ex embajador de Chile en Brasil y miembro fundador de Rumbo Colectivo.
La salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la vocera Mara Sedini —después de apenas 69 días en sus cargos— expuso más que un cambio de gabinete: dejó al descubierto la ausencia de un plan de seguridad coherente en el Gobierno de José Antonio Kast. Las explicaciones públicas de la exministra —admitiendo no haber esperado la exigencia de un “plan de seguridad estructurado, concreto” y afirmando que pensaba que en ese cargo “había que hablar mediante acciones, no con palabras”— reforzaron la sensación de improvisación.
En redes sociales, el meme del abogado de Los Simpson —“Perfecto: no había pizza”— se transformó en diagnóstico: promesas incumplidas y aparentes atajos retóricos en torno a la seguridad pública. Los memes operan como dispositivos de resignificación: toman un fragmento cultural del pasado y lo aplican para describir una emoción colectiva. Cuando este meme circula, no solo genera risa; colectiviza una experiencia de desilusión institucional y confirma que, pese a la retórica de priorizar la seguridad, la vida cotidiana de muchas personas sigue marcada por el temor. Compartir ese meme es, en ese sentido, validar la percepción de que una promesa no fue más que discurso, y que la inseguridad percibida continúa pesando en la vida cotidiana.
Esa percepción no surge de la nada. Instituciones como Fundación Paz Ciudadana han documentado consistentemente una brecha entre percepción y victimización real: la sensación de inseguridad en Chile suele exceder lo que muestran las tasas comparativas de homicidio y otros delitos. Aunque el país registra menos crimen que naciones con violencia extrema, la percepción ciudadana puede situarse a la par de vecinos con peores indicadores objetivos, el temor es real y paraliza a la ciudadanía. Frente a ello, las recomendaciones técnicas no se limitan a perseguir delitos: requieren transparencia institucional, políticas preventivas que modifique la calidad de vida en los barrios y medidas que recuperen la credibilidad pública. Se necesita seriedad para abordar el combate al crimen organizado de suyo complejo y difícil.
Los datos recientes muestran esta realidad: en 2025 hubo 1.091 víctimas de homicidio consumado en Chile (tasa de 5,4 por 100.000), una caída de 11,5% respecto a 2024 después del punto más alto en 2022. Las armas de fuego siguen siendo empleadas en casi la mitad de los casos, lo que revela que la violencia letal mantiene raíces estructurales a pesar de descensos estadísticos. Esos números, por sí solos, no disipan la sensación de inseguridad; más bien ilustran la dificultad de traducir datos técnicos en experiencias cotidianas de protección. Y muchos de los que votaron por el candidato Kast lo hicieron esperando una solución a la sensación de inseguridad.
Aquí radica el problema político del actual Gobierno chileno: afirmar que la seguridad es prioridad no equivale a producir resultados verificables. Cuando la comunicación gubernamental se centra en exhibiciones de fuerza o en discursos alarmistas sin mostrar mejoras palpables la legitimidad se erosiona. La ciudadanía espera cambios visibles en su día a día; si lo único que se observa son “operativos emblemáticos” el descrédito se profundiza y el humor viral ocupa ese vacío como crítica inmediata. La gente esperaba otra cosa del presidente Kast.
La comparación con el Gobierno del presidente Gabriel Boric en este caso ilustra que hay alternativas: él mismo declaró que si bien el tema de seguridad pública no fue su prioridad inicial, comprendió rápidamente la urgencia social y política de enfrentarlo y mandató a la ministra del Interior Carolina Tohá y al ministro de Seguridad Pública Luis Cordero a la implementación del nuevo ministerio y a formular una Política Nacional contra el Crimen Organizado y marcos de planificación orientados a la coordinación interinstitucional, control de armas y prevención en un Política Nacional de Seguridad Pública como ordena la ley. Se aumentaron los recursos a las policías incluida la marítima y se legisló en muchas materias de una agenda negociada y empujada transversalmente con la entonces oposición.
Esa política, construida con participación técnica y académica plural, aspira a articular múltiples instituciones en respuestas integrales. El nuevo ministro de Kast, Martín Arrau, al validar en su primera aparición pública esa política como instrumento estatal, reconoció tácitamente que un plan desde cero no existía y que se iban a utilizar marcos previamente diseñados y validados y en buena hora que así lo hizo. No es por ingenuidad, pero sinceramente espero que esta actitud sea síntoma de dejar de ver a la seguridad ciudadana como un botín electoral o un ámbito con el cual castigar al adversario y sea tomado con la seriedad de una Política de Estado.
El desafío para cualquier Gobierno —y en particular para uno cuya narrativa ha combinado mano dura y promesas de orden— es transformar la retórica en políticas que modifiquen la experiencia cotidiana. La oferta punitiva, sin programas de prevención, reparación y eficacia judicial demostrable, es reactiva y limitada. Incrementar recursos al aparato de seguridad sin una estrategia abierta de rendición de cuentas y de comunicación sobre resultados es contraproducente: puede aumentar la sensación de gasto ineficaz y alimentar sospechas sobre discursos vacíos que horadan la credibilidad en las políticas de Estado.
La política que busca restaurar la confianza debe centrar su acción en resultados observables: entornos percibidos como más seguros, medidas preventivas situacionales, tiempos de respuesta policial reducidos y procesos judiciales que generen sensación de justicia yreparación para las víctimas. Solo así se cambia la experiencia práctica que hoy motiva memes y sátiras. Mientras no exista esa evidencia cotidiana, la ciudadanía seguirá usando el humor viral para condensar su indignación: el meme dice con humor lo que muchos sienten en serio.
En suma, la crisis expuesta por el cambio de gabinete más fulminante de nuestra historia reciente no es solo una falla administrativa; es un síntoma de un déficit mayor: la incapacidad de convertir promesas discursivas en políticas públicas verificables que reduzcan tanto la violencia real como la percepción de amenaza. La seguridad pública no puede ser únicamente un ejercicio de exhibición o de castigo; exige prevención, coherencia institucional y, sobre todo, resultados que permitan a la gente vivir sin miedo. Mientras esos resultados no sean tangibles, la sátira seguirá registrando el fracaso de los poderes públicos en la primera de las preocupaciones ciudadanas.
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