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La modificación a la OGUC: un camino incierto y una alternativa que nadie discute

26 Junio, 2026

Columna publicada en El Mostrador (26 de junio, 2026).

Por Vicente Burgos, integrante del Observatorio de Políticas en Vivienda de Rumbo Colectivo.

El proceso de consulta pública sobre la propuesta de modificación de la Ordenanza general de urbanismo y construcciones (OGUC) para aumentar la densidad y fomentar la reconstrucción recibió casi mil observaciones ciudadanas.

El MINVU comprometió publicar las respuestas a las observaciones y ajustes a la propuesta hoy, 26 de junio. Rumbo Colectivo solicitó la base de observaciones vía transparencia. La base demuestra una participación importante en volumen, pero limitada en representatividad territorial.

El 80% de las observaciones proviene de la Región Metropolitana. Las ciudades intermedias están prácticamente ausentes. De las 14 regiones restantes, casi ninguna supera las 10 observaciones individuales. Los temas más mencionados por quienes participaron, además de la densidad, son preocupación por la planificación local e instrumentos de planificación territorial (49%) y los conjuntos armónicos (41%). Muchos vecinos expresan preocupación respecto a los efectos de esta modificación en sus vivienda y barrios.

Las municipalidades decididamente se oponen a la modificación. Mientras en Puerto Varas advierten sobre las dificultades de planificar por decreto, pasando por sobre acuerdos locales, en La Cisterna señalan que el cambio de guarismo desnaturaliza la densidad como herramienta de planificación.

Estas opiniones son consistentes con la declaración del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, que manifestó su oposición unánime a la modificación, señalando que “debilita la autonomía municipal y afecta el rol de planificación territorial que corresponde legítimamente a los municipios”. Alcaldes de todos los sectores políticos solicitaron expresamente no avanzar en la modificación.

A su vez, el Colegio de Arquitectos advirtió que las modificaciones erosionan el acervo normativo construido en décadas. La Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Oficinas de Arquitectos solicita profundizar la medida, y presentaron un texto alternativo de modificación de la OGUC que abarca simplificación de permisos hasta liberación de suelo, solucionando problemas técnicos de la propuesta original del Ministerio de Hacienda.

Con todo, el capítulo de hoy no será el capítulo final. La propuesta debe aún recibir la firma del Presidente- custodiada por la SEGPRES- y someterse al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República.

Ambos actores pueden introducir modificaciones, observar el texto, incluso representarlo si es que no cumple con estándares legales, como algunos ya han hecho ver.

A su vez, los ajustes que se introduzcan en el trayecto entre la consulta pública y el Diario Oficial pueden alterar las condiciones de edificación en miles de predios, afectar la viabilidad de proyectos de vivienda social en curso y modificar las reglas del juego para comunas que planificaron su desarrollo bajo supuestos que esta modificación pretende cambiar, sin tener una gota de participación.

Por último, hay una pregunta de fondo: ¿es la OGUC el instrumento correcto para resolver el problema de densidad? La Ley 21.807, promulgada en febrero de este año, incorporó a la Ley General de Urbanismo y Construcciones una herramienta novedosa: la de establecer densidades mínimas a nivel regional en zonas bien localizadas, dotadas de infraestructura, movilidad y servicios. El legislador ya entregó un instrumento para densificar donde corresponde, sin necesidad de modificar la norma que rige para todo el territorio nacional.

La diferencia es central: modificar la OGUC por decreto es una decisión centralizada que altera las reglas para todas las comunas por igual, sin distinguir entre una zona consolidada del centro de Santiago y un loteo periférico en una ciudad intermedia; mientras que utilizar la herramienta de la Ley 21.807, permite intervenir con precisión territorial, en diálogo con los municipios y los instrumentos de planificación vigentes.

¿No sería más razonable, pues, hacer caso a los alcaldes? Suspender el proceso de modificación, abrir un proceso de diagnóstico territorial serio que identifique dónde la densidad es insuficiente y dónde es excesiva. Con ello, activar los instrumentos que la ley ya contempla para establecer densidades mínimas donde la ciudad lo necesita. Apostar por los acuerdos y desechar polémicas modificaciones que continuarán generando movilización e incertidumbre.

Y aprobada la ley de ‘Escuelas Protegidas’, ¿qué hacemos con la convivencia educativa?

16 Junio, 2026

Columna publicada en El País (16 de junio, 2026).

Por Jaime Portales, integrante del Observatorio de Políticas en Educación de Rumbo Colectivo, y por Tatiana Urrutia, diputada por el Frente Amplio.

La recién aprobada ley de “Escuelas Protegidas”, impulsada por el actual gobierno, responde a una preocupación legítima: enfrentar la violencia que afecta a estudiantes, docentes y comunidades educativas. En particular, la nueva ley permite y regula nuevas herramientas de inspección de las y los estudiantes tales como la revisión de mochilas y bolsos, y la incorporación de restricciones sobre vestimenta o accesorios que impiden identificación facial, lo que mal implementado puede llevar a discriminaciones arbitrarias de estudiantes, a la exacerbación de los conflictos, e incluso al abandono y la exclusión escolar.

Asimismo, la nueva ley define inhabilidades para personas mayores de 14 años condenadas por delitos graves cometidos en contextos educativos. Una de estas es la suspensión de la gratuidad en educación superior por un periodo 5 años, que corresponde a una medida que contradice la evidencia que identifica a la educación como uno de los principales factores de integración social y de reducción de la reincidencia.

Pero, más allá de lo anterior, ¿ayudan estas medidas a resolver el problema de la convivencia en nuestras escuelas, aparte de su aplicación en situaciones extremas? ¿La nueva ley nos entrega herramientas y modelos para aprender a convivir?

Si el propósito es aprender a vivir juntos, la evidencia nacional e internacional disponible apunta hacia una dirección muy diferente. Organismos como UNESCO, UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han destacado que las estrategias más efectivas para reducir la violencia escolar son aquellas que fortalecen el clima escolar, la participación estudiantil, las capacidades docentes y el apoyo psicosocial. Por el contrario, las medidas centradas principalmente en inspecciones, vigilancia o respuestas punitivas muestran resultados mucho más limitados, e incluso perjudiciales, cuando no forman parte de un abordaje más integral: uno que promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales, la formación ciudadana, la resolución pacífica y dialogada de conflictos, y que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.

Chile necesita una política de convivencia educativa que no oponga seguridad y derechos, sino que los una en una misma estrategia. Esa es la principal política educativa que debiera impulsar el Ministerio de Educación, con un financiamiento público estable, si realmente quiere una convivencia educativa más segura, inclusiva y sostenible en el largo plazo en las comunidades educativas del país. De hecho, ya existe una política de convivencia educativa vigente para el periodo 2024-2030 a la que, así como en el caso de seguridad, también se le podría dar continuidad.

Parlamentarios de siete países acuerdan avanzar en agenda de política industrial verde rumbo al Congreso Panamericano de Montevideo

12 Junio, 2026

El encuentro reunió a legisladores y especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay en el Ex Congreso Nacional de Santiago para construir directrices compartidas sobre política industrial verde. Por la tarde se llevó a cabo un evento abierto al público que reunió a expertos locales e internacionales.

Parlamentarios y especialistas de siete países se reunieron este jueves en el Ex Congreso Nacional de Santiago en el marco del seminario internacional "Política Industrial Verde desde y para el Sur", el segundo encuentro preparatorio hacia el Congreso Panamericano 2026. Durante la jornada, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una política industrial verde que trascienda las agendas nacionales y se proyecte como una estrategia regional compartida para América Latina.

La discusión permitió identificar sectores prioritarios para esa agenda: minerales críticos, electromovilidad, soberanía digital, transición energética y fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas. Los participantes subrayaron la importancia de vincular estos desafíos a objetivos concretos de justicia social, creación de empleo de calidad y mejora de la calidad de vida, señalando que la política industrial verde debe demostrar resultados tangibles para la ciudadanía sin perder de vista las transformaciones estructurales de largo alcance que la región necesita.

El encuentro fue organizado por el Congreso Panamericano y Rumbo Colectivo, entre otros, y el director ejecutivo de este último, Tomás Leighton, señaló que “hoy día hemos puesto sobre la mesa no solamente principios, sino también políticas concretas. Este es un momento crucial porque la cancillería y el mismo Presidente Kast han anunciado que las capacidades productivas de Chile podrían mejorar en el caso de poder agregarle valor a lo que producimos y diversificar nuestra cartera de exportaciones. Tomamos ese llamado que ha hecho el Ejecutivo y le devolvemos la pelota con una serie de instrumentos concretos. No para achicar el tamaño del Estado, sino para coordinarlo mejor. No para agregar valor con cosas que podríamos pensar a 50 años, sino mejorando las capacidades hoy día. Son cuestiones en las que el país se podría ver beneficiado si avanzamos y acá hemos reunido a especialistas y a políticos que se han comprometido con una agenda en común”.

Los participantes relevaron la necesidad de contar con herramientas que trasciendan los ciclos políticos y permitan dar continuidad a las estrategias de desarrollo. Entre las propuestas discutidas destacaron el fortalecimiento de los bancos públicos de desarrollo, la creación de fondos regionales de garantía, laboratorios de certificación e innovación, una gestión más estratégica de la propiedad intelectual, mecanismos de participación estatal en sectores estratégicos y políticas orientadas a la inclusión productiva de pequeñas y medianas empresas. También reafirmaron que el Estado debe desempeñar un rol activo en la orientación de mercados, la coordinación de inversiones y la construcción de capacidades productivas regionales.

El diputado Gonzalo Winter indicó que “hoy día todo el mundo está teniendo una discusión sobre política industrial y sobre la gravedad que implica externalizar la producción de todo aquello que consumimos. Esto ya no resiste más y Chile tiene que tener una política activa desde el Estado para producir innovación, para agregar valor y para dar un salto en el lugar que ocupamos en las cadenas productivas de valor a nivel mundial. Esta es una disputa que se está dando y que desde el progresismo, en el Congreso Panamericano, estamos generando propuestas para una reindustrialización verde y desde y para el sur, que es lo que nos puede volver verdaderamente soberanos en este momento de la geopolítica”.

En tanto, la diputada Irací Hassler, planteó que “me parece fundamental dar este debate sobre todo en un momento en que en Chile la discusión económica está muy acotada, en que se plantea que simplemente lo que hay que hacer es bajar, bajar impuestos y que por tanto el país va a crecer y va a haber un chorreo que llegue al resto de las personas de Chile y la verdad es que eso no es así. Es fundamental que podamos avanzar a un crecimiento sostenido en el tiempo, basado en el empleo calificado, en proyectos de desarrollo estratégico para nuestros países, en crear valor agregado en nuestra economía y no solo exportar nuestros recursos naturales. Y para eso es fundamental construir política industrial y que sea, además, con una perspectiva sostenible en el tiempo respecto de cómo vamos a vivir, no solo actualmente en el mundo, sino que también hacia adelante”.

La jornada dejó planteado un desafío central que acompañará el proceso hacia Montevideo: cómo combinar una visión estratégica de largo plazo para la transformación productiva de la región con respuestas concretas y visibles que permitan construir apoyo social para esta agenda. Al respecto, la congresista de Perú, Sigrid Bazán, señaló que “hablar de políticas de industrialización verde nos ayuda también a repensar esto no solamente con un objetivo, sino también como un medio para fomentar e incluir a las personas hacia su desarrollo. Es fundamental desde países tan diversos hablar del respeto a las voces ciudadanas, de nuestras comunidades, de nuestra Amazonía y su protección, por supuesto, y también para poder hablar de grandes retos precisamente por efectos del cambio climático, como son la lucha contra el hambre, la lucha por una vivienda digna y cuáles son los espacios que se les dan a este tipo de derechos que las poblaciones reclaman. Hablar de esto no solamente es hablar desde el aspecto técnico, sino también desde el aspecto social”.

Los aportes recogidos hoy servirán como insumo para el Congreso Panamericano 2026, que sesionará entre el 21 y el 23 de agosto en Montevideo con delegaciones de quince países del continente.

El encuentro reunió a los senadores chilenos Diego Ibáñez, Beatriz Sánchez, Vlado Mirosevic y Alfonso de Urresti, y a los diputados Irací Hassler, Juan Santana, Constanza Schönhaut, Gael Yeomans y Gonzalo Winter, co-organizador del evento. También estuvieron la diputada uruguaya Inés Cortés; la congresista peruana Sigrid Bazán; la asambleísta ecuatoriana Verónica Íñiguez; la directora de integración socio-productiva de Fundar de Argentina, María Magliore; la investigadora de la misma institución, Elisabeth Möhle; la líder del proyecto Latam Futures del Global Fund for a New Economy, Verena Hitner; el representante de la Fundación Arú de Bolivia, Omar Velasco; y la representante de Fundación Nuestro Sur de Perú, Catherine Eyzaguirre, entre otros. Entre los participantes nacionales destacan el académico de la Universidad de Chile, Antoine Maillet; el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Daniel Goya; y el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton.

Participación de expertos
Por la tarde, en el Salón de la Biblioteca del Ex Congreso, el seminario se abrió al público a través de tres mesas temáticas de diálogo e intercambio de experiencias entre los especialistas invitados de Chile y Latinoamérica. El primer panel, “Pensando la industrialización verde desde el Sur” contó con las exposiciones del académico de la Universidad de Chile y miembro de la ONG Radar, Fernando Sossdorf; del académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Antoine Maillet; y de la congresista Sigrid Bazán, y fue moderado por la directora de integración socio-productiva de Fundar de Argentina, María Migliore.

La segunda mesa, titulada “Experiencias de política industrial verde en la región”, registró las presentaciones de casos y propuestas de política pública por parte de la líder del proyecto Latam Futures del Global Fund for a New Economy de Brasil, Verena Hitner; del académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Daniel Goya; y de la investigadora de Fundar, Elisabeth Möhle. La conversación fue moderada por la investigadora de OPES, Bárbara Navarrete.

El encuentro finalizó con el panel “Propuestas de sectores prometedores para políticas industriales verdes en la región”, que recibió las intervenciones del investigador de Fundación Arú de Bolivia, Omar Velasco; de la investigadora asociada de Fundación Nuestro Sur de Perú, Catherine Eyzaguirre; y de la representante de Rumbo Colectivo, Bárbara Neira. Esta última mesa fue moderada por el miembro del directorio de Rumbo Colectivo, Pedro Glatz.

El seminario fue organizado por el Congreso Panamericano y Rumbo Colectivo, en co-organización con la Fundación Heinrich Böll Stiftung, el Global Fund for a New Economy, RADAR, la Fundación Nuestro Sur y Fundación Arú.

Sobre el Congreso Panamericano
El Congreso Panamericano, fundado en 2024, busca consolidarse como un espacio permanente de diálogo entre parlamentarios del continente, con el objetivo de articular respuestas comunes a desafíos compartidos bajo los principios de solidaridad entre los pueblos y soberanía entre las naciones.

Tras sus ediciones en Bogotá y Ciudad de México, con presencia de delegados de más de 12 países, la próxima versión se realizará en Montevideo en agosto de 2026. El siguiente taller de trabajo se llevará a cabo en Toronto (Canadá) el próximo 9 de julio, bajo el título “IA Democrática y Soberanía Digital”.

“Eficacia” del actual sistema de detección de lavado de activos y el secreto bancario

11 Junio, 2026

Columna publicada en La Tercera (11 de junio, 2026).

Por Carla Sepúlveda, abogada, presidenta del directorio de Rumbo Colectivo.

En Alemania sólo un tercio de las personas están registradas como donantes de órganos, mientras que en su vecino país, Austria, lo están más del 90%. Alguien podría decir que ambos países tienen sistemas “eficaces” de donación, pues las personas que han querido donar, han podido hacerlo. Pero ese argumento esconde que hay algo en el diseño del sistema que es lo que lleva a dichas diferencias en desempeño, mucho más que preferencias de los agentes (Johnson y Goldstein, 2003). En Austria se es donante por defecto, mientras que en Alemania hay que inscribirse para serlo. Pequeñas diferencias en el diseño institucional pueden producir enormes diferencias en las conductas observadas o en las tasas de participación registradas.

Ejemplos como este abundan y deben hacer reflexionar a quienes se oponen al cambio que se está discutiendo en el contexto de la ley del sistema de inteligencia respecto del secreto bancario. Hay quien dice que tenemos un sistema “eficaz”, porque la UAF ha hecho solicitudes a la Corte de Apelaciones (62 casos en total) y todas ellas han sido aprobadas dentro del breve plazo establecido por la ley.

La tasa de aprobación del 100% demuestra que las solicitudes presentadas estaban bien fundadas; no demuestra que el sistema esté generando todas las solicitudes que debiera generar. La pregunta es, empero, cuál podría ser la realidad si tuviéramos un mecanismo diferente. Al diseñar ese mecanismo, la pregunta es por prioridades: si la prioridad estará en diseñar aquel que tenga mejores credenciales para que se desarrolle una práctica de fiscalización frecuente, ágil, permanente y proactiva. Dichas credenciales las proveen hoy el procedimiento estándar en los países de la OCDE.

El cambio que permita evitar la utilización del sistema financiero para la comisión de delitos no pasa exclusivamente por la norma que permita el acceso administrativo a la información bancaria en base a operaciones ya sospechosas (como tampoco por hacer un mecanismo de donación de órganos formalmente de opt in u opt out, como el propio caso de nuestro país, con su altísima tasa de desenrolamiento muestra). El legislador al fin ha tomado nota de ello y ya ha logrado avanzar hasta el tercer trámite con un proyecto que reestructura el sistema hoy existente. El esperado Sistema de Inteligencia Económica está a punto de ver la luz. De la votación, ahora en Comisión Mixta, depende que pueda contener un instrumento que ha sido diseñado con adecuados resguardos, en línea con los estándares internacionales contemporáneos.

Los críticos de la reforma tienen razón en exigir resguardos robustos para la privacidad. Lo que aún deben explicar es por qué un sistema diseñado para introducir fricciones adicionales en el acceso a la información no termina reduciendo también la intensidad y oportunidad de la fiscalización.

Rumbo Colectivo presenta informe sobre impacto de la Megarreforma Tributaria

8 Junio, 2026

El objetivo de este documento es estimar el efecto que la Megarreforma Tributaria tendría sobre las finanzas públicas en el período 2026 - 2030, en particular, sobre la trayectoria esperada del balance estructural y la deuda pública. Para ello, se realizan mejoras a la proyección del impacto fiscal contenida en el Informe Financiero del proyecto de ley. Además, se incorpora este impacto a las trayectorias esperadas del balance estructural y la deuda pública, aspecto que se omitió en la publicación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026 (1T26), publicado el 25 de mayo de 2026.

La metodología para la proyección de los impactos fiscales del proyecto está sujeta a debilidades metodológicas que debiesen ser subsanadas. El Informe Financiero no considera mecanismos para atenuar los riesgos derivados de un proyecto que irroga costos fiscales directos y ciertos, e ingresos fiscales indirectos y sujetos a mayores niveles de incertidumbre. Tampoco incorpora los efectos de equilibrio general que se desprenden del mayor déficit y deuda pública que, todo lo demás constante, genera el proyecto, redundando en menor crecimiento e ingresos fiscales. Asimismo, dada la alta incertidumbre de las estimaciones, debiera contemplarse la publicación de escenarios de sensibilidad ante la no materialización de determinados supuestos.

Existen omisiones o debilidades metodológicas en los efectos directos asociados al conjunto de medidas tributarias y con impacto en el gasto. Es necesario tomar en cuenta el impacto de medidas comprometidas durante la tramitación del proyecto de ley, como la reducción del impuesto corporativo a las Pymes y los reembolsos por IVA de pañales y medicamentos. Además, existen debilidades en los supuestos realizados en algunas estimaciones, como la reintegración del impuesto a la renta, el ahorro por el incentivo al retiro, y el impacto de mediano plazo de la reducción en el impuesto a las donaciones.

La proyección del impacto fiscal de los efectos indirectos sobre el crecimiento se debe realizar con mayor cautela, debido a la alta incertidumbre asociada a estas proyecciones. Por ello, se propone utilizar rangos inferiores o conservadores de las elasticidades de parámetros clave, como el efecto de la reducción del impuesto corporativo sobre el crecimiento. Además, concentrarse en medidas cuyo impacto positivo está documentado de manera robusta en la literatura académica. Por ello, en este trabajo no se incluyen medidas donde se identifican supuestos arbitrarios, como la invariabilidad tributaria; o donde la justificación teórica y respaldo empírico es débil, como la reintegración.

Realizando ajustes con los criterios señalados en el párrafo anterior, se obtiene que el efecto de la Megarreforma Tributaria sobre el crecimiento económico es de menos de un tercio que lo proyectado en el Informe de Impacto Regulatorio (IIR) del Ministerio de Hacienda. Al año 2030, se estima un efecto acumulado de 0,9 puntos porcentuales de PIB, mientras que el IIR supone un impacto de 3,1 puntos de PIB.

El impacto fiscal de la Megarreforma Tributaria se estima en -1,0% del PIB al año 2030, lo que equivale a $4.800 millones de dólares de mayor déficit. Esto casi triplica el impacto esperado por el Informe Financiero. El 60% del ajuste se explica por una proyección más conservadora de su efecto sobre el crecimiento, y el resto, por la revisión de supuestos e inclusión de impactos omitidos respecto a sus efectos directos.

Considerando el efecto esperado de la Megarreforma Tributaria, al año 2030 el balance estructural podría ubicarse en -2,7% del PIB, y la deuda pública en 49,2% del PIB. Esto representa un empeoramiento de 0,9 puntos de PIB para el balance estructural y de 2,7 puntos de PIB para la deuda pública con respecto a la trayectoria proyectada en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, que no consideró el efecto de la Megarreforma.

Descarga el informe aquí.

Plan de retorno voluntario: dudas y certezas

5 Junio, 2026

Columna publicada en El País (5 de junio, 2026).

Por Luis Thayer, integrante del Observatorio de Políticas Migratorias de Rumbo Colectivo.

El plan de retorno voluntario anunciado por el Gobierno de José Antonio Kast no es una mala idea. Sin embargo, el que haya sido presentado como un “plan de salida” y no como un “plan de regularización” juega en su contra. Y es que su éxito pasa por convencer a los migrantes no solo de que podrán salir, sino sobre todo de que podrán regresar con una visa. Se entiende que es complejo para un Gobierno que llegó con la promesa de expulsar a cientos de miles de personas, convocar a un proceso de regularización que podría dejar sin efecto cientos de miles de resoluciones de expulsión dictadas.

En abril de 2021 el expresidente Sebastián Piñera convocó a un proceso de regularización, en el que las personas con ingreso irregular, podrían salir del país, solicitar una visa y volver a ingresar una vez que se les otorgara. En ese entonces fueron menos de 2.000 las personas irregulares que salieron mientras duró el proceso y 78 las que volvieron a ingresar con una visa. Más allá de este antecedente y del relato elegido por el Gobierno, el éxito de este plan depende de su capacidad de convocar a dos grupos de migrantes muy distintos, y que con seguridad van a responder de distinta manera al llamado.

Por una parte hay un grupo, principalmente bolivianos, que ingresaron con un permiso transitorio para realizar trabajo agrícola, y que permanecieron en Chile más allá de los 90 días permitidos. Actualmente, estas personas en situación irregular podrían ser sancionadas con multas o incluso con una expulsión y una prohibición de ingreso que les impediría volver por un mínimo de tres años. Para este grupo, estimado en unas 80.000 a 100.000 personas, que normalmente no figura en las cifras oficiales de irregularidad, pues entraron regularmente al país, el “plan de salida” es una oportunidad. Más aún cuando pueden solicitar la visa Mercosur que no requiere contrato de trabajo, y que debe ser tramitada en 15 días en virtud del acuerdo migratorio y de reconducción firmado con Bolivia en diciembre de 2024.

El otro grupo que podría optar a una visa con el “plan de retorno”, corresponde a los 300.000 que, según datos del Gobierno, han ingresado irregularmente a Chile. Para este grupo la situación es distinta, pues hasta ahora no hay certezas, recursos, ni incentivos suficientes para movilizarlos.

No hay certeza del plazo de otorgamiento de la visa, y no puede haberla pues el tiempo de tramitación dependerá del número de solicitudes que se realicen. Si este se amplía, los plazos de también se extenderán. Sin dotación adicional de funcionarios para el Servicio de Migraciones, difícilmente se podrá comprometer un plazo razonable de resolución. Para ello se requeriría de unos 40 funcionarios de dedicación exclusiva al plan, lo que tiene un costo anual para el Servicio de unos 600 millones de pesos (uno 670.000 dólares). Es un costo modesto, pero del que hasta ahora no se ha dicho nada.

Por otra parte, los incentivos para que las personas salgan de Chile no son suficientes. Para alguien que tiene trabajo y familia en Chile, salir es una apuesta riesgosa. Más aún cuando el regreso no está garantizado pues la visa podría no ser otorgada. Eximir a los extranjeros de una eventual expulsión es un incentivo débil, ya que la sanción para alguien con arraigo y sin antecedentes es poco probable. Una amenaza débil moviliza menos que la necesidad económica y la familia.

Finalmente, el escenario en Venezuela no ayuda, dejar trabajo, casa y familia, para volver al país que del cual se huyó por hambre o miedo, por un período indeterminado y con un resultado incierto es poco atractivo. Más aún si la documentación requerida para regresar a Chile depende de la institucionalidad de ese Estado, que no necesariamente va a ver con buenos ojos que sus ciudadanos regresen para volver a irse. El gobierno de Chile no solo le pide a los migrantes venezolanos que confíen en él, que viene amenazándolos desde antes de ser gobierno, sino también les está pidiendo que confíen en el gobierno venezolano, respecto del cual tienen más de un motivo para desconfiar.

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