En entrevista con el Diario Financiero, la presidenta de Rumbo Colectivo, Javiera Martínez, destacó la importancia de que la nueva Constitución establezca un estado de cuidados, que permita poner los derechos sociales por delante de los privilegios.
Publicado en La Tercera, Opinión. 06 de junio de 2021.
Por Javiera Martínez, presidenta de Rumbo Colectivo.
En los últimos años se ha acentuado la discusión sobre aquello que es “responsable fiscalmente” vs. lo que se ha tildado de “irresponsable” y que no considera equilibrios macroeconómicos e implicancias de largo plazo. Esta reducción del debate ha impedido una conversación más profunda sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y cómo esta se compatibiliza con los desafíos sociales, sanitarios y climáticos.
Una reducción sostenida del debate la ha planteado Chile Vamos al utilizar el término “responsabilidad fiscal” como una forma encubierta e incluso dogmática, de “austeridad fiscal”. Prueba de ello es que, aun cuando la evidencia comparada y recomendaciones internacionales decían lo contrario, el gobierno, al iniciar su gestión, ingresó paquetes de austeridad fiscal y la propuesta de disminuir US$ 833 millones a causa de la integración tributaria bajo un discurso de modernización y responsabilidad fiscal.
La misma óptica se ha materializado en las discusiones presupuestarias de cada año. En especial en las áreas de cultura, ciencia, educación superior pública e innovación, se ha insistido en un paradigma de competencia y concursabilidad, disminuyendo la base de gasto de largo plazo y fragilizando su institucionalidad, en vez de proponer financiamientos estables en el tiempo, que sería lo responsable de hacer.
En plena crisis Covid, los ministros de gobierno decían “hay que ser responsables” cuando se le preguntaba por qué los bajos montos de las ayudas económicas -la cual promedió $ 57mil por persona mensual el año 2020- y la excesiva focalización. ¿Fue aquello responsable? Las acotadas y poco oportunas ayudas económicas del gobierno no solo no ayudaron a controlar la circulación viral, sino además prolongaron la desaceleración económica y catalizaron las medidas sobre los ahorros previsionales.
Se podría argumentar, por parte del gobierno, que la razón era técnica. Que, según el informe de finanzas públicas, no era posible aumentar el gasto público durante la pandemia porque la deuda bruta podía llegar a 45% del PIB en 2030. Lo que omite esta argumentación es que, según el mismo informe, las proyecciones suponen que la estructura tributaria se mantiene invariable hasta el 2030. Si financiar gastos permanentes con ingresos permanentes es la base del concepto de responsabilidad fiscal, ¿es responsable pensar que la convergencia del balance estructural se alcanzará solo con reducción del gasto público y tener una inacción en términos de recaudación fiscal?
Los equilibrios macroeconómicos importan, pero lo barato y la falta de acción cuesta caro. Para construir disciplina y credibilidad de la regla fiscal, es necesario ponderar mejor el contexto en el que vivimos y salir del debate dogmático. Cuando hay voluntad política, las soluciones técnicas se encuentran. La invitación es a debatir sobre una mirada integral de los equilibrios fiscales en el tiempo y a construir una política fiscal responsable que se haga cargo de los desafíos sociales, medioambientales y sanitarios que enfrentamos.
Publicado en La Tercera, Opinión. 25 de mayo de 2021.
Por Yanira Zúñiga, profesora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral y directora de Rumbo Colectivo
En las últimas elecciones de convencionales constituyentes pareciera que las mujeres chilenas hubiésemos sido investidas categorialmente de ese reconocimiento político que nos ha sido esquivo durante tantos siglos: ser “hacedoras de las leyes”, “tomadoras de las decisiones”. Como se sabe, Chile tendrá el primer órgano constituyente paritario en el mundo, integrado por 77 mujeres. Hay mucha esperanza, local y global, puesta en este proceso.
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el derecho a voto de las mujeres se expandió en el orbe, se abrió también un ciclo de esperanza. La ciudadanía femenina, recién ganada, traería una cascada de transformaciones, igualando definitivamente a hombres y mujeres. Esas expectativas se desinflaron lentamente provocando un giro en el feminismo que, sin dejar de ser una ética igualitaria, a partir de la década de los 80 devino en una teoría sobre el poder y las élites. Esta teoría ha buscado explicar por qué la masculinidad opera como una suerte de clase nobiliaria que se entreteje y serpentea en las tramas de nuestras democracias (¿Qué hace que el poder presuponga y exude masculinidad?, ¿por qué las mujeres no gozan en propiedad de esa autoridad social que permite que un liderazgo sea percibido como algo natural o confiable?, ¿por qué sus voces corales no alcanzan a oírse y/o son, a menudo, mediatizadas por varones solistas?). En su libro póstumo, Ser política en Chile, publicado en 1986, Julieta Kirkwood observaba que “la vivencia política tradicional para o hacia las mujeres es segregacionista y subsidiaria en todos los sectores político-sociales”. Aunque el feminismo haya llegado a constituirse en discurso y sentido común, el poder sigue yaciendo en cuerpos y espacios masculinos.
Como si se tratara de una cachetada de realidad, durante la última semana hemos visto que en las primarias presidenciales de los partidos políticos chilenos ninguna de las precandidatas (mujeres de larga trayectoria política) ha sido incluida. Hemos apreciado también que las vocerías y cúpulas directivas de nuevos movimientos políticos -que se erigen como contrarreferentes de esos partidos- son también, exclusiva o predominantemente, masculinas, pese a que tales movimientos se presentan como inmunizados de las lógicas jerarquizadas y opresivas.
Una tragedia repetida, una y otra vez, a lo largo de la historia es la instrumentalización de los movimientos y demandas de las mujeres. La bandera de lo femenino (ya sea en sus roles tradicionales o como proyecto contestatario) ha sido enarbolada, agitada y manipulada mediante discursos inflamados, por sectores conservadores y progresistas, pertenecientes al “establishment” o protestatarios. Sin embargo, el poder ejercido por esos diversos sectores, en su expresión desnuda, es decir, como ejercicio y autoridad concreta, se ha resistido constantemente a desmasculinizarse.
Publicado en La Tercera, Opinión 15-02-2021
Por Javiera Martínez, presidenta Rumbo Colectivo
No cabe duda que el próximo gobierno que asuma la Presidencia de nuestro país tendrá que afrontar un escenario extremadamente desafiante. Será el primer gobierno en asumir después del estallido social, con todas las exigencias políticas y sociales que esto conlleva. Esto será en parte canalizable a través del proceso constituyente, pero sin duda exigirá una vinculación con la ciudadanía diferente a la de cualquier otro gobierno, además de asumir desafíos urgentes, como es la refundación de Carabineros.
Por otra parte, será el gobierno que deberá enfrentar las consecuencias de mediano plazo de la pandemia, lo que además de crecimiento económico y reactivación, requiere una mirada de futuro sobre todos los desafíos que el Covid nos relevó: la necesidad de un sistema de salud público universal, automatización del trabajo, la crisis de los cuidados, soberanía alimentaria, entre otros. Se trata de una combinación de desafíos políticos, sociales y económicos, que deben hacerse cargo de la precariedad acumulada para millones de chilenas y chilenos, pero también de los desafíos globales, incluida la crisis climática. Todo lo anterior no podrá ser respondido bajo las fórmulas añejas y requerirá audacia, capacidad de transformación y voluntad de diálogo.
En términos concretos, la primera tarea del gobierno será la reedición de la reactivación económica propuesta por el gobierno actual. Es de esperar que esta vez sean más los convencidos que importa generar riqueza, pero también cómo esta se genera y se distribuye. La reactivación económica no solo debe acelerar y facilitar el funcionamiento de actividades económicas y la creación de empleos, sino que también debiese ser el inicio de un proceso de transición económica y ecológica que priorice el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la vida y un desarrollo a escala humana que beneficie a todas y todos. Es una ventana de oportunidad, pero que ha sido desperdiciada por el actual gobierno.
Además, el nuevo gobierno si bien coincidirá con los últimos meses de la Convención Constitucional, será quien convoque al plebiscito de salida y empezará su segundo año de gobierno con una nueva Constitución. Lo anterior requerirá la formulación de una ingeniería legislativa para los siguientes años, y que, esperamos, abra la puerta para las grandes transformaciones que se necesitan. En términos sociales, el próximo gobierno tendrá en el centro de sus tareas una reforma de pensiones no solo enfocada en la suficiencia de estas, sino también en dejar atrás el rol que hoy utilizan las AFP en el sistema económico; deberá comenzar la implementación de un sistema de salud público unificado de carácter universal, a través de un Seguro Nacional de Salud, como muchos países desarrollados; y continuar el desafío educacional que se vio interrumpido estos años: deuda estudiantil, adecuación de la gratuidad como método de financiamiento para que reconozca el rol de las universidades públicas en nuestro país, una masiva etapa de capacitación y entrenamiento, además de la continuación de la reforma más grande que ha tenido el Estado, el proceso de desmunicipalización que pone en el centro a las escuelas y las familias del país. Por supuesto, todos estos cambios sociales requerirán el diseño e implementación de una reforma tributaria.
Finalmente, en el marco de un nuevo gobierno que empieza a construir un país de derechos, los partidos, centros de pensamiento y políticas públicas, deberán dar viabilidad técnica a la política a la cada vez más necesaria Renta Básica Universal, la cual también debería ser garantizada como un derecho de seguridad económica mínima en la Constitución.
¿Se puede hacer todo esto en un período de cuatro años? No. La magnitud de este desafío requerirá que el próximo gobierno sea el primero de un ciclo de gobiernos transformadores, anclados en una nueva Constitución. Lo que implica una enorme capacidad de diálogo, construcción de alianzas políticas estables en torno a objetivos de largo plazo, trabajo serio y colaborativo, dejando de lado voluntarismos y poniendo el centro el valor del cuidado de las personas de Chile y la oportunidad histórica que se ha abierto de acabar con un país de privilegios.
