El costo de criar: la raíz de la baja natalidad en Chile

El costo de criar: la raíz de la baja natalidad en Chile

Columna publicada en El País Chile (3 de octubre 2025).

Por Paula Castillo, encargada de Estudios en Rumbo Colectivo, Licán Martínez, magíster en Economía y Políticas Públicas y colaborado en Rumbo Colectivo, y Carolina Molinare, economista.

La caída de la natalidad no es un fenómeno aislado ni exclusivo de Chile, es parte de una transformación global que viene ocurriendo hace décadas. En 1960, la tasa global de fecundidad de los países de bajos ingresos era de 6,4 hijos por mujer, y la de ingresos altos era de 2,9 hijos por mujer. Hoy, esas cifras se redujeron a 4,7 y 1,4 respectivamente. En el caso de Chile, pasó de 4,7 hijos por mujer en 1960 a 1,03 hijos por mujer en 2024, ubicándose por debajo del promedio de los países de su mismo nivel de ingreso. Estas cifras reflejan un cambio demográfico profundo en cómo las sociedades se relacionan con la crianza, aunque dicho proceso ocurre con ritmos y magnitudes diferentes según el nivel de desarrollo, las políticas implementadas y los cambios socioculturales. Ante este escenario de menores tasas de fertilidad ¿Qué pueden hacer los países frente a ello?

Según el segundo informe “Análisis Comparativo Internacional” del estudio de Rumbo Colectivo “Crisis Demográfica y de Natalidad”, países como Corea del Sur o Japón, han invertido en políticas de apoyo a las madres, pero sus tasas de fecundidad siguen cayendo. La explicación está en la rigidez de sus mercados laborales y en la desigualdad de género que sigue marcando las trayectorias profesionales de las mujeres. En contraste, Francia y Uruguay han avanzado con éxito en la creación de servicios universales de cuidado para niña/os de 0 a 3 años, accesibles para todas las clases sociales, mostrando que los cambios estructurales importan más que los incentivos aislados. En el caso de Chile, el reciente informe “Canasta de Crianza: su costo económico en Chile”, de UNICEF para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, calculó que el costo promedio de criar a un hijo durante su primer año de vida asciende a $735.057, compuesto casi por partes iguales entre bienes y servicios, y el tiempo y cuidados no remunerados que recaen, en su mayoría, sobre las mujeres.

El primer informe de Rumbo Colectivo “Análisis de Factores Sociales y Económicos” mostró algo similar desde otro ángulo: en comparación con los hogares sin hijos, para las familias más pobres, tener un hijo/a significa un alza del 38,6% en el gasto mensual del hogar, mientras que para las familias más ricas puede llegar a un alza de 75,5%. Distintas metodologías, mismo resultado: las familias que deciden tener hijos/as registran un gasto 34,9% mayor que aquellas sin hijos/as, lo que hace de la crianza sea económicamente difícil de sostener. En términos absolutos, es más costosa para los sectores altos; en términos relativos, golpea más fuerte a los sectores vulnerables. En cualquier caso, el mensaje es claro: nuestro modelo social ha convertido la decisión de criar en un privilegio marcado por la desigualdad y la incertidumbre.

En los últimos años, la discusión sobre la natalidad ha ganado espacio en la agenda pública. Sin embargo, buena parte del debate sigue capturado por diagnósticos moralizantes y simplistas que presentan la baja de nacimientos como una alarma desligada de su contexto social. Lo cierto es que decidir tener hijos o hijas no ocurre en el vacío: depende de las condiciones materiales de la vida. La inseguridad económica, la falta de servicios públicos accesibles, la carga desigual del cuidado, el alto costo de la vivienda y la ausencia de políticas integrales que acompañen la crianza son hoy los principales obstáculos.

Frente a ello, distintos sectores –desde el movimiento feminista y organizaciones sociales hasta la academia y el Gobierno– han planteado la necesidad de transitar hacia un nuevo pacto social, que reconozca el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, y que redistribuya las responsabilidades del bienestar y garantice condiciones dignas para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida en libertad. Avanzar hacia sistemas universales de protección social y robustecer el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es la base para construir una sociedad que deje de tratar la crianza como un privilegio y la asuma como un derecho compartido.

Nueva Ley de Cuotas para el fortalecimiento de la representatividad política de género

Nueva Ley de Cuotas para el fortalecimiento de la representatividad política de género

Columna publicada en La Tercera (6 de marzo 2025).

Por Paula Castillo, Encargada de Estudios en Rumbo Colectivo, y Lican Martínez, colaborado en Rumbo Colectivo.

En los próximos días se conmemora, tanto el Día Internacional de la Mujer, como el tercer aniversario del gobierno del Presidente Boric. Tres años en los cuales, según la última versión del estudio “Resolviendo en Democracia: estudio de cumplimiento del programa de gobierno 2022-2024″, el gobierno ha cumplido con el 71% de sus compromisos en materia de género, contabilizando las medidas total y parcialmente cumplidas.

Con el inicio de su último año en el poder, la administración Boric enfrenta el desafío de definir estratégicamente las agendas que priorizará de aquí a marzo de 2026, especialmente la de género. En ese sentido, una cuestión ineludible a tratar es el futuro de la famosa Ley de Cuotas y la responsabilidad de consolidar la paridad como un principio necesario para la democracia chilena.

La representatividad política de género en los espacios que diseñan leyes y políticas públicas resulta fundamental para el desarrollo y avance de una sociedad equitativa, inclusiva y democrática. La Ley Nº20.840 de 2015 establece cuotas de género en las candidaturas parlamentarias, constituyendo una puerta de entrada que ha promovido importantes cambios, por ejemplo, en la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual pasó de un 15,8% de sus escaños ocupados por mujeres a un 22,6% en 2017 y un 35,5% en 2021. Dicha ley, que regirá hasta las elecciones parlamentarias del 2029, ha sido fundamental, tanto para fortalecer y aumentar la participación de mujeres en la tomas de decisiones más importantes para la población chilena, como para la modernización legislativa del país.

Una composición más paritaria del Congreso Nacional fue crucial para que la discusión legislativa deviniera en favorable y se lograra aprobar la Ley Nº21.030 que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Con el voto clave de Marcela Sabat, diputada de derecha, quien rompió con su sector y respaldó la iniciativa, reflejando los desafíos y la complejidad de su aprobación, se terminó respaldando la iniciativa con 66 votos a favor y 44 en contra, contando entre los votos a favor, tanto de los partidos del progresismo como de aquellos donde la Iglesia Católica tiene gran influencia, como la Democracia Cristiana. Un escenario similar ocurrió en el Senado antes de convertirse en ley. Esto evidencia que, en materia de género, existen puntos de convergencia entre los sectores políticos, especialmente si se trata de la salud y el bienestar de las mujeres.

Si bien ha habido un aumento no menor de la representación de mujeres en la política chilena, aún persisten importantes desafíos para garantizar su acceso a cargos de liderazgo. La implementación de la Ley de Cuotas marcó un hito en la inclusión de mujeres, aumentando su presencia en los espacios de decisión e impulsando un cambio cultural. Sin embargo, sabemos que necesitamos una ley aún más completa y robusta, y también que solo con ésta no aseguramos avances contundentes en materia de género.

El desafío inmediato es evitar cualquier retroceso en la materia. La expiración de la Ley de Cuotas que sucederá en 2029 resalta la urgencia de fortalecer y ampliar su alcance, con el objetivo de avanzar hacia una legislación que también permita la distribución efectiva de los cargos electos. Las últimas elecciones de Gobernaciones mostraron una alarmante realidad: ninguna mujer fue elegida en todo el territorio nacional. Además, se observó una disminución en el porcentaje de mujeres elegidas para el Senado en la última elección, del 26,1% en 2017 al 22,2% en 2021, lo que refleja la persistencia de barreras estructurales que dificultan su acceso a cargos de liderazgo.

Asimismo, es fundamental consolidar las políticas de género como parte integral del andamiaje institucional del Estado. La equidad debe trascender de los ciclos políticos, y convertirse en una política de Estado sostenida en el tiempo. Para este objetivo, es necesario establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir su impacto y garantizar su continuidad. Y para ello, resulta del todo pertinente plantear una nueva y mejorada Ley de Cuotas, que incluya mecanismos participativos tanto de entrada como de salida; que se extienda a otros cargos de representación, además del Congreso Nacional; y que contemple medidas que hagan frente a las desigualdades estructurales que han impedido históricamente la participación de las mujeres en política, y que dicha participación se traduzca en liderazgos efectivos y transformadores de la política nacional.