Columna publicada en La Tercera (27 de junio 2025).

Por Paula Castillo, encargada de Estudios de Rumbo Colectivo.

El mundo vive una profunda transformación demográfica: la sociedad envejece y los nacimientos caen. Para el caso de Chile, según datos del INE, en 2024 se registraron apenas 154.411, una baja de 44,6% respecto de 1992, y la Tasa Global de Fecundidad cayó a 1,03 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional estimado en 2,1. Por ello, el debate público debe abocarse a estudiar las causas y proponer medidas de mitigación atingentes e innovadoras.

Según la encuesta ICSO-UDP (junio 2025), una de las principales razones de quienes desean tener hijos pero no lo hacen, es la dificultad de compatibilizar crianza y trabajo. Para las mujeres implica una disminución de ingresos, jornadas dobles y escaso apoyo institucional. Para los hombres, la imposibilidad de asumir un rol activo desde el nacimiento de las y los hijos. Como identifica el último informe de Rumbo Colectivo, esta realidad golpea con más fuerza en sectores populares, cuya tasa de fecundidad registra la caída más drástica, y a pesar de las políticas actuales, persiste la desigualdad de género en la crianza. Por tanto, las políticas deben apuntar hacia la corresponsabilidad entre madres y padres, la redistribución de la crianza y fomentar la participación del Estado.

En ese sentido, el Proyecto de Ley (Boletín Nº17049-13) presentado por el diputado Patricio Rosas (FA) representa un buen piso para partir. Este busca principalmente extender el postnatal para las mujeres de 6 a 8 meses obligatorios y 3 adicionales con subsidio decreciente, buscando encontrar un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y ampliación de derechos, en línea con países OCDE; y aumentar de 5 a 30 días obligatorios para los hombres, promoviendo el reconocimiento sustancial de la corresponsabilidad como práctica.

Si bien es un piso que va en directo beneficio del desarrollo del recién nacido, de la formación de apego entre padres e hijos en los primeros meses de vida, y de facilitar la crianza en momentos cruciales para su desarrollo, resulta fundamental la adición de otras políticas de corresponsabilidad y cuidados para evitar que el proyecto tome un enfoque maternalista y promueva estereotipos de género, en especial considerando que la extensión propuesta es desigual.

En ese sentido, propuestas como las de Gonzalo Winter —acceso a terapias de reproducción asistida, un banco nacional para óvulos y espermios, y la ampliación del Programa 4 a 7, que proporciona un espacio de cuidado integral y seguro para niños entre 6 y 13 años— son un buen complemento al proyecto, ya que apuestan por una sociedad que valora la autonomía reproductiva y respalda el trabajo de cuidar.

En la vereda contraria, las voces conservadoras atribuyen la baja natalidad a un supuesto egoísmo generacional, a la pérdida de vocación maternal e incluso a que la izquierda habría convencido a los chilenos de que tener hijos es un problema. De forma contradictoria, proponen medidas insuficientes —como bonos— que refuerzan una lógica que premia a las mujeres que eligen maternar y castiga a las que no. Con ello, desconocen el éxito de las políticas de prevención del embarazo adolescente y que criar en Chile es caro, desigual y solitario.

Especialmente en el contexto actual, no se trata de culparnos a las mujeres ni a la conquista de nuestros derechos, sino de respaldar aquellas iniciativas que aseguren tiempo, dignidad y protección para quienes cuidan. Porque cuidar también es trabajo y garantizar la libertad de quienes cuidan es, también, hacer futuro.