Columna publicada en El País Chile (3 de octubre 2025).

Por Paula Castillo, encargada de Estudios en Rumbo Colectivo, Licán Martínez, magíster en Economía y Políticas Públicas y colaborado en Rumbo Colectivo, y Carolina Molinare, economista.

La caída de la natalidad no es un fenómeno aislado ni exclusivo de Chile, es parte de una transformación global que viene ocurriendo hace décadas. En 1960, la tasa global de fecundidad de los países de bajos ingresos era de 6,4 hijos por mujer, y la de ingresos altos era de 2,9 hijos por mujer. Hoy, esas cifras se redujeron a 4,7 y 1,4 respectivamente. En el caso de Chile, pasó de 4,7 hijos por mujer en 1960 a 1,03 hijos por mujer en 2024, ubicándose por debajo del promedio de los países de su mismo nivel de ingreso. Estas cifras reflejan un cambio demográfico profundo en cómo las sociedades se relacionan con la crianza, aunque dicho proceso ocurre con ritmos y magnitudes diferentes según el nivel de desarrollo, las políticas implementadas y los cambios socioculturales. Ante este escenario de menores tasas de fertilidad ¿Qué pueden hacer los países frente a ello?

Según el segundo informe “Análisis Comparativo Internacional” del estudio de Rumbo Colectivo “Crisis Demográfica y de Natalidad”, países como Corea del Sur o Japón, han invertido en políticas de apoyo a las madres, pero sus tasas de fecundidad siguen cayendo. La explicación está en la rigidez de sus mercados laborales y en la desigualdad de género que sigue marcando las trayectorias profesionales de las mujeres. En contraste, Francia y Uruguay han avanzado con éxito en la creación de servicios universales de cuidado para niña/os de 0 a 3 años, accesibles para todas las clases sociales, mostrando que los cambios estructurales importan más que los incentivos aislados. En el caso de Chile, el reciente informe “Canasta de Crianza: su costo económico en Chile”, de UNICEF para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, calculó que el costo promedio de criar a un hijo durante su primer año de vida asciende a $735.057, compuesto casi por partes iguales entre bienes y servicios, y el tiempo y cuidados no remunerados que recaen, en su mayoría, sobre las mujeres.

El primer informe de Rumbo Colectivo “Análisis de Factores Sociales y Económicos” mostró algo similar desde otro ángulo: en comparación con los hogares sin hijos, para las familias más pobres, tener un hijo/a significa un alza del 38,6% en el gasto mensual del hogar, mientras que para las familias más ricas puede llegar a un alza de 75,5%. Distintas metodologías, mismo resultado: las familias que deciden tener hijos/as registran un gasto 34,9% mayor que aquellas sin hijos/as, lo que hace de la crianza sea económicamente difícil de sostener. En términos absolutos, es más costosa para los sectores altos; en términos relativos, golpea más fuerte a los sectores vulnerables. En cualquier caso, el mensaje es claro: nuestro modelo social ha convertido la decisión de criar en un privilegio marcado por la desigualdad y la incertidumbre.

En los últimos años, la discusión sobre la natalidad ha ganado espacio en la agenda pública. Sin embargo, buena parte del debate sigue capturado por diagnósticos moralizantes y simplistas que presentan la baja de nacimientos como una alarma desligada de su contexto social. Lo cierto es que decidir tener hijos o hijas no ocurre en el vacío: depende de las condiciones materiales de la vida. La inseguridad económica, la falta de servicios públicos accesibles, la carga desigual del cuidado, el alto costo de la vivienda y la ausencia de políticas integrales que acompañen la crianza son hoy los principales obstáculos.

Frente a ello, distintos sectores –desde el movimiento feminista y organizaciones sociales hasta la academia y el Gobierno– han planteado la necesidad de transitar hacia un nuevo pacto social, que reconozca el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, y que redistribuya las responsabilidades del bienestar y garantice condiciones dignas para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida en libertad. Avanzar hacia sistemas universales de protección social y robustecer el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es la base para construir una sociedad que deje de tratar la crianza como un privilegio y la asuma como un derecho compartido.