Columna publicada en La Tercera (12 de diciembre 2025).

Por Jaime Portales, doctor y máster en Educación de la Universidad de Texas, EE.UU, e investigador en Rumbo Colectivo.

El 2 de enero de 2026, a poco más de dos meses que asuma el nuevo gobierno, diez nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) comenzarán a administrar sus establecimientos educativos. Con esto, en 2026 estarán en funcionamiento 36 SLEP a lo largo del país, los que corresponden a más del 50% del total de 70 SLEP que se crearán durante la etapa de instalación del nuevo Sistema de Educación Pública.

El hito señalado simboliza la entrada en una nueva etapa del proceso global de transformación de la educación pública, e inicia un periodo en que se combinarán SLEP funcionando en régimen, con nuevos SLEP creándose y haciéndose cargo, por primera vez, de la administración y gestión de los establecimientos educativos públicos de su territorio.

Este nuevo escenario, exigirá al Sistema de Educación Pública en su conjunto, y al nuevo poder ejecutivo, a dar continuidad y proyección, decidida y responsablemente, a esta reforma.

Desde Rumbo Colectivo hemos elaborado un documento titulado Desafíos de la implementación del Sistema de Educación Pública para el nuevo ciclo político 2026-2030, con diversas propuestas en donde planteamos que, en esta etapa, se debe potenciar y fortalecer las capacidades de coordinación y articulación interinstitucional, de liderazgo y compromiso de actores clave, y de gestión organizacional y educativa de las instituciones públicas involucradas en el proceso de reforma en los distintos niveles del Sistema: nacional, regional-provincial y local.

En el ámbito de la coordinación y articulación interinstitucional resulta clave, por ejemplo, que el Ministerio de Educación (MINEDUC) y la Dirección de Educación Pública (DEP) se articulen con la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y la Contraloría General de la República para resolver problemáticas a gran escala tales como la simplificación de los mecanismos de ejecución de gastos y rendición de cuentas presupuestarias, la planificación y ejecución efectiva de gastos plurianuales, especialmente para realizar inversiones en infraestructura y equipamiento, entre otros.

En el ámbito del liderazgo y compromiso de actores clave resulta fundamental que, a nivel nacional, se fortalezca el rol de liderazgo de la DEP como institución pública a cargo de la conducción estratégica y coordinación del sistema, de manera que pueda velar efectiva y eficientemente por la calidad de la educación desarrollada por los SLEP en todo el territorio nacional. Esto exige fortalecer los recursos humanos y técnicos en la DEP y, al mismo tiempo, dotarla de mayores atribuciones para intervenir, apoyar y acompañar a SLEP que estén enfrentando situaciones de crisis, articulándose con los niveles regional-provincial y local. A nivel local, resulta fundamental que se fortalezca el liderazgo pedagógico de los directivos escolares, disminuyendo su carga administrativa y potenciando su formación y carrera profesional.

Finalmente, en el ámbito de la gestión organizacional y educativa es muy importante que, a nivel local, se fortalezca el trabajo de apoyo y acompañamiento técnico pedagógico y el desarrollo de capacidades profesionales de los actores educativos de los establecimientos públicos, especialmente de aquellos que trabajan en el segundo ciclo básico y en enseñanza media, manteniendo el trabajo que ya se realiza en primer ciclo básico. Además, se debiese apostar decididamente por la educación integral de las y los estudiantes, implementando experiencias de aprendizaje en diversas áreas (desde ciencias y ciencias sociales hasta artes visuales, artes musicales y educación física) y transversalizando el aprendizaje del lenguaje y las matemáticas en el currículum desde la educación inicial.

Estas recomendaciones apuntan a potenciar y fortalecer al Sistema de Educación Pública en su conjunto, a cada uno de los SLEP que se van creando e instalando y cada una de las comunidades educativas que forman parte de ellos. De lo que se trata es de asegurar que esta reforma se transforme, verdaderamente, en una política de Estado que trascienda gobiernos y colores políticos.

Asimismo, creemos que fortalecer y hacer sostenible en el tiempo la educación escolar y parvularia pública, en el marco de un sistema de provisión mixta, es de suma importancia para el futuro de todos los niños, niñas jóvenes que habitan en Chile, y para el futuro del país en su conjunto. No es posible contar con una educación de calidad, equitativa, inclusiva y democrática, sin una educación pública fortalecida en todas las regiones del país. Esperamos que el nuevo gobierno, las instituciones públicas involucradas y todos los sectores políticos demos impulso y continuidad a esta reforma.