Columna publicada en La Tercera (20 de agosto 2024).

Hubo un tiempo en que Chile se le denominaba un milagro económico. Se crecía en torno al 7%, junto al dinamismo de las exportaciones, las inversiones y una expansión de la productividad. Esta (temporal) abundancia eclipsó en gran medida los análisis profundos sobre los frágiles pilares sobre los cuales se erigió aquel boom.

Nada de ese optimismo existe hoy. Un clima de inercia y estancamiento productivo se experimenta como un nuevo sentido común. Esto no es sorpresa para nadie. Lo que aún está sujeto a discusión es entender sus causas. Algunos señalan que su origen está en un supuesto ciclo de reformas que han mermado la inversión. Sin embargo, aquella hipótesis es difícil de sostener, toda vez que el estancamiento económico comenzara ya a fines de los 90, y que ni el boom de los commodities de la década del 2000 pudiera hacer que la economía recuperara su dinamismo de antaño.

La causa es más estructural y no está en la dimensión política, sino económica. Más específicamente, en el tipo de clase empresarial (tanto nacionales como capitales transnacionales -públicos o privados) que existe en Chile. Esta idea no es una muy novedosa: el economista de Cambridge, Nicholas Kaldor, sugirió esa hipótesis en 1956 durante su visita a Chile; Claudio Véliz lo planteó en 1963, y Fernando Fajnzylber la volvió a sostener veinte años después.

Más allá de las diferencias, los autores sostenían que las élites no acumulan ganancias a partir de la inversión en la creación de capacidades productivas y tecnológicas nuevas, sino de las rentas apropiadas a través del control privado de activos, recursos o infraestructura estratégica para una sociedad. Infraestructura pública, materias primas, creación de créditos-deuda, oligopolios, …la forma cambia, el contenido es el mismo: acumular rentas sin una correspondiente inversión productiva vía el control privado.

El caso reciente de ENEL es un nítido ejemplo de este comportamiento empresarial. Mientras en el primer trimestre del 2024, las ganancias de la multinacional aumentaron en un 5,8%, tras las recientes lluvias, quedó claro para la ciudadanía la sub-óptima inversión en infraestructura eléctrica. Aprovechando el control privado sobre un monopolio natural en la distribución eléctrica, se acumulan rentas sin esfuerzo productivo: una clara ineficiencia rentista.

Pero esto es solo una expresión de una lógica más amplia y expansiva. También recientemente se hizo de público conocimiento que las Isapres han estado durante 10 años aumentando unilateralmente los costos de los planes de salud para sus afiliados, actuando de forma inconstitucional, e indiferentes a los costos que su modelo de negocio producía al Estado en términos de administración de justicia, ya que permitía mantener la acumulación rentas en forma arbitraria.

En el plano exportador no es diferente: desde hace 50 años la producción de litio se ha concentrado en la extracción más simple y con menos valor agregado. ¿Por qué durante todo este tiempo de gestión privada del litio seguimos exportando principalmente hidróxido de litio? El Estado no solo le brindó toda la institucionalidad, décadas de bajos impuestos hasta solo un tiempo atrás, sino que erigió una red de protección de parlamentarios. A pesar de toda esta arquitectura pro-empresas, no se ve en la gestión de litio un ánimo schumpeteriano de innovación, sino una burocracia rentista-extractiva. En el sector pesquero (otro pilar de nuestro modelo exportador) es lo mismo: a partir de una dudosa negociación parlamentaria se estableció el derecho a explotación exclusiva de bienes naturales comunes a actores económicos, brindándoles el control privado del bien común para su acumulación de rentas.

Podemos hacer el mismo ejercicio para las AFP, el retail y otros sectores y el resultado no será muy diferente: fuentes claves de sus rentabilidades derivan del control privado de activos, recursos o infraestructura estratégicas que, por lo mismo, les permiten cobrar una renta. Es esa forma de acumulación de capital lo que permite explicar por qué la inversión en I+D es de un 0.3% y solo un tercio lo financia el mundo privado, o por qué las manufacturas intensivas en tecnología representan menos de un 10% del total exportado (desde ¡1962!). Este tipo de acumulación de capital a partir de la competencia por la apropiación de activos estratégicos para hacerse de rentas, permite explicar la ausencia de una sólida inversión de largo plazo en la economía, fuente de un crecimiento sostenido.

Se dirá que la solución es más competencia, pero se olvidan del hecho que este rentismo ha emergido tras más de 30 años de tener a Chile entre los puestos más altos de todos los indicadores mundiales de libre comercio, bajas barreas de entradas y mercados libres.

La solución debe ser un paquete más amplio de medidas, donde el Estado vuelva a tomar un rol dirigente en regulación y dirección de inversiones, aquello que Keynes denominó en su momento como la ‘socialización de la inversión’.

A fin de cuentas, el problema económico de nuestro tiempo yace menos en reformas más o reformas menos, y tiene su núcleo en el propio tipo de comportamiento rentista de nuestra élite económica. El real peligro de todo esto es que nos pase a escala macro lo que nos pasó a escala micro con las Isapres o ENEL: que no hagamos nada y esperemos a una crisis para intentar, sin éxito, hacer algo.