Columna publicada en La Tercera (12 de octubre 2024).

Por Gonzalo Muñoz Stuardo, académico Facultad de Educación UDP y consejero de Rumbo Colectivo.

El gobierno ha presentado un proyecto de ley que propone una solución para abordar la situación de más de 1,5 millones de personas que registran deudas fruto de su paso por la educación superior. La alternativa propuesta es sensata y justa, al establecer una respuesta diferenciada dependiendo de la situación académica y el historial de pago de las personas. La mayoría se beneficiará de una condonación parcial y tendrá la posibilidad de reprogramar el resto de su deuda. Las críticas hacia este componente del proyecto de ley han sido localizadas y se irán disipando a medida que se entienda el valor que tiene esta condonación acotada, tanto para las arcas fiscales como para las familias.

La novedad más importante de este proyecto -de cara al futuro- es la creación de un nuevo sistema que busca hacerse cargo de la ineficiencia y alto costo del CAE, modificando la forma en la que las nuevas generaciones se relacionan con el sistema educacional y priorizando ahora una perspectiva de derecho a la educación. Bajo este nuevo instrumento (FES), todas las personas que ingresen a la educación superior, independiente de su situación socioeconómica, tendrán el derecho a estudiar sin costo (excepto en el decil más rico, donde podrá establecerse un copago), retribuyendo su participación en la educación superior -en el caso de quienes no acceden a la gratuidad- una vez que accedan al mundo del trabajo, y aportando de acuerdo con sus ingresos, en una lógica de solidaridad intergeneracional.

El nuevo sistema tiene varios otros aspectos positivos, como permitir que los recursos se destinen únicamente a fines educacionales (lo que no ocurre con la banca como intermediario); avanzar en algunas regulaciones esenciales en el plano de la transparencia y probidad (pertinentes a propósito de los hechos conocidos en una universidad privada); y generar una dinámica sostenible de financiamiento en la educación superior, reflejada en el informe financiero elaborado por Hacienda. Varias de estas ideas fueron planteadas en iniciativas de gobiernos anteriores, cuestión que debería ser valorada en la tramitación legislativa.

Para que este proyecto se transforme en ley es indispensable que los distintos actores políticos e institucionales se comprometan y aporten con críticas, pero también con propuestas para mejorar un diseño que tiene el desafío de traducirse en una política de Estado. Un punto clave será encontrar la fórmula para que, manteniendo los principios fundantes del proyecto y cautelando la coherencia con otras políticas (como la gratuidad o las regulaciones sobre calidad en la educación superior), no se generen efectos negativos precisamente en la calidad de los proyectos educativos que hacen un aporte importante al país. Vías para ello son la creación de nuevos fondos de investigación, o el fortalecimiento de la institucionalidad para que la regulación de aranceles sea lo más objetiva y ajustada posible a la necesidad de las distintas instituciones y sus estudiantes.

Por supuesto, la aprobación de este proyecto también será más viable en la medida que el foco en la educación superior sea acompañado de un avance significativo en otras prioridades tanto o más urgentes para el sistema educacional, como la correcta implementación de la NEP (Nueva Educación Pública), cuyo presupuesto 2025 presentado al Congreso no permite cumplir con el compromiso, también planteado por este gobierno, de fortalecer la educación pública.