Migración: cuando la consigna reemplaza a la política pública
Columna publicada en El Mostrador (19 de mayo, 2026).
Por Juan Pablo Gutiérrez, sociólogo, colaborador y miembro del Observatorio de Políticas Públicas en Migración de Rumbo Colectivo.
Chile ya tiene experiencia acumulada en gestión migratoria. Durante los últimos años se fortaleció la legislación, se crearon nuevas capacidades institucionales y la migración pasó a ocupar un lugar permanente en la agenda pública. Precisamente por eso, resulta difícil comprender que hoy el gobierno siga sin presentar una política migratoria clara.
Esta realidad es insoslayable para cualquier administración. Chile es un país donde existen múltiples opiniones sobre migración, pero debería existir al menos un consenso básico: no se puede gobernar esta materia sin una política pública definida.
Durante años, además, el debate migratorio se ha deteriorado progresivamente. La discusión se vació de contenido y terminó asociándose casi exclusivamente a fenómenos delictivos. Eso representa un problema para abordar un fenómeno social complejo, que requiere mayor comprensión, profundidad en el análisis y pragmatismo en la toma de decisiones.
Los gobiernos gestionan este tema en un ambiente cargado de urgencias, presión mediática y expectativas ciudadanas. En ese contexto, la planificación y la existencia de una hoja de ruta se vuelven fundamentales. Más grave aún es que, frente a la ausencia de una política clara, se relativice el contenido de las promesas presidenciales bajo el argumento de que eran “metáforas” y no compromisos literales.
El problema no es únicamente que una meta no se haya cumplido. Muchos advirtieron desde un comienzo su inviabilidad. El problema fue instalar una expectativa imposible como herramienta de movilización política, debilitando el valor de la palabra presidencial y transformando un tema extremadamente sensible en una consigna de campaña.
Cuando no existe planificación, el margen para la improvisación aumenta. Eso quedó en evidencia con el anuncio de solicitar a establecimientos de salud y educación información personal de migrantes en situación irregular. La controversia fue tal que la propia ministra de Salud tomó distancia y pidió reformular la iniciativa. Otra señal de descoordinación y reacción improvisada.
Por eso resulta preocupante que, ya instalado en el poder, el Gobierno relativice el contenido de lo prometido señalando que quienes lo entendieron literalmente “entendieron mal”. En democracia, la palabra presidencial debería tener consecuencias y ser relevante al momento de evaluar la gestión pública.
Las campañas electorales pueden contener énfasis, simplificaciones o consignas. Pero no pueden transformarse en sustitutos de una política pública, especialmente en un ámbito tan sensible como la migración.
Hoy todavía existe espacio para retomar una agenda migratoria seria. Las personas en situación irregular ya están en Chile y, a todas luces, expulsarlas a todas nunca fue una meta viable. La ciudadanía tiene derecho a saber cuál será la estrategia del Gobierno frente a esta realidad y qué instrumentos concretos piensa implementar.
Chile necesita una política migratoria seria, sostenible y comunicada con honestidad. Que reconozca lo avanzado y lo profundice. Que se preocupe de entregar resultados de Estado y que ponga la mirada en un futuro de cohesión social, seguridad y eficiencia.