Columna publicada en CIPER Chile (11 de enero 2025).
Por Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, y José Soto Véjar, colaborador de Rumbo Colectivo.
Esta semana, la presidenta de la juventud UDI, Katherine Montealegre, planteó en un panel de CNN radio que “el Partido Socialista ha tenido bastantes golpes de estado en la historia de Chile”, ante la sorpresa de los entrevistadores, Fernando Paulsen y Carolina Urrejola.
La falsedad de esa declaración es evidente, ya que desde su fundación en 1933, el Partido Socialista no ha apoyado un solo intento de golpe de Estado en Chile, como el “Ariostazo” de 1939, el “Tacnazo” de 1969, o el de 1973. Por el contrario, el PS en dos de esas ocasiones participaba de los gobiernos constitucional y democráticamente electos de Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende, quienes sufrieron de aquellos pretendidos o consumados quiebres institucionales.
La historia republicana de Chile no ha estado exenta de discordia y violencia política, pero visto en perspectiva, cabe precisar que el periodo entre 1925 y 1973 fue el segundo de mayor estabilidad constitucional. Y fue en ese marco que se amplió la inclusión de sectores populares, como han señalado diversos exponentes de las ciencias sociales en Chile, entre ellos, Tomás Moulian. El rol de los partidos de izquierda, aunque no exclusivo, fue preponderante al ser un vehículo de expresión institucional de las demandas de organizaciones populares hacia el Estado. En tal sentido, lo dicho por Montealegre no solo es falso, también distorsiona nuestra propia historia como país.
Es más, cuando Montealegre fue interpelada para precisar a qué golpes izquierdistas se refería, tomó su celular y señaló al aire que lo iba a buscar. Es el problema de una derecha que pareciera haber cambiado las escuelas de cuadros de Jaime Guzmán por una maquinaria de candidaturas de televisión por streaming y plataformas como Tik Tok, donde se privilegia meter una cuña escandalosa para generar revuelo inmediato, antes del rigor para posicionarse ante el adversario.
Un ejemplo de esta forma de entender la política está en el programa digital, «Sin Filtros», cuya productora, según reveló CIPER recientemente, facturó $291 millones por servicios para las campañas políticas de dos de sus panelistas, Francisco Orrego e Iván Poduje, candidatos de derecha que solicitaron $176 millones de reembolso al Estado para aquella productora, poniendo en entredicho la línea editorial e independencia del programa.
En un año en que se cumplen 100 años desde la Constitución de 1925, hay que recordar que, en 2018, un grupo de destacados pensadores liberales publicó el libro “1925: Continuidad republicana y legitimidad constitucional”, en que planteaban que en reemplazo de la agotada Constitución de 1980, habría que volver a aquella que nos dio estabilidad por tantos años. Nobleza obliga: otro gallo cantaría si esa derecha fuera la protagonista hoy.
El problema de la ultraderecha no son solamente los riesgos que sus medidas gubernamentales puedan implicar a la democracia liberal, sino sus efectos sobre los comportamientos de otros actores políticos, como la derecha tradicional. En el caso chileno, podríamos asistir a una detención del largo proceso de moderación que habían experimentado sus programas presidenciales desde el retorno a la democracia, según había advertido Cristóbal Rovira en 2019.
Por ahora, siguiendo el estilo de “Sin Filtros”, algunas figuras de ChileVamos parecen haberle puesto filtros a la verdad. Presos de las granjas de bots en redes sociales, han sacrificado sus aprendizajes históricos para seguir la estrategia de comunicación que les permita ganar la elección de turno.
