Plan de retorno voluntario: dudas y certezas

Plan de retorno voluntario: dudas y certezas

5 Junio, 2026

Columna publicada en El País (5 de junio, 2026).

Por Luis Thayer, integrante del Observatorio de Políticas Migratorias de Rumbo Colectivo.

El plan de retorno voluntario anunciado por el Gobierno de José Antonio Kast no es una mala idea. Sin embargo, el que haya sido presentado como un “plan de salida” y no como un “plan de regularización” juega en su contra. Y es que su éxito pasa por convencer a los migrantes no solo de que podrán salir, sino sobre todo de que podrán regresar con una visa. Se entiende que es complejo para un Gobierno que llegó con la promesa de expulsar a cientos de miles de personas, convocar a un proceso de regularización que podría dejar sin efecto cientos de miles de resoluciones de expulsión dictadas.

En abril de 2021 el expresidente Sebastián Piñera convocó a un proceso de regularización, en el que las personas con ingreso irregular, podrían salir del país, solicitar una visa y volver a ingresar una vez que se les otorgara. En ese entonces fueron menos de 2.000 las personas irregulares que salieron mientras duró el proceso y 78 las que volvieron a ingresar con una visa. Más allá de este antecedente y del relato elegido por el Gobierno, el éxito de este plan depende de su capacidad de convocar a dos grupos de migrantes muy distintos, y que con seguridad van a responder de distinta manera al llamado.

Por una parte hay un grupo, principalmente bolivianos, que ingresaron con un permiso transitorio para realizar trabajo agrícola, y que permanecieron en Chile más allá de los 90 días permitidos. Actualmente, estas personas en situación irregular podrían ser sancionadas con multas o incluso con una expulsión y una prohibición de ingreso que les impediría volver por un mínimo de tres años. Para este grupo, estimado en unas 80.000 a 100.000 personas, que normalmente no figura en las cifras oficiales de irregularidad, pues entraron regularmente al país, el “plan de salida” es una oportunidad. Más aún cuando pueden solicitar la visa Mercosur que no requiere contrato de trabajo, y que debe ser tramitada en 15 días en virtud del acuerdo migratorio y de reconducción firmado con Bolivia en diciembre de 2024.

El otro grupo que podría optar a una visa con el “plan de retorno”, corresponde a los 300.000 que, según datos del Gobierno, han ingresado irregularmente a Chile. Para este grupo la situación es distinta, pues hasta ahora no hay certezas, recursos, ni incentivos suficientes para movilizarlos.

No hay certeza del plazo de otorgamiento de la visa, y no puede haberla pues el tiempo de tramitación dependerá del número de solicitudes que se realicen. Si este se amplía, los plazos de también se extenderán. Sin dotación adicional de funcionarios para el Servicio de Migraciones, difícilmente se podrá comprometer un plazo razonable de resolución. Para ello se requeriría de unos 40 funcionarios de dedicación exclusiva al plan, lo que tiene un costo anual para el Servicio de unos 600 millones de pesos (uno 670.000 dólares). Es un costo modesto, pero del que hasta ahora no se ha dicho nada.

Por otra parte, los incentivos para que las personas salgan de Chile no son suficientes. Para alguien que tiene trabajo y familia en Chile, salir es una apuesta riesgosa. Más aún cuando el regreso no está garantizado pues la visa podría no ser otorgada. Eximir a los extranjeros de una eventual expulsión es un incentivo débil, ya que la sanción para alguien con arraigo y sin antecedentes es poco probable. Una amenaza débil moviliza menos que la necesidad económica y la familia.

Finalmente, el escenario en Venezuela no ayuda, dejar trabajo, casa y familia, para volver al país que del cual se huyó por hambre o miedo, por un período indeterminado y con un resultado incierto es poco atractivo. Más aún si la documentación requerida para regresar a Chile depende de la institucionalidad de ese Estado, que no necesariamente va a ver con buenos ojos que sus ciudadanos regresen para volver a irse. El gobierno de Chile no solo le pide a los migrantes venezolanos que confíen en él, que viene amenazándolos desde antes de ser gobierno, sino también les está pidiendo que confíen en el gobierno venezolano, respecto del cual tienen más de un motivo para desconfiar.

Migración: cuando la consigna reemplaza a la política pública

Migración: cuando la consigna reemplaza a la política pública

19 Mayo, 2026

Columna publicada en El Mostrador (19 de mayo, 2026).

Por Juan Pablo Gutiérrez, sociólogo, colaborador y miembro del Observatorio de Políticas Públicas en Migración de Rumbo Colectivo.

Chile ya tiene experiencia acumulada en gestión migratoria. Durante los últimos años se fortaleció la legislación, se crearon nuevas capacidades institucionales y la migración pasó a ocupar un lugar permanente en la agenda pública. Precisamente por eso, resulta difícil comprender que hoy el gobierno siga sin presentar una política migratoria clara.

Esta realidad es insoslayable para cualquier administración. Chile es un país donde existen múltiples opiniones sobre migración, pero debería existir al menos un consenso básico: no se puede gobernar esta materia sin una política pública definida.

Durante años, además, el debate migratorio se ha deteriorado progresivamente. La discusión se vació de contenido y terminó asociándose casi exclusivamente a fenómenos delictivos. Eso representa un problema para abordar un fenómeno social complejo, que requiere mayor comprensión, profundidad en el análisis y pragmatismo en la toma de decisiones.

Los gobiernos gestionan este tema en un ambiente cargado de urgencias, presión mediática y expectativas ciudadanas. En ese contexto, la planificación y la existencia de una hoja de ruta se vuelven fundamentales. Más grave aún es que, frente a la ausencia de una política clara, se relativice el contenido de las promesas presidenciales bajo el argumento de que eran “metáforas” y no compromisos literales.

El problema no es únicamente que una meta no se haya cumplido. Muchos advirtieron desde un comienzo su inviabilidad. El problema fue instalar una expectativa imposible como herramienta de movilización política, debilitando el valor de la palabra presidencial y transformando un tema extremadamente sensible en una consigna de campaña.

Cuando no existe planificación, el margen para la improvisación aumenta. Eso quedó en evidencia con el anuncio de solicitar a establecimientos de salud y educación información personal de migrantes en situación irregular. La controversia fue tal que la propia ministra de Salud tomó distancia y pidió reformular la iniciativa. Otra señal de descoordinación y reacción improvisada.

Por eso resulta preocupante que, ya instalado en el poder, el Gobierno relativice el contenido de lo prometido señalando que quienes lo entendieron literalmente “entendieron mal”. En democracia, la palabra presidencial debería tener consecuencias y ser relevante al momento de evaluar la gestión pública.

Las campañas electorales pueden contener énfasis, simplificaciones o consignas. Pero no pueden transformarse en sustitutos de una política pública, especialmente en un ámbito tan sensible como la migración.

Hoy todavía existe espacio para retomar una agenda migratoria seria. Las personas en situación irregular ya están en Chile y, a todas luces, expulsarlas a todas nunca fue una meta viable. La ciudadanía tiene derecho a saber cuál será la estrategia del Gobierno frente a esta realidad y qué instrumentos concretos piensa implementar.

Chile necesita una política migratoria seria, sostenible y comunicada con honestidad. Que reconozca lo avanzado y lo profundice. Que se preocupe de entregar resultados de Estado y que ponga la mirada en un futuro de cohesión social, seguridad y eficiencia.

Migración: cuando la consigna reemplaza a la política pública

Entre zanjas y señales: el primer mes de gestión migratoria de Kast

17 Abril, 2026

Columna publicada en La Tercera (17 de abril, 2026).

Por Juan Pablo Gutiérrez, sociólogo, colaborador y miembro del Observatorio de Políticas Públicas en Migración de Rumbo Colectivo.

El primer mes de gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast ha estado marcado por la intensidad. Sin embargo, intensidad no es sinónimo de efectividad. Cuando no existe estrategia ni impacto concreto en la vida de las personas, la acción estatal pierde resonancia. Desde una mirada general, se percibe una desconexión entre la agenda y las necesidades de la ciudadanía.

En materia migratoria, el gobierno ha avanzado principalmente en dos frentes: el denominado “Escudo Fronterizo”, basado en zanjas en el norte del país, y una agenda administrativa que combina reformas legales con cambios en la institucionalidad del Servicio Nacional de Migraciones.

Es deseable el control fronterizo. Sin embargo, en el despliegue en el norte, es evidente el alto componente efectista: maquinaria pesada y protagonismo presidencial. Surge entonces una pregunta: ¿cuál es la eficacia de esta medida considerando sus costos? Según cifras oficiales, los ingresos por pasos no habilitados vienen disminuyendo, con una caída del 54% durante el gobierno anterior.

Todo indica que la tendencia a la baja se mantendrá, considerando los cambios recientes en los flujos migratorios desde Venezuela. En este contexto, concentrar la estrategia en una zanja es riesgoso, especialmente cuando en los últimos dos años se avanzó en mecanismos, como el Protocolo de Reconducción con Bolivia, que requiere necesariamente coordinación permanente.

Un segundo aspecto relevante es la gestión de la población migrante irregular dentro del país. Se estima que supera las 300 mil personas. El proceso de empadronamiento biométrico 2024 logró registrar a cerca de 183 mil, lo que deja un margen que el Gobierno debería abordar. Para el Estado, conocer quiénes están en su territorio no es solo deseable, es necesario.

Sin embargo, la estrategia está orientada en otra dirección. Se busca activar un rol fiscalizador en el Servicio Nacional de Migraciones (que por ley no tiene), trasladando presión hacia los empleadores que contratan personas en situación irregular. Esto plantea un problema práctico: la medida profundiza la precarización, empujando a las personas hacia espacios aún más informales.

La agenda legislativa reciente refuerza este enfoque. Se discute la tipificación del ingreso irregular como delito, la restricción de beneficios sociales y mecanismos para incentivar la salida voluntaria del país (entrega de fondos de AFP). Se trata de medidas de mediano plazo, que contrastan con la urgencia discursiva.

La gestión migratoria requiere un debate más profundo. No puede reducirse a una agenda que omite a más de 1,3 millones de migrantes que viven regularmente en el país, sosteniendo buena parte de la estructura económica y social. El predominio de medidas punitivas corre el riesgo de sustituir políticas públicas integrales, que requieren coordinación institucional, evidencia y visión de largo plazo.

Por supuesto, la irregularidad migratoria es un desafío. Pero abordarla exclusivamente desde una lógica de persecución ha demostrado ser insuficiente en diversas experiencias internacionales. Chile aún está a tiempo de corregir, fortaleciendo la cooperación internacional, mejorando los sistemas de información y avanzando en políticas que combinen control, integración, y hoy; lo más importante: realismo.