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Revista RUMBO
Simce 2024, un sistema escolar en movimiento

Simce 2024, un sistema escolar en movimiento

10 Marzo, 2025

Columna publicada en La Tercera (9 de marzo 2025).

Por Gonzalo Muñoz Stuardo, Doctor en Ciencias de la Educación,  U. de Granada (España) y consejero de Rumbo Colectivo.

Aunque el Simce es una medida limitada del aprendizaje escolar, sus resultados 2024 nos entregan un mensaje claro: la educación chilena está en movimiento y ha mostrado una notable capacidad de recuperación pospandemia. A pesar de las visiones negativas que suelen predominar en el debate público, la evidencia muestra que nuestro sistema escolar, fundamentalmente gracias al trabajo profesional de sus comunidades, no solo resistió bien los efectos de la crisis, sino que está mejorando. En cuarto básico se registró el mejor resultado desde que existen mediciones comparables, tanto en lectura como en matemáticas. Además, este avance se explica principalmente por el progreso de los aprendizajes en los sectores más vulnerables, por lo que se acortan las brechas por nivel socioeconómico. En segundo medio se aprecia también una tendencia al alza, inédita en la última década.

Otro dato que deja este Simce es que la educación a cargo de los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública) muestra nuevamente un progreso importante. Las escuelas y liceos bajo esta nueva institucionalidad han mejorado más que el promedio del sistema municipal en casi todas las mediciones. Las cohortes de los SLEP de 2018 y 2019 -ahí donde esta reforma está más consolidada- mostraron aumentos significativos de su desempeño en todas las evaluaciones (excepto lectura en 2do medio). En cuarto básico, los SLEP obtuvieron alzas que les permitieron revertir la caída experimentada con la pandemia y superar los niveles de aprendizajes previos a la crisis. En la educación media, la tendencia también es en general positiva. Con estos datos sobre la mesa, no tiene ningún sentido seguir sembrando desconfianza respecto a una reforma que avanza en la dirección correcta, por lo que el esfuerzo debería concentrarse en perfeccionar su diseño y mejorar su implementación.

Por supuesto, estos avances no deben conducirnos a complacencia alguna, ya que los desafíos son muchos y evidentes; entre ellos, la mantención o ampliación de las brechas de género, que deben ser abordadas con mayor decisión; también hay que monitorear con atención a la generación que rindió la prueba de sexto básico y que al parecer es una de las más afectadas con la pandemia; y, lo más importante, los niveles de aprendizaje en media (donde la recuperación ha sido insuficiente y hay una larga historia de dificultad para mejorar) deben ser leídos como el síntoma de un problema más estructural de la educación secundaria y su capacidad para responder pertinentemente a la realidad de las nuevas generaciones de jóvenes. Las políticas de los próximos años deberían enfocarse en estos y otros nudos críticos, ajustando las reformas recientes y priorizando nuevas estrategias -nacionales y focalizadas- que mejoren la experiencia escolar y los aprendizajes esenciales de los estudiantes. En un año donde el país volverá a discutir sobre su futuro, es fundamental que la educación recupere, ojalá bajo un diálogo constructivo, un lugar prioritario en la agenda pública.

Simce 2024, un sistema escolar en movimiento

Nueva Educación Pública: responsabilidad de todos y todas (también de los municipios)

31 Enero, 2025

Columna publicada en CIPER (30 de enero 2025).

Por Gonzalo Muñoz Stuardo, Doctor en Ciencias de la Educación,  U. de Granada (España) y consejero de Rumbo Colectivo; Máximo Quiero, Doctor en Sociología y Magíster en Gestión y Políticas Públicas, U. de Chile; y Jaime Portales, Doctor y Máster en Educación,  U. de Texas (EE.UU.).

La Ley 21.040 estableció un nuevo Sistema de Educación Pública con el propósito de promover una educación pública gratuita, laica, inclusiva y de calidad integral, que tenga además la capacidad de responder adecuadamente a las necesidades locales de mejor manera que el esquema municipal. El sistema implica la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) descentralizados, una gobernanza con organismos de participación local (comités directivos y consejos locales) y una Dirección de Educación Pública (DEP) que coordina y apoya al conjunto del sistema.

La implementación del sistema completo se ha planificado de manera progresiva y, originalmente, se organizó en dos fases entre los años 2018 y 2025. La primera fase, correspondiente al período 2018-2021, contempló la creación de 11 Servicios Locales. Para el segundo período, que abarca desde 2022 hasta 2025, estaba prevista la creación de los 59 SLEP restantes. Durante el gobierno del presidente Boric, se han realizado distintas modificaciones a la normativa con el propósito de favorecer una adecuada implementación de esta nueva institucionalidad, por ejemplo ajustando la programación de la creación de los nuevos servicios. Si no se producen nuevos cambios, el año 2029 debería traspasarse el servicio educativo de la última cohorte de comunas y establecimientos educacionales hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En la actualidad existen 24 SLEP con servicio educativo, que corresponden a aproximadamente un 30% de la matrícula de la educación escolar e inicial pública.

Una serie de estudios, así como también el Consejo de Evaluación de Educación Pública —instancia que ha emitido a la fecha seis informes anuales y una evaluación intermedia el año 2021—, han documentado los avances y dificultades de este proceso de reforma. Evidencia reciente muestra que este proceso comienza a mostrar algunos resultados positivos en distintos indicadores educacionales, como la asistencia a clases, la desvinculación y el aprendizaje de los estudiantes. Por el lado de los problemas, uno de los más relevantes ha sido, salvo excepciones, el débil compromiso de los municipios con el proceso de traspaso de la nueva institucionalidad. Esto se ha traducido en múltiples complicaciones, que van desde la mala calidad de la información sobre las dotaciones docentes o la infraestructura e inmuebles municipales, hasta el abandono técnico y financiero de las escuelas en el período previo al traspaso, cuestiones que afectan negativamente la puesta en marcha de los nuevos servicios y la calidad de la educación pública en un momento especialmente crítico.

Dada la importancia del rol municipal en la Nueva Educación Pública (NEP), centros de pensamiento progresistas elaboraron el documento Herramientas para aportar a la Nueva Educación Pública desde los Municipios. Este recopila propuestas de actores a nivel local y municipal, fundaciones que trabajan en el sector y académicos del sector, que abordaron los desafíos clave del proceso de implementación de la NEP y cómo abordarlos desde la perspectiva de los municipios y los gobiernos locales.

Las propuestas sistematizadas se agrupan en torno a cinco nudos críticos:

  1. Manejo presupuestario, de recursos y de dotación de la educación municipal;
  2. Calidad de la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos educativos públicos;
  3. Fortalecimiento del liderazgo directivo y el trabajo colaborativo como claves de la mejora de la calidad de la educación pública;
  4. Falta de confianza con el traspaso por parte de las comunidades educativas y sus actores;
  5. Calidad educativa integral y continuidad del proceso, programas y servicios educativos, durante y después del traspaso.

En general, las propuestas evidencian que los municipios no sólo cumplen un rol fundamental antes y durante el traspaso del servicio educativo, sino que también después de él. Se abordan temas clave como el ordenamiento financiero antes del traspaso, la adecuada preparación del traspaso de las personas, el rol de los municipios en la información y generación de confianza sobre este cambio a nivel de los territorios, la función directiva escolar como un eslabón clave de este proceso de reforma y, especialmente, el compromiso que los municipios pueden y deben mantener con la calidad integral de la educación una vez traspasados sus establecimientos (por ejemplo en el ámbito de la salud física y mental), para lo cual es indispensable el trabajo colaborativo sistemático y permanente entre las instituciones comunales y los nuevos Servicios Locales. El informe también propone un rol activo de los gobiernos regionales en este proceso, camino que ya han iniciado algunas regiones por medio de convenios con distintas instituciones, proyectos de infraestructura y programas de mejoramiento de la calidad.

La reforma de la educación pública se encuentra en una etapa especialmente desafiante. Aunque su implementación ha aportado beneficios significativos a las comunidades educativas y a la educación pública local, tal como lo confirman diversos estudios e informes, también ha enfrentado dificultades notables en su ejecución, documentadas por estas mismas fuentes. Esta situación ha generado desconfianza y una perspectiva crítica entre numerosos actores involucrados, basados en su experiencia con el proceso. En los años que vienen, el compromiso y contribución de los actores locales, y por supuesto de los municipios, será crítico para el éxito de esta reforma. Este compromiso debería ser transversal a todos los gobiernos locales del país y fundarse en la premisa de que su rol seguirá siendo clave para la formación de las nuevas generaciones de sus respectivos territorios. Es una responsabilidad de todos y todas que la Nueva Educación Pública siga avanzando.

Simce 2024, un sistema escolar en movimiento

PAES y educación pública: hablemos en serio

10 Enero, 2025

Columna publicada en La Tercera (10 de enero 2024).

Por Gonzalo Muñoz Stuardo, académico Facultad de Educación UDP y consejero de Rumbo Colectivo.

Los resultados de la PAES han generado nuevamente un encendido debate sobre la calidad de la educación escolar, las brechas entre tipos de colegios y la situación de la educación pública. Si bien este examen no está diseñado para ninguno de esos fines, se ha vuelto común el argumento de que la educación pública está empeorando y en crisis, utilizando como insumo para esa conclusión algunos rankings de “mejores colegios” y la presencia de liceos públicos en estas clasificaciones. Se realiza además un esfuerzo sistemático por asociar estos resultados a las reformas recientes (como la Ley de Inclusión), aunque técnicamente esas asociaciones son incorrectas.

Pero, ¿qué nos dicen los datos? Primero, muestran que los resultados de la educación pública en las pruebas de admisión a la educación superior se mantienen estables en la última década. Por ejemplo, si miramos de dónde proviene el 20% de mejor desempeño en estas pruebas (PAES, PDT y PSU), la proporción de estudiantes de la educación pública ha permanecido en torno al 17 o 18% desde el 2015. Por otro lado, la brecha entre tipos de colegios no ha aumentado, cuestión consistente con los estudios internacionales que muestran que el estancamiento de los aprendizajes afecta tanto a centros públicos como privados. Además, a pesar de que los resultados de los liceos emblemáticos han estado disminuyendo hace varios años -a nivel promedio, ya que el desempeño de estos colegios sigue siendo destacado considerando el número de alumnos que rinde la prueba- esto no ha afectado el desempeño global de la educación pública ni las oportunidades individuales de los jóvenes, pues los mejores desempeños más bien se han distribuido: en los últimos 15 años, ha aumentado en un 50% (de 1.000 a 1.500) los colegios con alumnos que obtienen resultados en el 10% superior de las pruebas de admisión. Los altos puntajes se concentran en más colegios, cuestión positiva desde una perspectiva inclusiva del proceso educativo.

Como la educación pública escolar se encuentra en pleno proceso de reforma (con la creación de los SLEP), es importante también incluir en el análisis lo que ha estado pasando con los resultados de este cambio, mirando indicadores complementarios a la PAES. Sabemos que, en ámbitos críticos como la tasa de asistencia o la retención de estudiantes, y a pesar de todas las dificultades que ha tenido esta reforma, los SLEP son la dependencia que más rápido está avanzando. Un estudio de Agencia de Calidad, utilizando los datos del Simce, mostró también que los colegios públicos que están en este nuevo sistema evidencian logros positivos, especialmente en los sectores más vulnerables. La información que tenemos muestra que el desempeño de la educación pública se encuentra en movimiento y que ese movimiento es positivo.

Por supuesto, nada de esto debería dejarnos tranquilos, pues la educación pública enfrenta enormes desafíos. Ojalá la preocupación de estos días se traduzca ahora en un apoyo permanente y transversal a la educación pública, sobre todo en un año clave para el debate de futuro. Para eso se requieren acciones urgentes (como un amplio acuerdo en el Congreso para aprobar la ley en trámite que permitirá mejorar la implementación de la NEP), y también otras iniciativas clave que apunten a mejorar la calidad, como una política de actualización de la infraestructura, la concreción de una carrera directiva y el fortalecimiento de los sistemas de apoyo pedagógico a las escuelas más desaventajadas.

Simce 2024, un sistema escolar en movimiento

El valor de un nuevo sistema de financiamiento en la educación superior

14 Octubre, 2024

Columna publicada en La Tercera (12 de octubre 2024).

Por Gonzalo Muñoz Stuardo, académico Facultad de Educación UDP y consejero de Rumbo Colectivo.

El gobierno ha presentado un proyecto de ley que propone una solución para abordar la situación de más de 1,5 millones de personas que registran deudas fruto de su paso por la educación superior. La alternativa propuesta es sensata y justa, al establecer una respuesta diferenciada dependiendo de la situación académica y el historial de pago de las personas. La mayoría se beneficiará de una condonación parcial y tendrá la posibilidad de reprogramar el resto de su deuda. Las críticas hacia este componente del proyecto de ley han sido localizadas y se irán disipando a medida que se entienda el valor que tiene esta condonación acotada, tanto para las arcas fiscales como para las familias.

La novedad más importante de este proyecto -de cara al futuro- es la creación de un nuevo sistema que busca hacerse cargo de la ineficiencia y alto costo del CAE, modificando la forma en la que las nuevas generaciones se relacionan con el sistema educacional y priorizando ahora una perspectiva de derecho a la educación. Bajo este nuevo instrumento (FES), todas las personas que ingresen a la educación superior, independiente de su situación socioeconómica, tendrán el derecho a estudiar sin costo (excepto en el decil más rico, donde podrá establecerse un copago), retribuyendo su participación en la educación superior -en el caso de quienes no acceden a la gratuidad- una vez que accedan al mundo del trabajo, y aportando de acuerdo con sus ingresos, en una lógica de solidaridad intergeneracional.

El nuevo sistema tiene varios otros aspectos positivos, como permitir que los recursos se destinen únicamente a fines educacionales (lo que no ocurre con la banca como intermediario); avanzar en algunas regulaciones esenciales en el plano de la transparencia y probidad (pertinentes a propósito de los hechos conocidos en una universidad privada); y generar una dinámica sostenible de financiamiento en la educación superior, reflejada en el informe financiero elaborado por Hacienda. Varias de estas ideas fueron planteadas en iniciativas de gobiernos anteriores, cuestión que debería ser valorada en la tramitación legislativa.

Para que este proyecto se transforme en ley es indispensable que los distintos actores políticos e institucionales se comprometan y aporten con críticas, pero también con propuestas para mejorar un diseño que tiene el desafío de traducirse en una política de Estado. Un punto clave será encontrar la fórmula para que, manteniendo los principios fundantes del proyecto y cautelando la coherencia con otras políticas (como la gratuidad o las regulaciones sobre calidad en la educación superior), no se generen efectos negativos precisamente en la calidad de los proyectos educativos que hacen un aporte importante al país. Vías para ello son la creación de nuevos fondos de investigación, o el fortalecimiento de la institucionalidad para que la regulación de aranceles sea lo más objetiva y ajustada posible a la necesidad de las distintas instituciones y sus estudiantes.

Por supuesto, la aprobación de este proyecto también será más viable en la medida que el foco en la educación superior sea acompañado de un avance significativo en otras prioridades tanto o más urgentes para el sistema educacional, como la correcta implementación de la NEP (Nueva Educación Pública), cuyo presupuesto 2025 presentado al Congreso no permite cumplir con el compromiso, también planteado por este gobierno, de fortalecer la educación pública.