Plan de retorno voluntario: dudas y certezas
Columna publicada en El País (5 de junio, 2026).
Por Luis Thayer, integrante del Observatorio de Políticas Migratorias de Rumbo Colectivo.
El plan de retorno voluntario anunciado por el Gobierno de José Antonio Kast no es una mala idea. Sin embargo, el que haya sido presentado como un “plan de salida” y no como un “plan de regularización” juega en su contra. Y es que su éxito pasa por convencer a los migrantes no solo de que podrán salir, sino sobre todo de que podrán regresar con una visa. Se entiende que es complejo para un Gobierno que llegó con la promesa de expulsar a cientos de miles de personas, convocar a un proceso de regularización que podría dejar sin efecto cientos de miles de resoluciones de expulsión dictadas.
En abril de 2021 el expresidente Sebastián Piñera convocó a un proceso de regularización, en el que las personas con ingreso irregular, podrían salir del país, solicitar una visa y volver a ingresar una vez que se les otorgara. En ese entonces fueron menos de 2.000 las personas irregulares que salieron mientras duró el proceso y 78 las que volvieron a ingresar con una visa. Más allá de este antecedente y del relato elegido por el Gobierno, el éxito de este plan depende de su capacidad de convocar a dos grupos de migrantes muy distintos, y que con seguridad van a responder de distinta manera al llamado.
Por una parte hay un grupo, principalmente bolivianos, que ingresaron con un permiso transitorio para realizar trabajo agrícola, y que permanecieron en Chile más allá de los 90 días permitidos. Actualmente, estas personas en situación irregular podrían ser sancionadas con multas o incluso con una expulsión y una prohibición de ingreso que les impediría volver por un mínimo de tres años. Para este grupo, estimado en unas 80.000 a 100.000 personas, que normalmente no figura en las cifras oficiales de irregularidad, pues entraron regularmente al país, el “plan de salida” es una oportunidad. Más aún cuando pueden solicitar la visa Mercosur que no requiere contrato de trabajo, y que debe ser tramitada en 15 días en virtud del acuerdo migratorio y de reconducción firmado con Bolivia en diciembre de 2024.
El otro grupo que podría optar a una visa con el “plan de retorno”, corresponde a los 300.000 que, según datos del Gobierno, han ingresado irregularmente a Chile. Para este grupo la situación es distinta, pues hasta ahora no hay certezas, recursos, ni incentivos suficientes para movilizarlos.
No hay certeza del plazo de otorgamiento de la visa, y no puede haberla pues el tiempo de tramitación dependerá del número de solicitudes que se realicen. Si este se amplía, los plazos de también se extenderán. Sin dotación adicional de funcionarios para el Servicio de Migraciones, difícilmente se podrá comprometer un plazo razonable de resolución. Para ello se requeriría de unos 40 funcionarios de dedicación exclusiva al plan, lo que tiene un costo anual para el Servicio de unos 600 millones de pesos (uno 670.000 dólares). Es un costo modesto, pero del que hasta ahora no se ha dicho nada.
Por otra parte, los incentivos para que las personas salgan de Chile no son suficientes. Para alguien que tiene trabajo y familia en Chile, salir es una apuesta riesgosa. Más aún cuando el regreso no está garantizado pues la visa podría no ser otorgada. Eximir a los extranjeros de una eventual expulsión es un incentivo débil, ya que la sanción para alguien con arraigo y sin antecedentes es poco probable. Una amenaza débil moviliza menos que la necesidad económica y la familia.
Finalmente, el escenario en Venezuela no ayuda, dejar trabajo, casa y familia, para volver al país que del cual se huyó por hambre o miedo, por un período indeterminado y con un resultado incierto es poco atractivo. Más aún si la documentación requerida para regresar a Chile depende de la institucionalidad de ese Estado, que no necesariamente va a ver con buenos ojos que sus ciudadanos regresen para volver a irse. El gobierno de Chile no solo le pide a los migrantes venezolanos que confíen en él, que viene amenazándolos desde antes de ser gobierno, sino también les está pidiendo que confíen en el gobierno venezolano, respecto del cual tienen más de un motivo para desconfiar.
