Columna publicada en El Desconcierto (13 de septiembre 2024).

Por Valentina Olivares y Paulina Pavez, coordinadoras del Laboratorio de Protección Social.

En los últimos años los círculos cercanos en los que las personas, familias y comunidades resuelven el día a día, se han estrechado. La confianza y contención quedan lejos del barrio, de la comuna y recaen principalmente en entornos familiares. Así, la soledad y privatización de los conflictos marca el devenir de lo que hace ya un buen tiempo conocemos como crisis de representación o de legitimidad de la política.

Esa aproximación, disponible en el informe “Subjetividades Ciudadanas en el Chile Actual”, elaborado por Horizonte Ciudadano (2024), ofrece claves para reinterpretar la relación entre el ámbito privado-personal y el espacio público. La inseguridad y la incertidumbre no son sólo maneras de referirse a los problemas del país y se vuelven protagonistas de la vida cotidiana, sobre todo, en los sectores más vulnerables.

Hablar de los desafíos de los gobiernos locales es, ante todo, una invitación a reflexionar y crear desde los municipios políticas públicas que se gestionen eficientemente, lleguen a tiempo y se traduzcan en acciones concretas que fortalezcan la confianza en las instituciones y en la vida en común.

Estos desafíos en la convivencia social tienen lugar en un mundo que, además, está tensionado por importantes transformaciones demográficas, nuevas formas de desigualdad y en nuestro país, por sistemas de pensiones insuficientes. Lo anterior, mediado por el impacto de la pandemia del Covid-19, ha puesto en primer plano la urgencia de contar con políticas de cuidado robustas y efectivas.

En Chile, la carga de trabajo no remunerado recae desproporcionadamente sobre las mujeres, limitando su participación en el mercado laboral y su autonomía económica. Además, el envejecimiento de la población resalta la necesidad de políticas de cuidado: se proyecta que el 32,1% de la población será mayor de 65 años para el 2050.

El cuidado social es un derecho y una responsabilidad colectiva. En Chile, el 17,6% de la población adulta tiene algún grado de discapacidad, y el 9,8% se encuentra en situación de dependencia. Estas cifras, junto con el envejecimiento de la población, presentan desafíos significativos para los municipios, que deben adaptar sus políticas y servicios a estas realidades. La desigualdad de género en la distribución del trabajo no remunerado también persiste, perpetuando las disparidades económicas y sociales.

A la fecha, los municipios de Chile han podido enfrentar parcialmente estas dificultades mediante diversos programas orientados a los cuidados de población con algún grado de dependencia y también con políticas públicas dirigidas a los cuidados transitorios.

Sin embargo, la disparidad en el acceso a recursos, los déficits en integración de políticas sociales y la heterogeneidad de las capacidades entre las diferentes comunas, se traducen en una provisión desigual de servicios de cuidado, con brechas significativas en accesibilidad y calidad. La realidad con la que se encuentran las autoridades y equipos municipales al momento de diseñar estrategias innovadoras, es aún precaria y frágil.

¿Qué están haciendo los gobiernos locales progresistas para enfrentar estas dificultades? ¿Existe una visión integral de los cuidados a nivel local que permita avanzar hacia los cuidados como un derecho? 

Esas son algunas de las preguntas que, junto a equipos municipales, voces expertas y organizaciones de la sociedad civil, intentamos resolver en los Laboratorios Programáticos de Protección Social a nivel comunal.

El diagnóstico que surge en los Laboratorios Programáticos Municipales, realizado durante el primer semestre de 2024, cuyos resultados están en el documento Herramientas para la Gestión Local, Propuestas de acción desde la centro-izquierda y el progresismo.

El estudio revela una institucionalidad carente de las herramientas necesarias para identificar en detalle las necesidades de cuidado de sus habitantes, y mucho menos para proyectarlas a mediano y largo plazo. Esta carencia dificulta la planificación y ejecución de políticas efectivas.

Además, la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la provisión de cuidados, como salud, educación y servicios sociales, es frecuentemente insuficiente, lo que resulta en una oferta fragmentada y, en ocasiones, redundante. La falta de reconocimiento y apoyo a las personas cuidadoras, predominantemente mujeres, agrava aún más la situación, perpetuando la desigualdad de género y limitando las oportunidades económicas y sociales de las cuidadoras.

Sin embargo, este diagnóstico también destaca diversas estrategias que incluyen un avance progresivo en la integración de programas y servicios municipales vinculados a los cuidados.

Estas estrategias abarcan la creación de políticas locales centradas en las personas cuidadoras, la facilitación de redes de apoyo y acompañamiento en salud mental y autocuidado, la territorialización de servicios sociales en hogares y comunidades con mayores necesidades de cuidado, la creación de programas de respiro, y la adecuación de políticas de inserción laboral a la realidad de las personas cuidadoras.

Este conjunto de iniciativas, cuya relevancia está ampliamente documentada en la literatura especializada, va de la mano con acciones que, sin estar directamente vinculadas a los cuidados, representan avances significativos en la capacidad de respuesta de los municipios ante las urgencias sociales. Estas acciones fortalecen una perspectiva de derechos y de corresponsabilidad social frente a las múltiples exigencias de la vida cotidiana, promoviendo el mantenimiento de la vida en comunidad.

Entre estas mejoras destacan la creación y/o fortalecimiento de departamentos o subdirecciones de género, la planificación urbana y presupuestaria participativa -que, en la mayoría de los casos, facilita avances hacia comunas más inclusivas y amables con quienes más lo necesitan-, e innovaciones en salud mental, entre otras.

Los cuidados son una parte fundamental de la reproducción y sostenibilidad de la vida en sociedad.

Los gobiernos locales progresistas enfrentarán el desafío de articular una respuesta robusta y efectiva en este ámbito en los próximos años, a partir de sus contextos locales y de los avances que traerá consigo la política nacional de cuidados, asumiendo la responsabilidad de construir políticas públicas que no sólo respondan a las necesidades inmediatas, sino que también promuevan una sociedad más justa e igualitaria, donde el bienestar común y el cuidado mutuo sean pilares fundamentales.