Columna publicada en El Desconcierto (12 de octubre 2025).

Por Carolina Palma y Santiago Correa, investigadores de Rumbo Colectivo.

Desacelerar el calentamiento del planeta es hoy el más urgente de los desafíos que enfrenta la humanidad. Para ello, y a partir del Acuerdo de París firmado en 2015, los países se han comprometido a reducir sus gases de efecto invernadero, lo que implica descarbonizar sus sistemas energéticos e introducir energías renovables y otras tecnologías de menores emisiones.

La transición energética descansa en el desarrollo de nuevas industrias y la explotación de materiales críticos para este recambio, siendo dos de las más relevantes el litio y el hidrógeno verde. Nuestro país, dadas sus abundantes reservas de litio y su menor costo relativo en la generación de energías renovables, está llamado a ser un actor relevante a nivel global en dichas industrias.

Conscientes de aquella oportunidad, los últimos gobiernos han adoptado políticas específicas para promover el desarrollo de ambas industrias. La exploración y explotación del litio se rige hoy por una Estrategia Nacional, que busca, entre otras cosas, ampliar la participación del Estado tanto en la producción como en las rentas, además de promover consideraciones ambientales, encadenamientos productivos y la participación de las comunidades aledañas en sus beneficios.

El hidrógeno verde, en tanto, cuenta con un Plan de Acción que le da al Estado un rol como habilitante de la industria privada, mediante el apoyo en infraestructura, ventajas tributarias, apoyo en investigación y desarrollo, entre otros. 

El apoyo a ambas industrias descansa en un discurso que, en teoría, supera la aparente disyuntiva entre cuidado del medio ambiente y crecimiento económico. La responsabilidad del país en materia ambiental sería entonces proveer de los materiales para descarbonizar las matrices del norte global, lo que a su vez presenta oportunidades de inversión y desarrollo económico.

Así, se ha buscado presentar como un win-win el que siempre fue uno de los dilemas más complejos de las políticas públicas. Este discurso, si bien no del todo falso, peca de reduccionista por dos motivos principales: en primer lugar, oscurece la importancia de que las industrias sean guiadas por políticas industriales que cautelen el interés público y, segundo, profundiza desigualdades al no reconocer los costos que hay detrás para los ecosistemas y las poblaciones locales, quienes deben pagar los platos rotos de transitar de una economía fósil y un “desarrollo” que no los ha alcanzado.

En cuanto al primer punto, si no hay disyuntiva entre crecimiento y cuidado del ambiente, entonces no hay razones para planificar el crecimiento de estas industrias cautelando otros intereses de política pública. Así, hay quienes sostienen que Chile se habría “farreado” el ciclo de precios altos del litio y, tal como proponen las candidaturas de Matthei y Kast, debiera hacer del litio un mineral sujeto de concesión, tal como lo es el cobre.

Dicha postura no transparenta, sin embargo, que las concesiones mineras se otorgan en sede judicial, por lo que no pueden exigirle al desarrollador objetivos de política pública más allá de los que plantea la ley. Así, concesionar para acelerar lesionaría seriamente las facultades para exigir cuestiones, como aportes al Instituto del Litio, la red de salares protegidos o los beneficios compartidos con las comunidades.

La segunda y más grave diferencia con este discurso tiene que ver con que reduce la transición ecológica a una mera sustitución tecnológica, soslayando que las transformaciones deben superar desigualdades estructurales de nuestro modelo productivo a escala global.

Así, este discurso reproduce, por ejemplo, la lógica extractivista mediante la cual los países ricos se surten de recursos naturales baratos del sur global para sostener modelos de consumo que son insostenibles para el planeta.

A su vez, esto exige que poblaciones históricamente vulneradas, como lo son las comunidades indígenas, deban ver afectados sus territorios y sus modos de vida, sacrificándose una vez más por un crecimiento que siempre los ha pasado de largo. Por último, se reduce a trabas burocráticas la conservación de ecosistemas críticos para los equilibrios planetarios.

Estos y otros desafíos los desarrollamos en el informe “Hidrógeno Verde y Litio: Alternativas y desafíos para la transición energética en Chile”. La transición ecológica quizás sea la última opción de apostar por un planeta viable ecológicamente, pero ello dependerá de que se amplíe la mirada y se superen discursos que insisten en que la única medida de bienestar es el crecimiento económico y que esconden que la preservación del statu quo tiene claros ganadores y perdedores.