Columna publicada en El Mostrador (26 de junio, 2026).

Por Vicente Burgos, integrante del Observatorio de Políticas en Vivienda de Rumbo Colectivo.

El proceso de consulta pública sobre la propuesta de modificación de la Ordenanza general de urbanismo y construcciones (OGUC) para aumentar la densidad y fomentar la reconstrucción recibió casi mil observaciones ciudadanas.

El MINVU comprometió publicar las respuestas a las observaciones y ajustes a la propuesta hoy, 26 de junio. Rumbo Colectivo solicitó la base de observaciones vía transparencia. La base demuestra una participación importante en volumen, pero limitada en representatividad territorial.

El 80% de las observaciones proviene de la Región Metropolitana. Las ciudades intermedias están prácticamente ausentes. De las 14 regiones restantes, casi ninguna supera las 10 observaciones individuales. Los temas más mencionados por quienes participaron, además de la densidad, son preocupación por la planificación local e instrumentos de planificación territorial (49%) y los conjuntos armónicos (41%). Muchos vecinos expresan preocupación respecto a los efectos de esta modificación en sus vivienda y barrios.

Las municipalidades decididamente se oponen a la modificación. Mientras en Puerto Varas advierten sobre las dificultades de planificar por decreto, pasando por sobre acuerdos locales, en La Cisterna señalan que el cambio de guarismo desnaturaliza la densidad como herramienta de planificación.

Estas opiniones son consistentes con la declaración del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, que manifestó su oposición unánime a la modificación, señalando que “debilita la autonomía municipal y afecta el rol de planificación territorial que corresponde legítimamente a los municipios”. Alcaldes de todos los sectores políticos solicitaron expresamente no avanzar en la modificación.

A su vez, el Colegio de Arquitectos advirtió que las modificaciones erosionan el acervo normativo construido en décadas. La Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Oficinas de Arquitectos solicita profundizar la medida, y presentaron un texto alternativo de modificación de la OGUC que abarca simplificación de permisos hasta liberación de suelo, solucionando problemas técnicos de la propuesta original del Ministerio de Hacienda.

Con todo, el capítulo de hoy no será el capítulo final. La propuesta debe aún recibir la firma del Presidente- custodiada por la SEGPRES- y someterse al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República.

Ambos actores pueden introducir modificaciones, observar el texto, incluso representarlo si es que no cumple con estándares legales, como algunos ya han hecho ver.

A su vez, los ajustes que se introduzcan en el trayecto entre la consulta pública y el Diario Oficial pueden alterar las condiciones de edificación en miles de predios, afectar la viabilidad de proyectos de vivienda social en curso y modificar las reglas del juego para comunas que planificaron su desarrollo bajo supuestos que esta modificación pretende cambiar, sin tener una gota de participación.

Por último, hay una pregunta de fondo: ¿es la OGUC el instrumento correcto para resolver el problema de densidad? La Ley 21.807, promulgada en febrero de este año, incorporó a la Ley General de Urbanismo y Construcciones una herramienta novedosa: la de establecer densidades mínimas a nivel regional en zonas bien localizadas, dotadas de infraestructura, movilidad y servicios. El legislador ya entregó un instrumento para densificar donde corresponde, sin necesidad de modificar la norma que rige para todo el territorio nacional.

La diferencia es central: modificar la OGUC por decreto es una decisión centralizada que altera las reglas para todas las comunas por igual, sin distinguir entre una zona consolidada del centro de Santiago y un loteo periférico en una ciudad intermedia; mientras que utilizar la herramienta de la Ley 21.807, permite intervenir con precisión territorial, en diálogo con los municipios y los instrumentos de planificación vigentes.

¿No sería más razonable, pues, hacer caso a los alcaldes? Suspender el proceso de modificación, abrir un proceso de diagnóstico territorial serio que identifique dónde la densidad es insuficiente y dónde es excesiva. Con ello, activar los instrumentos que la ley ya contempla para establecer densidades mínimas donde la ciudad lo necesita. Apostar por los acuerdos y desechar polémicas modificaciones que continuarán generando movilización e incertidumbre.