Registro Único de Armas y Municiones: control unificado contra el crimen organizado

Meta: Fortalecer el control estatal sobre la tenencia, uso y circulación de armas de fuego y municiones mediante la creación de un Registro Único Nacional e integrado, que permita la trazabilidad completa de armas y municiones, la interoperabilidad entre instituciones y el análisis estratégico de datos. Esta iniciativa buscará prevenir la violencia armada, mejorar la capacidad estatal frente al crimen organizado y garantizar la seguridad humana, a través de políticas públicas basadas en evidencia.

Métricas

Definir bases de datos y registros que integrarán el Registro, así como las instituciones que los gestionan. Establecer los convenios de cooperación interinstitucional correspondientes entre estas últimas, considerando objetivos, plazos y condiciones de ejecución. 
Fijar protocolos de registro y seguimiento de armas y municiones ilegales en la plataforma. 

Metas

  • Mejorar la eficacia del Estado frente al crimen organizado y reducir el desvío de armas legales hacia mercados ilegales.
  • Para el año 2027, en consideración al GSBPM (modelo genérico de procesos de producción de registros estadísticos), se proyecta la etapa de prueba piloto del proceso estadístico. 
  • Para el año 2030, el Registro permitirá detectar patrones en el tráfico ilegal de armas y municiones que guiarán la formulación de políticas clave en la persecución del crimen organizado.

Contexto

La presencia y circulación de armas de fuego en Chile representa un desafío estructural y persistente para las políticas públicas en materia de seguridad y control del crimen organizado. En los últimos años, sin embargo, este fenómeno ha adquirido una renovada centralidad en la agenda pública, en el marco de una creciente crisis de seguridad percibida por la ciudadanía. Esto se debe, en gran medida, al aumento sostenido del uso de armas en delitos violentos, particularmente homicidios y robos con violencia.

De acuerdo con el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile (Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, 2025), el 49,5% de los homicidios registrados durante el primer semestre de 2024 fueron perpetrados con armas de fuego. Este dato, además de reflejar una intensificación en la letalidad de los delitos, se suma a un incremento significativo en la incautación de armamento en procedimientos policiales, lo que indica una expansión en la disponibilidad y circulación ilícita de estas armas. En efecto, el tráfico de armas —entendido como una cadena que abarca desde su desvío desde el mercado legal hasta su introducción clandestina desde el extranjero— se ha consolidado como una amenaza multidimensional para la seguridad pública y la cohesión social en el país (Ibarra Cordero, 2022).

En particular, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito ha reconocido cinco modalidades fundamentales de tráfico de armas: armas perdidas o robadas desde sus dueños legítimos, dueños que han vendido sus armas de manera ilegal, producción ilegal, modificaciones artesanales y alteración de registros legales. A estas se suma, en el caso chileno, la creciente internación ilegal desde el extranjero, fenómeno que ha sido advertido por diversas autoridades y reportes internacionales (Small Arms Survey, 2022).En Chile, se ha buscado hacer frente a las primeras modalidades mencionadas por medio de diferentes mecanismos, entre los que se encuentra el Registro Nacional de Inscripciones de Armas gestionado por la Dirección General de Movilización Nacional (en adelante, DGMN). Estos, sin embargo, cuentan con diversas debilidades, las que dificultan su utilización efectiva. 

En primer lugar, el Registro no contempla a las llamadas “armas hechizas”, es decir, armas construidas y/o modificadas artesanalmente. Ello deja fuera de la capacidad de fiscalización de las autoridades correspondientes a un grupo cada vez mayor de armas de fuego que están circulando en el mercado negro. Si bien la legislación actual contiene un mandato a la autoridad, en relación a la creación de un registro específico para armas “adaptables o transformables para el disparo” (ley Nº 21.412, artículo 5º transitorio), lo cierto es que aún persiste el desafío de identificar y seguir a las armas sin número de registro, con número de registro borrado, impresas en 3D, y tantos otros formatos que constantemente son identificados por las instituciones competentes. 

En segundo lugar, el registro carece de información sistematizada sobre la adquisición y circulación de municiones, a pesar de que estas están comprendidas dentro de las tipificaciones del delito de tráfico de armas. La ausencia de trazabilidad en la producción, distribución y compra de municiones impide una supervisión eficaz y limita la capacidad de investigación criminal.

Finalmente, los datos actuales no consideran información relevante para el control de la adquisición de armas de fuego, como lo es por ejemplo la identificación de los médicos autorizados para emitir certificados que permitan acceder a portar armas. Todo lo anterior se traduce en una realidad sumamente preocupante: las estadísticas disponibles en torno a control de armas dan cuenta de que “(…) las armas que más se utilizan para matar en Chile son armas inscritas por civiles, que se desvían hacia la delincuencia” (Peña Pinilla, 2024, párr. 6).En síntesis, el sistema nacional de control de armas requiere una reforma integral que contemple la actualización, unificación e interoperabilidad de los registros disponibles. Esta base de datos consolidada debe estar al servicio tanto de las entidades fiscalizadoras como de las autoridades encargadas del diseño e implementación de políticas públicas de seguridad, facilitando una acción estatal basada en evidencia, con perspectiva integral de prevención, disuasión e inteligencia criminal.

Intervención

Ante las necesidades descritas, se propone la creación de un Registro Único Nacional de Armas y Municiones, el que operará como plataforma digital interconectada y disponible para la consulta de entidades fiscalizadoras de tenencia de armas y de autoridades encargadas de diseñar,  ejecutar y evaluar políticas de seguridad pública. 

Para su configuración en la práctica, se sugiere llevar a cabo un proceso de fortalecimiento y modernización del Registro Nacional de Armas Inscritas, ya existente, por medio de la incorporación de bases de datos de otras instituciones relacionadas (Carabineros, Ministerio Público, entre otras) y la integración de datos y antecedentes sobre armas, ingreso y producción de municiones en el país y actores relevantes en el proceso de adquisición y circulación de estas.

En particular, se espera que el Registro considere:

  • Información sobre armas de fuego adquiridas legalmente, su registro y origen, así como los datos que permitan identificar a sus dueños legítimos.
  • Información sobre armas ilegales, es decir, producidas o modificadas de manera artesanal, con número de registro borrado o alterado.
  • Información sobre armas inscritas extraviadas, hurtadas o robadas, lo que debe abarcar datos del siniestro que corresponda. 
  • Información sobre municiones que ingresen al país, así como el ingreso de equipos para su producción. 

Respecto al registro de actores relevantes en el proceso de circulación de las armas, se propone la inclusión en el Registro de los datos de los profesionales médicos que se encuentran autorizados para emitir certificados médicos que permitan la tenencia de armas de fuego. A la vez, se proyecta que el Registro contemple datos sobre armeros y clubes de tiro a nivel nacional, en línea con el trabajo realizado hoy en día por la DGMN.

Por otra parte, se sugiere que el instrumento de transformación en análisis sea gestionado por el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, a través del establecimiento de una unidad al efecto.

Para su correcta implementación, se deberán establecer convenios de interoperabilidad con instituciones clave como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Aduanas, Registro Civil, entre otras. Asimismo, se recomienda que el Registro sea gestionado por una Unidad de Trazabilidad y Control de Armas, dependiente del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, asumiendo la coordinación técnica del sistema. Esta unidad deberá contar con autonomía operativa y capacidades técnicas en análisis criminal, inteligencia de datos y protección de información sensible.

Resultados e impacto esperado

La implementación del Registro Único Nacional de Armas y Municiones se proyecta, en una primera fase piloto, para el año 2027. Para dicha etapa, se espera que el sistema permita aumentar en un 20% las incautaciones de armas de fuego en comparación con los promedios actuales, gracias a una mejora sustancial en la trazabilidad, identificación y asociación de armas con hechos delictivos. Esta meta está en línea con experiencias internacionales que muestran que, tras la implementación de registros integrados, el tiempo de respuesta policial y las tasas de resolución de delitos con armas de fuego aumentan de manera significativa (UNODC, 2020).

Al año 2030, se proyecta que la iniciativa descrita permita identificar con mayor agilidad y eficiencia patrones en el tráfico ilegal de armas y municiones, alcanzando con ello a las bandas que operan en el comercio ilegal de dichos bienes. Así, se espera que los datos que arroje el Registro informen la formulación de políticas públicas clave en la persecución al crimen organizado, por medio del desmantelamiento de sus operaciones en los campos descritos. Este impacto se inscribe en una lógica de seguridad basada en evidencia, donde la disponibilidad de datos integrados y confiables es una condición básica para el diseño de políticas eficaces (OECD, 2019).

Desafíos 

La puesta en marcha de la herramienta en análisis puede verse enfrentada a dos desafíos fundamentales: la cooperación internacional en el seguimiento a municiones y armas de fuego y el fortalecimiento de los controles fronterizos a nivel nacional, como condición básica para hacer frente al tráfico de bienes ilícitos en general. 

El primer desafío dice relación con las alianzas entre países que se requieren para el combate efectivo al crimen organizado. La presencia de rutas de tráfico de armas y municiones en toda América, más allá de países directamente vecinos, hace necesario el trabajo coordinado entre Estados y el traspaso de información relevante entre los mismos. Si bien iniciativas internacionales de seguimiento de armas, como la base de datos de Interpol, es importante avanzar en alcanzar acuerdos de cooperación con países vecinos, con el objetivo de hacerle frente al crimen organizado de manera eficiente y sostenible en el tiempo. 

El segundo desafío se explica por un hecho clave: la porosidad de las fronteras a nivel nacional facilita el desarrollo de tráfico de armas y municiones. Las estadísticas dan cuenta de que a la fecha, Chile es un punto clave en rutas de tráfico de armas, tanto por la demanda de las mismas por parte de grupos criminales operativos en el país, como por ser un punto de tránsito hacia otros países. Esto es facilitado por la debilidad en los controles fronterizos, la existencia de múltiples pasos no habilitados sin vigilancia institucional y el apoyo de funcionarios de entidades estatales como el Servicio Nacional de Aduanas (AthenaLab, 2024). 

Múltiples expertos en la materia han indicado que el problema de orden en las fronteras del país es complejo, y como tal, requiere el diseño de soluciones que abarquen sus múltiples factores de origen y manifestaciones. Las medidas tomadas por la actual Administración, como el reforzamiento de tecnologías de vigilancia y la instalación de Fuerzas Armadas en labores de control de los puntos de ingreso al país van en la dirección correcta para hacerle frente al crimen organizado, pero requieren ser apoyadas con propuestas complementarias. Así, el Registro Único de Armas y Municiones representa una oportunidad de apoyar el desarrollo de nuevas estrategias en el combate al tráfico de armas y municiones. 

Proyecciones

El tráfico de armas y municiones es un delito de larga data en el país, pero en evolución y expansión constante. La demanda de armas por parte de bandas criminales nacionales e internacionales, así como las debilidades en la institucionalidad actual en materia de fiscalización de la tenencia de dichos bienes, generan el escenario perfecto para el establecimiento de rutas de comercio ilegal de los mismos, dotando de herramientas e ingresos al crimen organizado.

Frente a ello, es necesario pensar en estrategias efectivas para abordar el control de armas y municiones en el país. Al respecto, el presente instrumento de transformación viene a proponer una alternativa concreta: fortalecer la institucionalidad vigente, transformando al actual Registro Nacional de Armas Inscritas en un Registro Único de Armas y Municiones. De esta manera, este último integrará la información de bases de datos actualmente disponibles e incluirá nuevos datos fundamentales para la trazabilidad de armas y municiones: registros de médicos autorizados para dar certificados médicos que habiliten a mantener armas de fuego, información de armas fabricadas o modificadas artesanalmente, entre otros. 

Con la implementación de la medida descrita, se proyecta un impacto directo en la identificación de patrones y rutas de tráfico de armas de fuego y municiones. En otras palabras, el Registro brinda la oportunidad de robustecer la lucha contra el crimen organizado, permitiendo cortar una de sus cadenas de suministro fundamentales. Al ser el negocio de las  armas y municiones tanto un mercado ilícito que les reporta ingresos, como una fuente de herramientas para la comisión de delitos violentos, modernizar las estrategias de detección del tráfico de dichos bienes es un paso necesario para su persecución y control efectivo. 

En medio de un contexto de alta inseguridad en la ciudadanía, que parece inclinar la balanza hacia “armar a la población” como única solución efectiva contra el delito, es necesario rescatar y reforzar las herramientas e instituciones actualmente vigentes. Bajo esa convicción, se propone el instrumento de transformación descrito, con el objetivo de aportar a la definición de políticas públicas eficaces en el promover una vida más tranquila y segura a todos. 

Bibliografía

Normativa consultada

  • Decreto Nº 400. (2024). Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 17.798, sobre control de armas. 
  • Ley Nº 21.412. (2022). Modifica diversos cuerpos legales para fortalecer el control de armas. 
  • Ley Nº 21.694. (2024). Modifica los cuerpos legales que indica para mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social. 
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