Agencia Nacional de Control de Armas (ANCA): institucionalidad e inteligencia reforzada para enfrentar al crimen organizado

Metas

  • Para el año 2028, se proyecta el inicio de las operaciones de la institución propuesta. 
  • Para el año 2030, la labor de coordinación de la Agencia permitirá aumentar las incautaciones, decomisos y destrucción de armas y municiones en los casos que proceda, en un 20% respecto a las cifras actuales. 
  • Al año 2030, los resultados que arrojen las operaciones anuales de la Agencia permitirán reconocer patrones de tráfico de armas y municiones, identificar personas y bandas que cometen dichos delitos y definir políticas públicas para la persecución y control de las mismas.

Métricas

  • Determinar el listado de instituciones calificadas como Autoridades Fiscalizadoras y Organismos Fiscalizadores por la legislación vigente, que pasarán a formar parte de la Agencia. 
  • Establecer competencias y responsabilidades de la Agencia, las que deberán contemplar funciones de control del uso de armas inscritas, fiscalización de las mismas, monitoreo al comercio y tráfico ilegal de armas y municiones, elaboración de políticas públicas al efecto, entre otras.

Metas

  • Mejorar la eficacia del Estado frente al crimen organizado y reducir el desvío de armas legales hacia mercados ilegales.
  • Para el año 2027, en consideración al GSBPM (modelo genérico de procesos de producción de registros estadísticos), se proyecta la etapa de prueba piloto del proceso estadístico. 
  • Para el año 2030, el Registro permitirá detectar patrones en el tráfico ilegal de armas y municiones que guiarán la formulación de políticas clave en la persecución del crimen organizado.

Contexto

Las armas representan, al día de hoy, una doble amenaza a la seguridad de la población. Por un lado, corresponden a herramientas para la comisión de delitos violentos por parte de delincuentes y organizaciones criminales; por otro lado, su distribución se ha constituido en un mercado ilícito que nutre de ingresos económicos a bandas criminales de todo el mundo.  Su tráfico ilícito representa un mercado criminal altamente lucrativo, que proporciona recursos económicos y operativos a bandas delictivas a nivel nacional e internacional (UNODC, 2020; Small Arms Survey, 2022).

Diversas experiencias internacionales han demostrado la eficacia de agencias especializadas y sistemas integrados de control de armas para enfrentar el tráfico ilegal. En Canadá, el Canadian Firearms Program ha fortalecido la cooperación interagencial y mejorado la trazabilidad de armas (Royal Canadian Mounted Police, 2014). Australia, tras implementar el National Firearms Agreement en 1996, logró una reducción sostenida en homicidios y suicidios con armas de fuego, además de eliminar la ocurrencia de tiroteos masivos (Chapman et al., 2006; Chapman et al., 2018). En el Reino Unido, la National Crime Agency ha desarrollado capacidades específicas para detectar e incautar armas ilegales, retirando cientos de estas del mercado anualmente (National Crime Agency, 2020). Estas experiencias reflejan que una arquitectura institucional robusta y coordinada puede ser decisiva en la prevención del desvío de armas y en la lucha contra el crimen organizado.

En Chile, la legislación vigente en la materia regula el uso, tenencia y porte de armas y municiones. Sin embargo, el fenómeno de contrabando y tráfico de estos ha experimentado una evolución importante en los últimos años, de la mano con el crecimiento de organizaciones criminales internacionales y el aumento de la demanda de armas por estas. Este antecedente, sumado a la crisis de seguridad que atraviesa el país y los altos niveles de inseguridad de la población, exige la revisión de las estrategias utilizadas actualmente para el control y fiscalización de las armas en circulación, tanto legales como ilegales. 

Actualmente, la autoridad central encargada de la supervigilancia y control de armas y explosivos es la Dirección General de Movilización Nacional (en adelante DGMN). Este organismo, de naturaleza militar pero dependiente del Ministerio de Defensa, se encarga de la fiscalización de los bienes señalados en conjunto a dos grupos de entidades: autoridades fiscalizadoras (las que cuentan con competencias ejecutoras y contraloras) y organismos fiscalizadores (los que solo cuentan con competencias para fiscalizar). Entre las primeras, se encuentran por ejemplo las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de Carabineros de Chile, de mayor jerarquía en el área jurisdiccional que corresponda. Entre los segundos, se encuentra por ejemplo la Policía de Investigaciones. 

La institucionalidad descrita ha sido objeto de críticas, a lo largo de los años. Entre ellas, destaca a primera lectura un hecho fundamental: la falta de contrapesos civiles al control de armas, hoy fundamentalmente militar. Ello, de la mano con importantes debilidades identificadas en la aplicación de la legislación de control de armas por parte de la DGMN, tales como registros a nombre de personas fallecidas, con antecedentes penales, menores de edad, entre otros (Contraloría General de la República, 2023). Lo anterior crea el espacio perfecto para el surgimiento de lo que los expertos han denominado “zonas grises”: áreas donde el crimen y el Estado se confunden y crean redes informales de criminalidad, en las que trabajan juntos (AthenaLab, 2024). Desafortunadamente, no es necesario profundizar demasiado para encontrar ejemplos de ello: en el año 2017, la prensa denunciaba el desvío de millonarias cifras de dinero por “fiscalizar armas y explosivos” (CIPER Chile, 2017, párr. 1), cuyos protagonistas fueron posteriormente condenados en el marco del caso “Pacogate”. Y en otro orden de ejemplos, en el año 2022 se detectó a cinco funcionarios policiales que vendían pistolas, escopetas y fusiles al mercado negro (CIPER Chile, 2022), lo que invita a pensar en la posibilidad de que dicho delito no haya consistido en un hecho aislado.

En suma, el riesgo de corrupción y falta de transparencia en los procesos de control de armas es una amenaza real y concreta, más aún si se toma en consideración la debilidad institucional actual en materia de control y fiscalización de armas y municiones. Ante ello, es necesario concebir estrategias de política pública que hagan frente a la necesidad de robustecer el rol del Estado y sus instituciones en la persecución del tráfico de armas y municiones, arista clave en el combate al crimen organizado.

Intervención

Considerando el contexto de debilidad institucional, aumento del tráfico ilícito de armas y deficiencias en la trazabilidad y fiscalización, se propone la creación de una Agencia Nacional de Control de Armas (ANCA). Esta entidad especializada estará encargada de la coordinación, supervigilancia y evaluación sistemática de las instituciones con competencia en la materia, operando bajo principios de probidad, transparencia, interoperabilidad institucional y presencia territorial. Su instalación contribuirá a reducir las brechas estructurales que hoy permiten la circulación ilegal de armas, muchas de ellas provenientes del mercado legal civil (AthenaLab, 2024).

La ANCA se establecerá bajo la tutela del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, reportando directamente a la Subsecretaría de Seguridad Pública. Su puesta en marcha deberá realizarse de manera progresiva, mediante el traspaso escalonado de funciones, recursos humanos, infraestructura y bases de datos desde la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), respetando los criterios de seguridad y continuidad operativa.

Los objetivos que deberá definir la Agencia, dentro de sus planes de trabajo, deberán considerar al menos las siguientes temáticas:

  1. Control del ingreso y registro de armas y municiones:
    • Elaborar planes de acción conjunta con el Servicio Nacional de Aduanas y personal policial encargado de vigilancia fronteriza, para la identificación y desmantelamiento de intentos de ingreso de armas, municiones y herramientas para fabricación de las mismas en contrabando. 
    • Velar por el registro oportuno, completo  y efectivo de armas, municiones y sus propietarios, bajo criterios estrictos de análisis de estos últimos en cuanto al cumplimiento de los requisitos correspondientes.
  2. Fiscalización y persecución del comercio ilegal de armas y municiones:
    • Coordinar el trabajo de autoridades y organismos fiscalizadores, tanto respecto de armas inscritas como de armas ilegales, promoviendo la creación de instancias permanentes de evaluación conjunta de los resultados que se obtengan al respecto. 
    • Revisar periódicamente protocolos de incautaciones y decomisos de armas en operativos policiales, velando por su aplicación y por el registro oportuno de dichas operaciones. 
    • Elaborar estudios y análisis de los datos obtenidos en las operaciones descritas previamente, bajo lógicas y mecanismos de inteligencia, con el objetivo de identificar rutas y patrones de acción de delincuentes y organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de armas y municiones.
  3. Ejecución de programas de destrucción de armas y municiones: una vez retiradas armas y municiones de manos de delincuentes, ya sea por medio de incautaciones o decomisos, garantizar su destrucción, estableciendo protocolos y mecanismos para ello.

En cuanto a su estructura orgánica, se propone una jefatura de alta dirección pública, designada por el Presidente de la República a partir de una terna elaborada por el Ministro de Seguridad. Esta autoridad deberá liderar reuniones de coordinación periódica con Carabineros, PDI, Aduanas y otras entidades con atribuciones relevantes, promoviendo un modelo colaborativo de gobernanza para el control de armas. Los resultados de esta articulación deberán traducirse en propuestas de política pública basadas en evidencia, dirigidas a fortalecer el marco normativo y operativo de prevención del tráfico de armas y municiones en el país.

Resultados e impacto esperado

Se proyecta que la Agencia Nacional de Control de Armas (ANCA) inicie formalmente sus operaciones en el año 2028. Para el año 2030, se espera que esta permita aumentar las incautaciones y decomisos de armas y municiones en un 20% respecto de las cifras actuales, además de facilitar la identificación y desmantelamiento de rutas de tráfico de los bienes mencionados. Con ello, se espera informar la toma de decisiones de política pública al respecto, por parte de las autoridades correspondientes. 

En suma, se proyecta que el instrumento de transformación en análisis permita, en concreto, combatir a la delincuencia y el crimen organizado a nivel de sus bases fundamentales: sus herramientas y fuentes de ingresos económicos. Mediante la promoción de la acción coordinada entre las entidades a cargo del cuidado de la seguridad pública, específicamente en lo relativo a la materia en comento, se busca expandir la presencia del Estado en aquellos territorios en los que ha sido desplazado por organizaciones criminales para así frenar el avance de estas últimas.

Desafíos 

La implementación de la ANCA enfrenta tres desafíos clave: resistencia institucional al traspaso de funciones, necesidad de acciones complementarias al control armamentístico, e integración de un enfoque de género en sus estrategias. En primer lugar, la creación de una nueva agencia busca precisamente subsanar la dispersión y escasa articulación de las instituciones actuales, integrando capacidades bajo un modelo civil, transparente y evaluable. La incorporación de contrapesos civiles busca modernizar la gobernanza del sistema y mejorar la legitimidad democrática en un ámbito históricamente dominado por entidades militares.

En segundo lugar, el control del tráfico de armas requiere medidas complementarias, como bases de datos interoperables, análisis criminológico, auditorías externas y mecanismos de rendición de cuentas. Por ejemplo, el 78% de las armas involucradas en delitos violentos en América Latina provienen de fuentes legales desviadas (UNODC, 2020), lo que refuerza la necesidad de contar con registros precisos y mecanismos efectivos de fiscalización post-venta. Además, se deben generar instancias de evaluación conjunta con actores policiales, judiciales y administrativos, para asegurar una mirada integral y coordinada del fenómeno.

Finalmente, el enfoque de género debe constituirse en eje transversal de la ANCA. La violencia armada tiene impactos diferenciados según el género, especialmente en contextos de violencia intrafamiliar y feminicidios. Expertas han subrayado la importancia de contar con estadísticas desagregadas, protocolos específicos y formación de personal en la detección de riesgos en contextos domésticos (Corporación Humanas, s/f). La inclusión de estas perspectivas es clave para asegurar una respuesta estatal sensible y eficaz.

Proyecciones

El control del tráfico de armas y municiones es uno de los desafíos actuales más importantes a la hora de definir acciones para el cuidado de la seguridad pública. Al respecto, si bien las estrategias adoptadas por las autoridades correspondientes han reforzado aristas importantes de dicho objetivo, como lo es la fiscalización, lo cierto es que es necesario considerar una dimensión fundamental del mismo: la institucionalidad encargada de coordinar las acciones de control. 

Dicha institucionalidad, radicada en la DGMN, sufre de debilidades relevantes para su correcto desempeño: fallas en los registros de información de armas, casos documentados de corrupción y desvío de armas al mercado negro, entre otros. En dicho escenario, se propone la creación de una entidad que coordine las acciones de control de la circulación de armas en el país, integrando las dinámicas actualmente en funcionamiento con la inclusión de contrapesos civiles en su orgánica: la Agencia Nacional de Control de Armas. 

El organismo mencionado se enfrenta a la posibilidad de desafíos de diversa índole, al momento de su implementación: reticencia a la entrega de funciones, medidas complementarias que deben considerarse para la efectividad real de la propuesta y la implementación del enfoque de género como eje transversal en los planes de trabajo de la Agencia. Sin embargo, la propuesta descrita ofrece una oportunidad mucho más trascendental: la posibilidad de incidir directamente en la cadena de suministros de delincuentes y organizaciones criminales, por medio de facilitar el aumento en las incautaciones de armas y municiones y acrecentar la identificación de rutas, patrones y mecanismos de ingreso ilegal de dichos bienes al país. En suma, la iniciativa representa una posibilidad de prevenir y disminuir los hechos de violencia en el país, aportando directamente a la disminución de la sensación de inseguridad de la población. En tiempos en que el temor generalizado a la delincuencia invita a mayor circulación de armas en manos de civiles, es necesario hacer presente que ello no es una estrategia efectiva ni para abordar la criminalidad, ni para hacer frente al miedo de las personas. Las estadísticas lo demuestran: la cantidad de armas inscritas ha aumentado a la par de la sensación de inseguridad. Es por ello que debe atenderse a otros cursos de acción, como lo es el trabajo de fortalecimiento, expansión y modernización de la institucionalidad actualmente disponible. El presente instrumento de transformación recoge esta premisa, ofreciendo una alternativa de acción con altas posibilidades de favorecer al éxito en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Bibliografía

Normativa consultada

  • Decreto Nº 83. (2023). Aprueba reglamento complementario de la ley Nº 17.798, sobre control de armas y elementos similares. 
  • Decreto Nº 400. (2024). Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 17.798, sobre control de armas.
  • Ley Nº 21.730. (2025). Crea el Ministerio de Seguridad Pública
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