Objetivo: Transformar el sistema presupuestario chileno en un modelo orientado al bienestar multidimensional, garantizando asignaciones eficientes, equitativas y adaptativas que reduzcan las desigualdades estructurales, fortalezcan la resiliencia socioeconómica y ambiental, y promuevan la confianza democrática mediante mecanismos transparentes y participativos.
Metas
- Reducir el coeficiente de Gini de ingresos post-transferencias del 0.46 (2022) a ≤0.40, vinculando el 80% del gasto público permanente a indicadores de bienestar con enfoque territorial y género.
Métricas
- El coeficiente de Gini es un indicador estadístico que mide la desigualdad en la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población. Su valor oscila entre 0, igualdad perfecta y 1, desigualdad absoluta (o 0% y 100%).
- Un coeficiente de Gini ≤0.40 equivaldría a una reducción del 13% en desigualdad, comparable a países como Uruguay (Gini 0.39 en 2023).
- Aumentar el porcentaje del presupuesto público vinculado a resultados.
Contexto: La necesidad de un nuevo enfoque presupuestario en Chile
El proceso presupuestario en Chile atraviesa desafíos estructurales que han limitado tanto su eficacia como su legitimidad social. Aunque el país ha sido reconocido internacionalmente por su disciplina fiscal —respaldada por la regla de superávit estructural y una baja deuda pública—, este orden macroeconómico no ha logrado traducirse en una reducción significativa de la desigualdad, una mayor eficiencia social ni una equidad territorial sostenida.
El principal problema radica en la fragmentación institucional y la rigidez programática: hoy existen 1.542 programas públicos, muchos de ellos superpuestos o duplicados, como ocurre con los 17 programas diferentes dedicados a “vulnerabilidad infantil” pero carentes de coordinación intersectorial (Comisión de Gasto Público, 2021). El 80% del gasto está comprometido en asignaciones permanentes, dejando una escasa capacidad de reacción ante prioridades emergentes, tales como la adaptación al cambio climático, los shocks sanitarios o las desigualdades regionales.
A esta fragmentación se suma la falta de una visión estratégica integral. El Congreso Nacional opera con marcadas asimetrías técnicas y normativas respecto al Poder Ejecutivo y, en la práctica, carece de instrumentos robustos para evaluar el desempeño de los programas y asegurar que el gasto se vincule efectivamente a resultados tangibles. Solo el 23% de los programas ha sido evaluado de manera sistemática en más de dos décadas (Comisión de Gasto Público, 2021).
Las brechas territoriales refuerzan este diagnóstico: el 63% de la inversión regional es decidida de manera centralizada, lo que genera asimetrías como la detectada en la Región de Arica y Parinacota, donde el gasto per cápita es un 35% menor al promedio nacional (INE, 2021; Subdere, 2022).
Durante la pandemia de COVID-19, estas falencias se hicieron aún más evidentes. La falta de elasticidad y coordinación presupuestaria contribuyó a respuestas fragmentadas, ineficientes y tardías, con impactos especialmente negativos en los sectores informales, rurales y vulnerables. Un 32% de los hogares enfrentó gastos catastróficos en salud, y la cobertura de ayudas sociales demostró fallas importantes tanto en focalización como en segmentación de beneficiarios (Dipres, 2021; OIT, 2021).
En síntesis, el modelo presupuestario chileno —diseñado para la estabilidad y el control fiscal— muestra signos de agotamiento frente a los retos de un desarrollo inclusivo y sostenible. La continuidad de prácticas inerciales, como la ejecución tardía y la focalización poco estratégica, además de la escasa transparencia y participación ciudadana, diluyen la calidad y el impacto de la inversión pública. El desafío es claro: es imprescindible transitar hacia un presupuesto con sentido, capaz de priorizar objetivos nacionales de bienestar, reducir desigualdades, adaptarse a emergencias y fortalecer la cohesión social y la confianza democrática.
Desigualdades Estructurales y el Reto de los Presupuestos del Bienestar
La rigidez del sistema presupuestario chileno perpetúa desigualdades que se manifiestan en áreas como salud, vivienda y protección social. Aunque Chile destina el 8,5% del PIB a salud —nivel comparable a países OCDE— los resultados no son equitativos: el 32% de los hogares enfrentan gastos catastróficos en salud, y el sistema hospitalario consume más de la mitad del presupuesto sectorial, duplicando su gasto en la última década sin mejoras proporcionales en productividad o acceso (MINSAL, 2021; 2023; OCDE, 2022). Esta falta de eficiencia y orientación a resultados se replica en vivienda y protección social, donde prevalece la cantidad por sobre la calidad (Minvu, 2022; INE, 2021). La pandemia de COVID-19 acentuó aún más estas debilidades, mostrando la poca flexibilidad y capacidad de reacción del Estado frente a crisis imprevistas. Persistir con un presupuesto fragmentado y rígido amenaza no solo la sostenibilidad financiera y social, sino además profundiza la desconfianza en las instituciones, hoy en mínimos históricos (CEP, 2023).
Lecciones internacionales y señales de riesgo
La experiencia internacional muestra que los presupuestos del bienestar traen oportunidades, pero también riesgos si su diseño e implementación no se adaptan a la realidad política y administrativa local:
Nueva Zelanda, pionera con el Wellbeing Budget (2019), logró avances iniciales en priorización social e indicadores multidimensionales, pero enfrentó límites claros. La ausencia de anclaje institucional fuerte, cambios políticos y la prevalencia de prioridades fiscalistas llevó, en 2024, a que el país abandonara públicamente el modelo de presupuesto de bienestar como marco de referencia (Newsroom, 2024; Treasury NZ, 2023). Estudios advierten que, sin gobernanza robusta y seguimiento riguroso, los indicadores de bienestar pueden decaer en mero marketing político o reporting simbólico (Dalziel et al., 2022).
Escocia destaca por su énfasis en participación y equidad, pero la dificultad para transformar indicadores en decisiones vinculantes ha limitado el impacto en eficiencia fiscal y equidad real (Scottish Government, 2022; OECD, 2021).
En México, el Presupuesto Basado en Resultados ha avanzado en vincular el 78% del gasto público a metas de desempeño y mejorar evaluación sectorial, pero aún enfrenta retos de transparencia, seguimiento efectivo y dispersión institucional (CONEVAL, 2021; OECD, 2021).
Riesgos comunes: captura tecnocrática por equipos técnicos sin control social, discontinuidad frente a cambios de gobierno, dashboards e indicadores sin impacto real en la asignación de recursos, y altos costos de transacción institucional si no existe voluntad política transversal y ciudadanía fortalecida.
En síntesis, la evidencia sugiere que el bienestar debe ser brújula, pero solo será eficaz si está respaldado por instituciones sólidas, mecanismos de rendición de cuentas y una ciudadanía activa y vigilante. Evitar los errores de otros países implica aprender de estos matices: los presupuestos del bienestar requieren algo más que buenos indicadores; exigen compromiso político, control ciudadano real y capacidad de adaptación frente a escenarios cambiantes.
Hacia un nuevo paradigma: el bienestar como eje de la inversión pública
Movernos hacia un Presupuesto Público del Bienestar implica un cambio de paradigma: redefinir el éxito fiscal no solo en base a equilibrios macro, sino también en función de resultados sociales medibles y sostenibles (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009). Este nuevo enfoque promueve inversiones de carácter preventivo—especialmente en primera infancia—cuyo retorno, según James Heckman (2006), puede alcanzar hasta 13% anual en términos de salud, educación y productividad futura.
Además, el paradigma del bienestar invita a integrar prioridades nacionales con realidades territoriales, permitiendo planificación descentralizada e intersectorial adaptada a la diversidad chilena. El desarrollo de plataformas de transparencia y monitoreo ciudadano, junto a instrumentos de planificación participativa, fortalece la legitimidad democrática y aumenta tanto la eficiencia como la confianza en la acción pública. Encuestas recientes revelan que más de dos tercios de la ciudadanía respalda la vinculación del gasto a resultados concretos (CEP, 2023), mostrando una demanda clara por transparencia y corresponsabilidad.
Las reformas exitosas en este ámbito exigen consistencia política, capacidades técnicas robustas y un Estado deliberativo y abierto a la innovación. No basta copiar marcos ni instalar dashboards: el desafío es asegurar que el bienestar ciudadano oriente las decisiones de gasto, dotando al presupuesto público de sentido social, flexibilidad y visión de futuro.
Intervención: el Presupuesto Público del Bienestar como modelo transformador
La implementación del Presupuesto Público del Bienestar en Chile representa una respuesta estructural a las debilidades del modelo fiscal evidenciadas en el Informe de la Comisión de Gasto Público (2021). Este diagnóstico reveló problemas sistémicos como la fragmentación de programas, baja evaluación de impacto, rigidez en la reasignación de fondos y una alta centralización del poder presupuestario. A partir de estas carencias, la propuesta chilena se inspira en modelos internacionales —como el Wellbeing Budget de Nueva Zelanda o el National Performance Framework de Escocia— pero se adapta al contexto local a través de tres pilares: objetivos nacionales vinculantes, gobernanza descentralizada con participación ciudadana y financiamiento alineado a resultados.
El concepto de “presupuesto del bienestar” surge de una crítica al uso exclusivo del Producto Interno Bruto (PIB) como indicador de progreso, una discusión teórica impulsada por Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009), que promueve medir el desarrollo a partir de indicadores multidimensionales de calidad de vida. Esta crítica cobra fuerza en Chile a la luz de cifras alarmantes: de los 1.542 programas presupuestarios evaluados por la Comisión, el 68% carecía de metas cuantificables y solo el 23% contaba con evaluaciones de impacto (Comisión, 2021, pp. 36-40). A ello se suma una centralización crónica: el 63% de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) son decididos desde Santiago, en abierta contradicción con el principio constitucional de descentralización (Subdere, 2022).
El Presupuesto Público del Bienestar se plantea como un enfoque sistémico, articulado en torno a tres componentes interdependientes:
A) Sistema de Objetivos-País con métricas vinculantes
El eje central de este modelo lo constituyen los Objetivos-País, definidos mediante un proceso deliberativo que combina evidencia técnica con participación ciudadana. Basado en el marco de “dimensiones del bienestar” propuesto por la OCDE (2020) y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se definirán objetivos mediante un proceso deliberativo multiactor, en línea con la consulta ciudadana de la Encuesta de Presupuesto Abierto, contando con KPI medibles anualmente y asignación clara de responsabilidades institucionales, así como reportes estandarizados y trimestrales al Congreso para asegurar el seguimiento y la transparencia.
Ejemplos de adaptación local de las dimensiones OCDE:
- Ingresos y riqueza: reducir el coeficiente de Gini a ≤0,40 para 2030 (PNUD, 2022).
- Salud: alcanzar 90% de cumplimiento de estándares de eficiencia GRD en hospitales públicos para 2026.
- Educación: garantizar que el 30% del acceso a educación superior corresponda al quintil más vulnerable (CASEN, 2020).
- Participación ciudadana: lograr que el 70% de los municipios implementen presupuestos participativos vinculantes (Subdere, 2022).
- Equidad territorial: disminuir en un 40% la brecha de ingreso per cápita entre regiones extremas para 2030.
B) Gobernanza colaborativa y rendición de cuentas
A diferencia del modelo actual, en el que las decisiones fiscales se concentran en pocas autoridades centrales, este modelo propone una gobernanza compartida entre órganos:
Consejo de Monitoreo y Evaluación paritario (50 % designado por el Congreso, 50 % por el Ejecutivo) responsable de validar metodologías de evaluación y supervisar el cumplimiento de glosas.
Audiencias públicas obligatorias en cada fase del ciclo presupuestario (Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación).
Plataforma digital unificada para la participación ciudadana, integrando lecciones del Reporte al Contribuyente 2020.
C) Sistema integrado de información y evaluación (SIIE)
El nuevo modelo incorporará mecanismos para armonizar sistemas de monitoreo y homologar estándares, mejorando las plataformas de datos abiertos existentes para consolidar información del GRD hospitalario, Sinim Municipal y ChileCompra, en línea con las recomendaciones de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Adicionalmente considera:
Evaluaciones de impacto vinculantes para todo programa con asignaciones superiores al 0,1% del presupuesto anual, que debe someterse a evaluación ex ante, ex post y evaluaciones intermedias bajo una metodología estandarizada, utilizando métodos experimentales (RCT) o cuasi‑experimentales (matching, diferencias en diferencias), según disponibilidad de datos y contexto. Los resultados deben además ser comunicados en formatos accesibles y uniformes.
El SIIE incorporará mecanismos de retroalimentación y mejora continua mediante una encuesta semestral de satisfacción dirigida a todos los usuarios del sistema, sea ciudadanos, academia y sector privado, para evaluar la usabilidad del Portal y la calidad de la información disponible; la organización de foros trimestrales de revisión metodológica con expertos nacionales e internacionales, que permiten actualizar estándares y herramientas a la luz de las mejores prácticas de la OCDE y casos comparados; y la implementación de un ciclo de aprendizaje institucional que ajusta de manera automática los lineamientos y plantillas de informes en función de indicadores internos del propio sistema (por ejemplo, tiempos de actualización de datos y tasas de descarga), garantizando así una evolución constante de la plataforma y de los procesos de evaluación presupuestaria.
Implementación progresiva: de pilotos a política de Estado
A fin de mitigar riesgos de captura burocrática o fallas de coordinación, la estrategia de implementación se divide en tres fases, siguiendo un enfoque iterativo de “aprender haciendo”:
A) Fase Piloto (2024-2026)
En esta etapa se implementarán intervenciones en cinco regiones seleccionadas por su representación de las principales brechas territoriales identificadas en el Informe de la Comisión de Gasto Público (2021): La Araucanía (deserción escolar), Coquimbo (acceso a atención primaria de salud), Biobío (reintegración laboral juvenil), Magallanes (vivienda social) y Metropolitana (transporte y movilidad). En cada territorio, se reasignará hasta un 10% de los recursos sectoriales para diseñar y evaluar esquemas de gasto programático alineados con los Objetivos‑País.
Las evaluaciones ex ante y ex post seguirán estándares de contrafactuales reconocidos por la OCDE (2020) y la Red de Evaluación de Impacto de la CEPAL, empleando métodos cuasi‑experimentales cuando los ensayos aleatorizados no sean factibles. Los hallazgos intermedios se difundirán públicamente vía el Portal Único de Datos Abiertos, con informes trimestrales que servirán para ajustar metas y protocolos antes de la segunda fase.
B) Fase de Escalamiento (2027-2030)
Basándose en los resultados piloto, se incorporarán progresivamente los Objetivos‑País al marco normativo primario mediante una reforma a la Ley de Presupuestos, de modo que al menos el 60% del gasto público permanente quede vinculado a metas evaluables. En este período se consolidará el Sistema Integrado de Información y Evaluación (SIIE) como plataforma centralizada de datos y reportes de desempeño, siguiendo las recomendaciones de armonización de sistemas de monitoreo y estándares de calidad de la Comisión (Recomendaciones 7 y 8).
Paralelamente, se mejorará la participación ciudadana en el proceso presupuestario mediante audiencias públicas y consultas digitales en cada fase del ciclo presupuestario, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
C) Fase de Consolidación (2031 en adelante)
El modelo alcanzará madurez operativa cuando todos los programas con presupuesto superior al 0,1% del gasto anual cuenten con evaluaciones estandarizadas y publiquen resultados en formatos accesibles (infografías, informes ejecutivos y dashboards interactivos).
La glosa presupuestaria se utilizará rutinariamente como herramienta de ajuste fino, con revisiones bianuales ante el Congreso y el Comité Nacional de Gobernanza de Datos para garantizar la calidad de la información y la protección de datos sensibles según estándares ISO 27001.
Finalmente, el Consejo de Monitoreo y Evaluación —constituido por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y la academia— dispondrá de autonomía técnica y capacidad de fiscalización permanente, asegurando la continuidad del Presupuesto del Bienestar como política de Estado más allá de ciclos político-electorales.
Impactos esperados: del rediseño fiscal al nuevo contrato social
La implementación del Presupuesto Público del Bienestar no solo apunta a corregir las deficiencias técnicas del sistema fiscal chileno, sino a reconfigurar de forma estructural la relación entre Estado y ciudadanía. Sus impactos esperados pueden agruparse en tres dimensiones interrelacionadas: eficiencia institucional, transformación social y legitimidad democrática.
A) Eficiencia institucional: tecnología y datos para mejores decisiones
Uno de los principales cuellos de botella del sistema actual es la fragmentación informativa: al menos 15 plataformas fiscales no interoperables impiden evaluar el desempeño del gasto público. La creación de una Plataforma Nacional de Datos Abiertos —basada en estándares internacionales como OCDS y el modelo de data.gov— permitiría integrar variables presupuestarias, sociales y territoriales en tiempo real. La experiencia de Estonia demuestra que esta interoperabilidad puede reducir los tiempos de gestión hasta en un 70% (OCDE, 2022).
Asimismo, la automatización de procesos administrativos mediante inteligencia artificial, como el sistema SIPRES en Argentina, podría liberar más de un millón de horas anuales hoy destinadas a tareas redundantes. Esto permitiría reorientar esfuerzos hacia la evaluación de impacto, con la meta de que el 65% de los programas públicos cumpla al menos el 80% de sus objetivos anuales al 2026 (vs. 40% actual).
B) Transformación social: prevenir antes que remediar
El Presupuesto Público del Bienestar promueve un enfoque anticipatorio del gasto público, donde se prioriza la inversión preventiva sobre el gasto reactivo. Casos como el Climate Budget de Oslo —que asigna un 15% del presupuesto a infraestructura verde— ofrecen un referente replicable en Chile, ante proyecciones de pérdidas por sequía equivalentes a US$3.600 millones anuales al 2030. Además, instrumentos como los Bonos de Impacto Social permiten atraer capital privado para proyectos de alto retorno social, como los ya pilotados en educación técnica con ratios de retorno 9:1. Esta lógica de inversión basada en evidencia también se aplica en salud: el modelo GRD ya logró reducir costos hospitalarios en un 22% manteniendo o mejorando la calidad (Comisión, p.73).
C) Legitimidad democrática: más participación, más confianza
El diseño participativo del modelo apunta a restaurar la confianza en las instituciones públicas. Asambleas deliberativas regionales y presupuestos participativos vinculantes —como los de Porto Alegre o Escocia— han demostrado su eficacia en redistribuir poder y mejorar la percepción ciudadana. En Chile, un piloto en La Pintana que asignó el 5% del Fondo Común Municipal a decisiones vecinales aumentó la confianza en el gobierno local del 18% al 43% (Subdere, 2023). A nivel nacional, la creación del Consejo Nacional de Bienestar y de la Defensoría del Bienestar Futuro busca blindar el sistema contra capturas políticas, replicando mecanismos como el Congressional Budget Office estadounidense o el Consejo Fiscal Noruego.
Indicadores clave para medir impacto
Se proponen dos métricas principales:
- Índice de Resiliencia Social: que combina acceso a servicios, cohesión comunitaria y capacidad de adaptación territorial. Se espera un aumento del 20% en comunas con alta vulnerabilidad climática para 2030.
- Tasa de Eficiencia Programática: con la meta de elevar del 40% al 65% el número de programas que cumplen sus metas anuales, según evaluaciones externas como las del Laboratorio de Innovación Pública de México.
En síntesis, el Presupuesto Público del Bienestar proyecta ahorros potenciales equivalentes al 0,8% del PIB anual por eliminación de duplicidades, mientras fortalece la transparencia, previene el gasto ineficiente y democratiza la toma de decisiones. Lejos de ser un experimento utópico, este enfoque ya entrega resultados tangibles y posiciona a Chile como referente regional en la transición hacia un modelo de desarrollo centrado en las personas y el bienestar colectivo.
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