Objetivo: Impulsar una transformación estructural del sistema de permisos sectoriales en Chile, promoviendo una gobernanza regulatoria moderna, eficiente y digital, que reduzca tiempos y costos sin sacrificar estándares de protección ambiental, sanitaria y de seguridad pública. El SIPS busca destrabar proyectos de alta relevancia social que hoy están paralizados y que enfrentan demoras críticas por la fragmentación regulatoria, afectando la capacidad del Estado para materializar inversiones clave.
Metas
- Reducir significativamente los tiempos promedio de tramitación de permisos para proyectos de inversión, con foco en MIPYMES y sectores estratégicos.
- Modernizar el aparato regulador mediante la implementación de una plataforma digital única para la tramitación de permisos.
- Mejorar la productividad del país mediante el adelanto de proyectos y atracción de nuevas inversiones.
Indicadores
- Disminuir en un 70% el tiempo promedio de tramitación para MIPYMES y en un 30% para grandes proyectos al año 2030.
- Lograr que el 100% de los permisos sectoriales sean tramitables en línea a través de la plataforma digital única para la tramitación de permisos para 2030.
- Incrementar el crecimiento económico sostenible mediante la agilización de proyectos estratégicos y la atracción de inversiones que impulsen la productividad.
Contexto
Tanto en Chile como a nivel comparado, se evidencia una tensión entre dos objetivos prioritarios de política pública. Por un lado, se busca fomentar el desarrollo de inversiones como condición para impulsar el crecimiento económico. Por el otro, se busca asegurar la protección adecuada de aspectos fundamentales para el desarrollo de una sociedad moderna, como la salud de la población, la protección del medio ambiente, la seguridad nacional, entre otros. La conciliación de estos intereses representa uno de los principales desafíos para alcanzar un modelo de Desarrollo Sostenible. (Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, 2023)
La ampliación del acervo normativo ha sido explosiva, y ha impuesto una carga adicional sobre los servicios públicos, así como sobre los titulares de proyectos de inversión. En ausencia de criterios rectores que guíen la forma en que se diseña y se implementa la regulación, y sin un mandato de evaluar los impactos de la misma sobre los regulados y la sociedad, el sistema regulatorio se ha vuelto especialmente engorroso. (Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, 2023)
En este contexto, Chile enfrenta un entorno normativo y administrativo excesivamente complejo y fragmentado. Más de 380 autorizaciones sectoriales tramitadas por 37 organismos se gestionan sin un sistema común de admisibilidad, plazos ni trazabilidad, lo que genera incertidumbre jurídica, costos elevados y retrasos significativos, afectando tanto a grandes proyectos como a MIPYMES y cooperativas.
Esta situación ha provocado que proyectos estratégicos para la sociedad, como hospitales, desaladoras, líneas de transmisión y de metro, permanezcan paralizados durante años, impactando negativamente en el acceso a servicios básicos, a la productividad y el desarrollo económico.
El diagnóstico recogido por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Economía ha identificado cuatro problemas centrales: excesiva duración de los procesos, falta de certeza jurídica, ausencia de proporcionalidad regulatoria y falta de información centralizada.
A su vez, la experiencia internacional y la evidencia levantada por la OCDE y el Banco Mundial coinciden en que la digitalización, la estandarización normativa y la coordinación interinstitucional son claves para lograr una regulación más ágil, transparente y eficaz.
A esto se suma un contexto fiscal estrecho, donde los recursos públicos deben utilizarse con máxima eficiencia. La modernización regulatoria que plantea el SIPS aparece como una reforma estructural que habilita un Estado más eficiente y ágil, articulando una política pública permanente que simplifica y otorga previsibilidad a la tramitación de permisos..
Intervención
La intervención propuesta a través del Sistema Inteligente de Permisos Sectoriales (SIPS) combina simplificación normativa, transformación digital y fortalecimiento institucional.
Desde el marco normativo, se impulsa una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), que establece normas mínimas de tramitación para las autorizaciones sectoriales, con formularios estandarizados, admisibilidad obligatoria, regulación de informes entre servicios, plazos máximos para todos los procedimientos y uso del silencio administrativo como derecho del solicitante en caso de incumplimiento de plazos. Además, se mantiene la independencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se priorizará el uso de técnicas habilitantes alternativas (THA), como declaraciones juradas y avisos, para reemplazar autorizaciones formales en proyectos de bajo riesgo, permitiendo habilitar actividades solo con su presentación ante la autoridad, sin rebajar estándares regulatorios. Las THA estarán sujetas a fiscalización ex post y sanciones severas ante su uso fraudulento, incluyendo sanciones penales incorporadas en la Ley de Delitos Económicos. También se prohíbe exigir autorizaciones previas como condición para ingresar solicitudes, permitiendo la tramitación paralela de permisos sectoriales, salvo excepciones legales.
En la dimensión tecnológica, el SIPS se sustenta en la plataforma digital única, que actuará como ventanilla única para la presentación de solicitudes, declaraciones juradas y avisos; permitirá seguimiento en tiempo real de las tramitaciones; y contará con un canal reservado de denuncias por irregularidades. Esta plataforma consolida información pública de requisitos, plazos y normativa sectorial, transformándose en una política de Estado permanente.
En el plano institucional, se crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, con carácter técnico y diversas atribuciones. Esta nueva institucionalidad se encargará de administrar y operar la plataforma digital única para la tramitación de permisos, vigilar el cumplimiento de las normas de tramitación, monitorear proyectos estratégicos de inversión, impulsar mesas regionales de inversión, y promover la revisión periódica y modernización continua de autorizaciones sectoriales.
La Oficina no podrá interferir en las evaluaciones técnicas sectoriales ni en la decisión de otorgar o denegar autorizaciones, garantizando probidad y respeto a competencias técnicas. Su jefatura será designada por Alta Dirección Pública y estará sujeta a los más altos estándares de declaración de intereses y patrimonio.
Referencias comparadas y cooperación internacional
La propuesta del SIPS puede ser comparada con modelos internacionales de éxito en materia de regulación inteligente y gestión digital de permisos. El Regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), aprobado mediante el Decreto-Lei n.º 75/2015 en Portugal, constituye una reforma integral orientada a la simplificación, armonización y eficiencia de los procedimientos de licenciamiento ambiental. Este régimen unifica en un único proceso las distintas autorizaciones y permisos ambientales requeridos por actividades sujetas a evaluación, incluyendo materias como la gestión de residuos, las emisiones, el uso de recursos hídricos y la prevención y control integrados de la contaminación. A través de la creación del Título Único Ambiental (TUA), permite a los solicitantes presentar una solicitud única, mientras que las autoridades competentes coordinan de manera interinstitucional la evaluación y emisión de las licencias, reduciendo tiempos y costos administrativos. (Decreto-Lei n.º 75/2015, Portugal)
Otro ejemplo destacado es el caso de Estonia, que se ha posicionado como líder mundial en gobernanza digital mediante su modelo de e-Estonia, una infraestructura estatal que permite realizar en línea casi todos los trámites y servicios públicos, incluyendo permisos de inversión, construcción y uso de suelo. Su sistema se basa en la interoperabilidad entre bases de datos públicas y privadas a través de una plataforma segura que garantiza que los ciudadanos solo deban entregar su información una vez, permitiendo que las instituciones la compartan automáticamente. Esto ha facilitado la gestión de autorizaciones, reduciendo tiempos, costos administrativos y mejorando la trazabilidad y transparencia de los procedimientos. La identidad digital obligatoria y la firma electrónica, equivalentes legalmente a la presencial, son pilares de este ecosistema, lo que permite iniciar negocios, registrar propiedades, realizar trámites notariales y otros permisos sin acudir físicamente a una oficina pública. (BID, e-Estonia, 2022)
Otro caso relevante es el del Reino Unido, que ha consolidado sus servicios públicos mediante la plataforma digital GOV.UK, implementada como parte de una estrategia de gobierno digital orientada a centralizar trámites y permisos en una ventanilla única accesible y centrada en el usuario. Esta plataforma reúne más de 150 servicios esenciales, incluyendo permisos de construcción, licencias comerciales y autorizaciones regulatorias, organizados con criterios de usabilidad y simplicidad. GOV.UK permite a ciudadanos y empresas identificar, solicitar y gestionar permisos a través de procesos digitales estandarizados, eliminando redundancias y reduciendo costos de transacción, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Su desarrollo adoptó un enfoque iterativo, con pruebas piloto y mejora continua, priorizando la interoperabilidad entre agencias y la integración de información en torno a eventos y ciclos de negocio. (OCDE, 2021)
Resultados e impacto esperado
La implementación del SIPS tendrá efectos concretos y significativos en diversos planos. Se estima una reducción promedio del 33% en los tiempos de tramitación, habilitando un aumento directo del PIB en 2,4% en 10 años y una mayor recaudación fiscal por adelanto de flujos y atracción de nuevas inversiones. Según el Informe del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial (2023) se estima que la mayor inversión habilitada por el SIPS podría contribuir con un aumento de la recaudación fiscal de hasta un 0,6% del PIB.
Permitirá también una mayor inclusión de las MIPYMES y cooperativas, al reemplazar permisos por declaraciones juradas en contextos de bajo riesgo, facilitando su formalización, crecimiento y acceso al financiamiento.
En el plano institucional, el SIPS será un paso importante en la Modernización del Estado, mejorando los estándares regulatorios, simplificando y eficientando procesos de autorización, eliminando burocracia y otorgando mayor certeza tanto a grandes desarrolladores de proyectos como a pequeños emprendimientos y personas naturales.
Desafíos
Los principales desafíos radican en la resistencia institucional al cambio, la preparación del personal público, la integración tecnológica y el equilibrio entre agilidad y control.
Será clave implementar estrategias de formación, inversiones en conectividad y ciberseguridad, y mecanismos de seguimiento y fiscalización que garanticen el resguardo de los objetivos de protección sectorial.
Un desafío adicional relevante es el riesgo de incentivos mal diseñados en materia de cumplimiento de plazos. Durante la tramitación legislativa del PDL que establece una Ley Marco Autorizaciones Sectoriales se debatió una norma de responsabilidad funcionaria que establece multas a jefes de servicio, descontadas de sus remuneraciones, en función del atraso promedio en la tramitación de autorizaciones sectoriales. Esto podría generar efectos contraproducentes, llevando a funcionarios a cerrar procedimientos rápidamente, incluso mediante rechazos sistemáticos, por temor a sanciones, sin atender de fondo la calidad ni el mérito de las decisiones. Este tipo de incentivos, si no se diseñan cuidadosamente, podría desacoplarse de los fines del proyecto, sus principios rectores y la certeza jurídica, debilitando el objetivo de una regulación mejor y más confiable.
Proyecciones
En 2025 se espera la aprobación definitiva de la LMAS, la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, y el desarrollo inicial del prototipo funcional de la plataforma digital única, incluyendo pilotos en sectores clave (salud, MOP, DGA).
Bibliografía
BID. (2022). e-Estonia: La e-gobernanza en la práctica.
Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. (2023). Análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile.
Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. (2023). Calidad Regulatoria en Chile:
Una revisión de sectores estratégicos.
Égert, B. (2020). The quantification of structural reforms in OECD countries. OECD Economics Department Working Papers.
Ministerio de Hacienda. (2023). Informe Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial.
OCDE. (2022). Productividad e Inclusión en América Latina.
OCDE. (2023). Product Market Regulation Indicator.
OCDE. (2021). Regulatory Policy Outlook 2021.
OCDE. (2021). Ventanillas únicas para ciudadanos y negocios.
Normativa consultada
Ley Nº19.880. (2003). Establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
Ley Nº21.180. (2019). Ley de Transformación Digital del Estado.
Decreto Supremo Nº22. (2020). Crea la Oficina de Grandes Proyectos.
Proyecto de Ley que “Establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica” (Boletín Nº16.566-03).