Objetivo: Establecer un sistema nacional de Bancos Públicos de Datos que asegure la soberanía digital, fomente el desarrollo de inteligencia artificial y promueva políticas públicas basadas en evidencia.
Metas
- Se proyecta el diseño e implementación del Sistema Nacional de Bancos Públicos de Datos entre los años 2025 y 2028, con una plataforma pública unificada, interoperable y de alta seguridad para la gestión estratégica de datos públicos y privados con impacto nacional.
- Establecer una gobernanza ética y legal de los datos, garantizando que su uso respete derechos individuales, promueva la innovación y fortalezca el desarrollo tecnológico nacional.
- Desarrollar capacidades institucionales para la gestión y análisis de datos públicos en el sector público chileno, formando equipos técnicos en gobernanza y ciencia de datos.
- Fomentar el uso de datos públicos en proyectos de inteligencia artificial, innovación pública y desarrollo de servicios digitales orientados a los ciudadanos.
Métricas
- Contar con una Ley Marco de Soberanía de Datos aprobada y publicada, una plataforma nacional en línea operativa para 2028, y al menos tres sectores priorizados con pilotos funcionales (salud, transporte, medio ambiente).
- Definir y publicar un conjunto de principios y normas técnicas para el uso, anonimización, interoperabilidad y acceso ético de los datos públicos, incluyendo el nombramiento de una red de custodios de datos en 10 servicios clave para 2027.
- Implementar programas de formación para al menos 500 funcionarios públicos en ciencia de datos, ética de la información y ciberseguridad entre 2026 y 2028.
- Lanzar convocatorias anuales abiertas que financien proyectos basados en el uso de datos del sistema nacional, logrando al menos 20 proyectos adjudicados por año a partir de 2027.
Contexto
En la era digital, los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos para el desarrollo económico, científico y social. En particular, su uso es clave para el avance de la inteligencia artificial (IA), la toma de decisiones informadas y el diseño de políticas públicas eficaces. Chile no es la excepción a esta tendencia. Sin embargo, actualmente el país carece de una arquitectura robusta y unificada para gestionar datos de manera estratégica, lo que limita su potencial de desarrollo tecnológico.
Hoy, los datos generados por los ciudadanos y empresas chilenas son mayoritariamente recolectados, almacenados y procesados por corporaciones tecnológicas extranjeras, lo que representa una pérdida de valor para el país. La ausencia de estructuras públicas de gestión de datos debilita la capacidad del Estado para fomentar innovación local, monitorear procesos sociales y responder a emergencias con eficacia, como quedó en evidencia durante la pandemia de COVID-19 y las recientes catástrofes climáticas.
La experiencia internacional demuestra que la creación de plataformas públicas de datos –como los Data Trusts del Reino Unido o GovData de Alemania– puede mejorar la transparencia, reducir las asimetrías de información y fomentar una economía digital más inclusiva y equitativa. En países con sistemas avanzados, los bancos públicos de datos permiten la interoperabilidad entre agencias del Estado, el acceso regulado de universidades y emprendedores a datos públicos, y la creación de mecanismos de gobernanza que protegen los derechos de los ciudadanos.
Además, Chile enfrenta desafíos adicionales en cuanto a la fragmentación institucional. Distintas bases de datos operan sin coordinación, con múltiples estándares, lo que genera duplicaciones, brechas y pérdida de calidad en los registros. Esta falta de cohesión reduce la efectividad de las políticas públicas, limita la evaluación de impacto y restringe la innovación basada en datos.
Por todo lo anterior, es urgente avanzar hacia la creación de un sistema nacional de bancos públicos de datos que no solo garantice la seguridad y privacidad de la información, sino que también asegure su utilización con criterios de justicia, equidad territorial, y desarrollo nacional. Esta iniciativa puede posicionar a Chile como referente en política industrial digital en América Latina, fortaleciendo su soberanía tecnológica y su capacidad de innovación.
Intervención
La propuesta consiste en el diseño e implementación del Sistema Nacional de Bancos Públicos de Datos (SNBPD), una estructura pública encargada de la recopilación, almacenamiento, protección y distribución controlada de datos generados en el país. Esta iniciativa se desarrollará en tres etapas: habilitación normativa e institucional, implementación técnica y piloto sectorial.
En primer lugar, se elaborará una Ley Marco de Soberanía de Datos, que reconozca los datos generados en Chile como un activo estratégico nacional, establezca derechos ciudadanos sobre su uso, y cree los mecanismos de gobernanza para su gestión ética. Esta ley incluirá definiciones claras de datos sensibles, abiertos, anonimizados, y los estándares para su interoperabilidad.
En segundo lugar, se diseñará una plataforma digital unificada con capacidades de interoperabilidad, inteligencia artificial aplicada, y trazabilidad de acceso. Esta infraestructura estará alojada bajo una Agencia Nacional de Datos, que funcionará con estándares de ciberseguridad de clase mundial, y en colaboración con universidades, centros de I+D y actores privados autorizados.
En tercer lugar, se ejecutará una prueba piloto en sectores críticos como salud, transporte y medio ambiente, utilizando metodologías de “sandbox regulatorio” para evaluar riesgos, oportunidades y aprendizajes. Se desarrollarán guías éticas y protocolos de acceso para actores del ecosistema digital, priorizando el uso de datos con fines de innovación pública, equidad social y productividad nacional.
La intervención incluye también un componente de formación de capacidades dentro del Estado, para asegurar que funcionarios públicos y equipos técnicos puedan utilizar, analizar y proteger datos de forma eficiente. Se considerará, además, la creación de una red nacional de “Custodios de Datos Públicos”, responsables del cumplimiento normativo y ético en cada ministerio o servicio.
Referencias comparadas y cooperación internacional
El modelo de los Data Trusts en el Reino Unido ha sido pionero en la creación de estructuras independientes que resguardan los datos en beneficio colectivo. A través del Open Data Institute (ODI), se han implementado pilotos en sectores como transporte, salud y medioambiente, demostrando que una gestión ética y transparente puede aumentar la confianza ciudadana y atraer inversiones tecnológicas responsables.
GovData en Alemania constituye otra experiencia ejemplar. Esta plataforma centraliza los datos abiertos del gobierno federal, facilitando su reutilización con fines de investigación, desarrollo y diseño de políticas públicas. La plataforma, operativa desde 2013, ha sido clave para impulsar modelos predictivos de tráfico, políticas de salud basadas en datos y eficiencia en la gestión pública.
Francia, por su parte, ha desarrollado la Plataforma Nationale des Données de Santé (Health Data Hub), que permite el uso de datos sanitarios con altos estándares de anonimización y control ético, promoviendo innovación médica e investigación pública en salud.
En América Latina, Uruguay destaca por su Sistema Nacional de Información sobre Beneficiarios, que centraliza datos sociales y permite la articulación de programas públicos, reduciendo el clientelismo y mejorando la equidad en la asignación de recursos.
Resultados e impacto esperado
El Sistema Nacional de Bancos Públicos de Datos permitirá a Chile avanzar hacia una política de desarrollo digital soberana y sostenible. Se espera una mejora significativa en la capacidad de análisis y anticipación del Estado, posibilitando decisiones basadas en evidencia y políticas públicas más eficaces.
El acceso regulado a datos públicos fomentará un ecosistema de innovación nacional, impulsando el desarrollo de soluciones tecnológicas en sectores estratégicos como salud, transporte, seguridad y medioambiente. Las universidades, centros de investigación y startups podrán beneficiarse de información estructurada para resolver problemas complejos.
En términos de impacto económico, la valorización de los datos como activo estratégico permitirá atraer inversiones tecnológicas, generar empleos de calidad y reducir la dependencia de plataformas extranjeras, lo que es clave para fortalecer la autonomía digital del país.
Desafíos
Uno de los principales desafíos será garantizar la protección de la privacidad y los derechos digitales de los ciudadanos, evitando filtraciones, usos indebidos o vigilancia excesiva por parte del Estado o privados.
También será necesario superar resistencias culturales e institucionales, dado que actualmente muchas entidades públicas tienden a operar en silos y con poca disposición a compartir información. Habrá que fomentar una nueva cultura de datos en el Estado.
La infraestructura tecnológica requerida para una plataforma interoperable y segura implicará una inversión significativa y sostenida. Además, se deberá diseñar un modelo de gobernanza transparente que evite la captura institucional o el uso indebido de datos con fines políticos.
Finalmente, existe el desafío de que los beneficios del sistema lleguen realmente a todas las regiones del país, evitando una centralización excesiva de capacidades en Santiago y promoviendo equidad territorial en el acceso y uso de datos.
Proyecciones
Para el año 2030, se proyecta que el Sistema Nacional de Bancos Públicos de Datos sea una pieza central de la política digital chilena, con cobertura nacional y estándares de clase mundial.
El sistema podrá integrarse a iniciativas de gobernanza regional digital, promoviendo una agenda de “regionalismo digital latinoamericano”, que fomente el intercambio de buenas prácticas, la interoperabilidad transfronteriza y la defensa de los derechos digitales en el contexto global.
A nivel económico, se espera que los datos públicos administrados bajo este sistema contribuyan a la creación de nuevos modelos de negocios, servicios digitales ciudadanos e innovación en sectores productivos clave.
Además, se prevé que la plataforma sea reconocida como una herramienta de gestión pública moderna, que fortalezca la transparencia, la eficiencia estatal y la capacidad de respuesta ante emergencias, como pandemias, crisis climáticas o desastres naturales.
Bibliografía
Open Data Institute (ODI). “What is a Data Trust?”. Disponible en: https://theodi.org
Data Trusts Initiative. “Exploring Data Governance Models”. Disponible en: https://datatrusts.uk
GovData Germany. “Open Data Strategy of the German Government”. Disponible en: https://www.govdata.de
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2021). “Data Governance for Growth and Well-being”. Disponible en: https://www.oecd.org
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). “Transformación Digital y Soberanía de Datos en América Latina”.
Organización Internacional del Trabajo. (2022). “Data Strategies and Labor Policy in the Digital Age”.
Normativa consultada
Ley Nº19.628. (1999). Ley sobre Protección de la Vida Privada.
Ley Nº21.180. (2019). Ley sobre Transformación Digital del Estado.
Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. (Boletín Nº11.144-07).
Ley Nº21.663. (2024). Ley Marco de Ciberseguridad.
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea (referencia comparada). Decreto Supremo Nº22. (2020). Crea la Oficina de Grandes Proyectos.