Casas de Bienestar y Comunidad: prevención comunitaria del delito y recuperación de espacios públicos

Metas

• Para el año 2027, se espera la entrada en funcionamiento de la primera Casa de Bienestar y Comunidad en una comuna a definir, como piloto. Para el año 2030, se espera la expansión del programa a 10 comunas del país, correspondientes al 25% de las comunas calificadas como Urgente-1 en el ranking Índice Más Equidad, Más Seguridad (IMEMS).
• Para el año 2030, se espera una reducción de la reincidencia juvenil general a un 10% a los 12 meses.
• Para el año 2030, la sistematización de los resultados obtenidos en los programas ejecutados por las Casas de Bienestar permitirá realizar diagnósticos efectivos y actualizados de la situación socio delictual de barrios de alta vulnerabilidad, informando la toma de decisiones de política pública al efecto.

Métricas

• Definir comunas de alta vulnerabilidad socio delictual que participarán de la propuesta, dando prioridad a aquellas que encabezan el Índice IMEMS. Esto, bajo criterios de gradualidad en la implementación de la iniciativa.
• Determinar oferta programática de dinámicas comunitarias, tales como talleres deportivos, culturales, entre otros.
• Definir condiciones de ingreso a programas de intervención, así como mecanismos de medición de los avances de los mismos y de egreso de ellos. Implementar indicadores para la detección, manejo y derivación de casos de especial complejidad.
• Establecer protocolos de articulación con servicios municipales, estatales y privados, para derivación y seguimiento de casos específicos.

Contexto

En los últimos años, la delincuencia juvenil en Chile ha experimentado un crecimiento relevante. Según cifras del Ministerio Público, en el año 2023 se alcanzó un récord en el número de infractores menores de edad, con 36.468 a nivel general y distinta participación según el tipo de delito que se contabilice (La Tercera, 2024). Ello ha motivado distintas reacciones en la opinión pública, las que sin embargo apuntan mayoritariamente a la necesidad de endurecer y aumentar las penas contra menores que cometen delitos.

En este contexto, y en el ánimo de buscar soluciones efectivas a la problemática introducida, cabe preguntarse dónde se encuentra el origen del fenómeno de la delincuencia juvenil. Pese a que pueden reconocerse múltiples causas de este, autores han planteado que no puede entenderse como un hecho “individual y aislado” (Méndez, 2008, párr. 32), sino que se ve fuertemente influenciado por condiciones del entorno. En palabras de Cooper, la delincuencia no es “solo un producto de conductas desviadas y simplemente criminales” (2005), sino que debe ser estudiada y analizada desde las condiciones sociales que se traducen en factores de riesgo psicosocial.

En el caso de los menores de edad, estos “factores de riesgo” pueden expresarse de múltiples formas: ambientes familiares disfuncionales, falta de acceso a salud, educación, consumo de sustancias ilícitas, entre muchos otros. Todos, sin embargo, se relacionan con la exclusión de niños, niñas y adolescentes de las estructuras formales de la sociedad a causa de la pobreza, o en otras palabras, segregación, entendida como el apartar a una persona de otras. Esta separación favorece la desvinculación de menores de edad y sus familias de redes de apoyo y servicios, tanto públicos como privados, causando el escenario perfecto para la reincidencia de los primeros en la comisión de delitos.

Ante este escenario, en el año 2005 la Municipalidad de Peñalolén diseñó y puso en práctica un programa social denominado “Construyendo a Tiempo en Comunidad” (CATC). Este consiste en una estrategia de articulación de distintos servicios de la Municipalidad en torno a la prevención del delito en la comuna, por medio de acciones orientadas a la reducción de los factores de riesgo que amenazan a niños, niñas y adolescentes de la comuna y a sus familias. En específico, el programa contempla el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas en barrios de alta vulnerabilidad dentro de Peñalolén, para así promover la cohesión dentro de las comunidades, fortalecer sus capacidades preventivas del delito y romper los ciclos de violencia en que se ven inmersos los menores de la comuna desde muy temprana edad. Esto, de la mano con un dispositivo psicosocial, encargado de realizar detecciones tempranas de casos de especial complejidad individual/familiar y realizar intervenciones particulares en los casos que corresponda (derivando a la red pública/privada en caso de ser necesario).

Si bien el programa se inició hace aproximadamente 20 años, este continúa funcionando hasta el día de hoy, con excelente recepción por parte de las familias de Peñalolén. Solo en el año 2023, se registró a 705 niños, niñas y jóvenes inscritos en los talleres del programa, pertenecientes a 10 barrios priorizados para el año. Al mismo tiempo, 93 familias fueron atendidas por el dispositivo psicosocial (Municipalidad de Peñalolén, 2024). El éxito del programa es claro, y lo es aún más la valoración de este por parte de infancias y sus núcleos familiares, demostrando hasta el día de hoy su vigencia.

Los autores especializados han sido enfáticos en destacar la influencia del entorno y las experiencias de vida en la formación de conductas antisociales en menores de edad, lo que luego termina por traducirse en conductas delictuales (Fundación Paz Ciudadana, 2006). Ello, sin embargo, puede ser evitado, por medio de políticas públicas que se hagan cargo de la segregación que experimentan las infancias y familias que habitan barrios vulnerables. La experiencia demuestra que acercar los servicios a las personas, a la par de trabajar conductas y habilidades pro sociales, disminuye la violencia e inseguridad que experimenta la ciudadanía, quizás el factor de riesgo más relevante para la configuración de conductas delictuales. El caso del programa CATC de Peñalolén es un ejemplo claro de ello.

Intervención

En el contexto planteado, se propone la extensión y fortalecimiento del programa CATC, por medio de la creación de Casas de Bienestar y Comunidad. Estas consistirán en instituciones nuevas, dependientes de las municipalidades que correspondan, materializadas en casas que se instalarán en barrios de especial vulnerabilidad, con dos objetivos fundamentales: el fortalecimiento de conductas pro sociales en NNA y la reducción de factores de riesgo delictivo a nivel familiar y comunitario.

Bajo el primer objetivo, se proyecta la conformación de equipos multidisciplinarios, los que se encargarán de llevar a cabo intervenciones sociales a nivel individual, familiar y comunitario. Respecto al primer y segundo nivel, se propone la creación de un equipo psico social encargado de ofrecer atención psicológica gratuita y asesoría en temas financieros, sociales, entre otros, a menores y sus familias. Lo anterior, derivando a la red de servicios municipales o estatales y realizando el seguimiento correspondiente en los casos que corresponda.

Respecto al tercer nivel, se sugiere la conformación de un segundo equipo, encargado de llevar a cabo talleres comunitarios, tanto deportivos como culturales. Así, se promoverá el uso de los espacios públicos por parte de vecinos y vecinas, fomentando habilidades sociales en NNA y favoreciendo la cohesión en las comunidades. Es relevante destacar que, en el marco de los talleres señalados, se proyecta la detección temprana de casos individuales de especial conflictividad/ vulnerabilidad, los que deberán ser derivados al equipo encargado de las intervenciones individuales y familiares.

Cada una de las medidas descritas, desde su diseño hasta sus resultados, deberá ser registrada en una plataforma digital interconectada y disponible para consulta de todas las direcciones municipales que intervengan en temáticas relacionadas con NNA y organizaciones comunitarias. Con ello, se proyecta la recolección de información relevante que permita informar la toma de decisiones a nivel municipal, por ejemplo, para la destinación de recursos al mejoramiento de la infraestructura de barrios determinados.

Resultados e impacto esperado

Para la implementación de la propuesta, se sugiere la definición de una primera comuna “piloto”, en la que se proyecta esté operativa la primera Casa de Bienestar y Comunidad para el año 2027. En la definición de esta, se propone considerar la información entregada por el Índice Más Equidad, Más Seguridad (IMEMS), gestionado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el que identifica a la comuna de Santiago como aquella con mayor vulnerabilidad socio delictual al año 2024.

A partir de ello, para el año 2030, se proyecta el funcionamiento de Casas de Bienestar y Comunidad en 10 comunas del país, o el número equivalente al 25% de aquellas calificadas como Urgente-1 (mayor índice de vulnerabilidad socio delictual) en el ranking IMEMS. Para esa misma fecha, se proyecta que la información recabada sobre las intervenciones desarrolladas permita orientar la toma de decisiones a nivel municipal, al permitir identificar necesidades en torno a recuperación de espacios públicos, control de seguridad pública, entre otros temas.

A largo plazo, se espera extender el alcance de este último resultado esperado al ámbito nacional. En otras palabras, se espera que los datos que se obtengan en cada Casa informen la toma de decisiones de política pública a nivel país, por medio de facilitar a las autoridades pertinentes la formulación de diagnósticos, estrategias y evaluaciones adecuadas a la realidad actual, en materia de prevención del delito y protección a NNA.

De esta manera, se espera incidir en particular en las cifras actuales sobre delincuencia juvenil. Mediante la suma de esfuerzos descrita, que contempla desde intervenciones locales hasta políticas públicas nacionales, se espera reducir en un 25% las cifras actuales de reincidencia delictual juvenil al año de cumplir la condena correspondiente.

Desafíos

A la hora de formular el presente instrumento de transformación, se identifican dos desafíos principales a los que podría enfrentarse en la práctica: descoordinación con servicios estatales de protección a infancias y posible estigmatización de barrios vulnerables.

En cuanto a la posible descoordinación con servicios estatales, tales como los contemplados dentro del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, debe precisarse que estos han estado históricamente sujetos a una altísima demanda de atención, lo que posibilita cruces de información con una iniciativa como las Casas de Bienestar y Comunidad. Por lo tanto, ello debe ser abordado mediante acuerdos y convenios de cooperación en el trabajo con infancias, con el fin de dejar establecidas desde el primer momento las facultades y responsabilidades de cada instancia.

Respecto a la posible estigmatización de barrios de alta vulnerabilidad, resulta necesario considerar una respuesta que aborde la problemática desde sus distintas dimensiones. Dado que dicho desafío se alimenta en gran medida de la cobertura mediática de ciertos barrios, una primera forma de contrarrestarlo es impulsando el diálogo entre vecinos, como una forma de romper la dinámica de auto marginación derivada de la estigmatización pública de determinados sectores. Al respecto, se sugiere que las mismas Casas de Bienestar y Comunidad, en el marco de la oferta de actividades comunitarias que dicten, consideren también jornadas de diálogo y trabajo vecinal, de manera de promover la cooperación en favor del mejoramiento de los barrios.

Proyecciones

Mucho se ha hablado de la “deuda de Chile con los niños”. Desde hace años, académicos y autoridades han hecho presente las graves deficiencias del aparato estatal en la protección de niños, niñas y adolescentes, hecho que se ha traducido en circunstancias lamentables. Entre ellas, la delincuencia juvenil destaca como un fenómeno al alza, cada vez más complejo y sofisticado.

Si bien los autores han elaborado diferentes teorías para explicar el origen de la delincuencia en menores de edad, lo cierto es que la gran mayoría coincide en que las condiciones del entorno y de vida de NNA inciden de manera relevante en el desarrollo de conductas antisociales, las que luego terminan por convertirse en conductas derechamente delictuales. Por ello, se ha destacado la importancia de intervenir tempranamente en el ciclo de vida de niños, niñas y adolescentes insertos en contextos de alta vulnerabilidad, con el fin de reducir los factores de riesgo que puedan inducir a la comisión de delitos.

El programa CATC, de la Municipalidad de Peñalolén, recoge esta premisa por medio de la ejecución de intervenciones individuales y comunitarias en barrios de alta complejidad dentro de la comuna. El presente instrumento de transformación viene a proponer la expansión de la iniciativa y su fortalecimiento, por medio de la creación de una nueva institucionalidad: las Casas de Justicia y Bienestar. Tal como su nombre lo indica, consistirán en casas físicas que alojarán a equipos municipales multidisciplinarios, encargados del diseño, aplicación y evaluación de programas de intervención social a nivel individual, familiar y comunitario.

Con lo anterior, se busca facilitar la identificación de necesidades específicas en barrios vulnerables, en términos de recuperación de espacio público, seguridad pública, falta de acceso a servicios básicos, etc. A largo plazo, se proyecta la expansión de aquello al territorio nacional, permitiendo que las iniciativas y evaluaciones que se lleven a cabo en las Casas de Bienestar de todo el país informen la toma de decisiones de política pública relevantes para el cuidado de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Así, se busca un objetivo relevante: la disminución de la reincidencia delictual juvenil en un 25% para 2030, respecto de las cifras actuales.

La experiencia demuestra que ambientes menos violentos e inseguros inciden positivamente en menores de edad, alejándolos de conductas antisociales y protegiéndolos de redes delictuales. Una comunidad unida y activa es un actor fundamental en la disminución de la sensación de inseguridad y en el cuidado de sus propios integrantes, sobre todo si se trata de menores de edad. Puesto que la “deuda de Chile con los niños” aún se encuentra vigente, y para saldarla resulta necesario ir hacia su base: el entorno diario e inmediato de NNA. El presente instrumento de transformación viene a ofrecer una alternativa para ello, buscando resguardar así al futuro de Chile.

Bibliografía

Batarce, M. Carvajal Vega, J. (2024, 3 de marzo). Cifra de menores de edad infractores de ley alcanza récord en 7 años. La Tercera.Disponible en: https://www.latercera.com/nacional/noticia/cifra-de-menores-de-edad-infractores-de-ley-alcanza-record-en-siete-anos/ERZDJJZWWNDCXNZHC4RL22YV4A/#

Fundación Paz Ciudadana (2006). Prevención social del delito. Pautas para una intervención temprana en niños y jóvenes.Disponible en: https://pazciudadana.cl/biblioteca/documentos/prevencion-social-del-delito-pautas-para-una-intervencion-temprana-en-ninos-y-jovenes/

Méndez, P. Barra, E. (2008). Apoyo Social Percibido en Adolescentes Infractores de Ley y no Infractores. Psykhe (Santiago), 17(1), 59-64.