Objetivo: Garantizar la equidad e inclusión en el sistema educativo chileno mediante el fortalecimiento de las condiciones basales de los establecimientos: infraestructura resiliente y accesible, transporte escolar pertinente, recursos pedagógicos modernos y desarrollo profesional docente. Todo ello para asegurar experiencias de aprendizaje significativas y adecuadas a los desafíos del siglo XXI, donde ningún estudiante –sin importar su origen, territorio o condición– quede atrás.
Meta
Lograr que, en un plazo de cinco años, el 100% de los establecimientos públicos alcance condiciones mínimas de infraestructura segura y accesible, equipamiento didáctico adecuado y transporte escolar pertinente, además, que el 85% del profesorado acceda a oportunidades de perfeccionamiento profesional en temáticas de inclusión, sostenibilidad y aprendizaje significativo. Así se busca reducir brechas de equidad y garantizar la permanencia y progreso escolar en todas las regiones del país.
Métricas
- Infraestructura:
- Evolución anual de la inversión pública en mejoramiento de infraestructura escolar y ejecución presupuestaria (DIPRES, 2024).
- Porcentaje de establecimientos con estándares de accesibilidad universal, eficiencia energética y habitabilidad adecuados (Agencia de Sostenibilidad Energética, 2024).
- Recursos didácticos/equipamiento:
- Porcentaje de establecimientos dotados con materiales pedagógicos y equipamiento actualizado para el aprendizaje (informes MINEDUC y convocatorias para equipamiento escolar).
- Cantidad y diversidad de recursos didácticos disponibles para docentes y estudiantes por nivel y modalidad educativa.
- Acceso físico/transporte educativo:
- Evolución de beneficiarios y comunas cubiertas por el Programa de Transporte Escolar Rural (MINEDUC).
- Número y cobertura territorial de Oficinas Locales de Educación Pública.
- Desarrollo docente:
- Porcentaje y número de docentes que acceden a plataformas de perfeccionamiento (CPEIP Docente en Línea) en temáticas como inclusión, sostenibilidad y didáctica innovadora.
- Indicadores de autoestima académica, asistencia, retención y equidad de género por género y territorio (IDPS – Agencia de Calidad de la Educación).
Contexto
Los estudiantes chilenos pasan, en promedio, entre el 12% y el 13% del año en una sala de clases (básica y media respectivamente). Diversos estudios evidencian que la calidad de los aprendizajes depende de factores familiares, comunitarios, escolares y del propio sistema educativo (Vegas & Petrow, 2008), pero dentro de la escuela, el rol docente y las condiciones físicas del entorno escolar son claves para el aprendizaje y el bienestar socioemocional. La infraestructura escolar juega un papel ineludible: su diseño, confort, accesibilidad y resiliencia ambiental impactan directamente en la permanencia y motivación estudiantil, así como en los aprendizajes alcanzados (UNESCO, 2016; Agencia de Sostenibilidad Energética, 2024).
Sin embargo, la calidad de la infraestructura no basta por sí sola. Debe articularse con políticas públicas coherentes, inversión sostenida y sistemas de gestión capaces de ejecutar los presupuestos y responder a desafíos cambiantes: desde enfrentar daños por desastres o déficit de mantención, hasta adaptarse al cambio climático con énfasis en la eficiencia energética y el uso de energías renovables –Chile es líder regional en potencial solar y eólico–. En la zona sur, garantizar el confort térmico es tan importante como el acceso físico, pues determina la salud y la asistencia regular de los estudiantes.
La inversión en infraestructura ha presentado avances sostenidos en los últimos años: en 2024, el presupuesto para mejoramiento y mantenimiento de la educación pública superó los $145 mil millones de pesos, con foco en la reparación, adaptación y construcción de espacios seguros, sostenibles y acogedores (DIPRES, 2024). No obstante, la ejecución efectiva se enfrenta a desafíos de gestión y a la falta de planificación plurianual, derivando en atemporalidades entre aprobación, ejecución y uso real de espacios educativos.
El acceso físico a los establecimientos educacionales continúa siendo un factor estructural fundamental que incide directamente en la equidad del sistema escolar. Las comunidades rurales, que representan una parte importante del territorio chileno, muchas veces enfrentan trayectos extensos, caminos en mal estado o falta de transporte regular para llegar a las escuelas y/o liceos. El transporte escolar rural cumple una función esencial no solo como servicio logístico, sino también como política pública que garantiza el derecho a la educación, beneficiando especialmente a estudiantes de zonas aisladas y con menor densidad poblacional (MINEDUC, 2024; DIPRES, 2018). Según datos del Centro de Estudios MINEDUC, existen 278.422 estudiantes (7,8%) distribuidos en 3.137 establecimientos rurales del país.
Uno de los instrumentos críticos es el “Concurso de Apoyo al Sistema de Transporte Escolar Rural”, que financia proyectos para trasladar estudiantes entre sus hogares y sus escuelas públicas en comunas rurales o en situación de aislamiento crítico (MINEDUC, 2024).
Junto a ello, contar con materiales pedagógicos y equipamiento actualizado en aulas es otro factor determinante tanto para el aprendizaje como para la permanencia y motivación estudiantil. La falta de libros, mobiliario ergonómico, recursos para necesidades especiales o espacios adecuados limita enormemente la experiencia educativa, acentuando brechas históricas.
El desarrollo profesional docente es el último –pero no menos importante– eslabón estratégico. Hoy, plataformas como “Docente en Línea” del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) y cursos presenciales amplían y diversifican las alternativas de perfeccionamiento en inclusión, sostenibilidad, didáctica innovadora y adaptación curricular. Un profesorado capacitado y motivado puede transformar realidades y superar las limitantes estructurales.
Intervención
Inspirada en el principio de equidad territorial y el derecho a una educación significativa, esta política articula tres instrumentos habilitantes clave:
A) Infraestructura resiliente, accesible y sustentable:
- Implementar un Fondo Plurianual de Infraestructura Escolar basado en habitabilidad, accesibilidad universal, eficiencia energética y adaptación al cambio climático (por ejemplo, acondicionamiento térmico en zonas australes y sistemas de energía renovable).
- Fortalecer la articulación entre Servicio Local de Educación Pública (SLEP), municipalidades y MINEDUC para maximizar la ejecución eficiente de los recursos, priorizando criterios regionales y comunitarios.
B) Garantía de transporte escolar digno y eficiente:
- Expansión y actualización anual del programa de Transporte Escolar Rural, adaptando cobertura a nuevas realidades demográficas y territoriales.
- Incentivo a soluciones colaborativas y locales (municipales, comunitarias, alianzas público-privadas) para superar brechas de acceso, especialmente en invierno o zonas de difícil geografía.
C) Materiales pedagógicos, recursos físicos y fortalecimiento docente:
- Plan nacional de dotación y renovación de recursos didácticos, mobiliario y materiales para necesidades educativas especiales en todos los niveles y modalidades.
- Potenciación del acceso a perfeccionamiento docente en línea y presencial, en temáticas de inclusión, equidad, sostenibilidad e innovación didáctica, distribuidos territorialmente y con instrumentos de mentoría, acompañamiento e incentivo.
Para asegurar impacto, la intervención requiere mecanismos claros de monitoreo, participación activa de las comunidades escolares y reportabilidad transparente, garantizando trazabilidad y aprendizaje institucional en cada región y comuna.
Desafíos
Entre los principales desafíos se cuentan:
- Descentralización efectiva, gestión y ejecución presupuestaria: mejorar la coordinación entre SLEP, municipios y MINEDUC, evitando trabas administrativas y maximizando la capacidad regional.
- Planificación plurianual: infraestructura y equipamiento requieren horizonte de años y estabilidad presupuestaria (DIPRES, 2024).
- Equidad territorial y atención a la diversidad: políticas diferenciadas según contexto rural, urbano y pueblos originarios, velando por acceso y pertinencia cultural real.
- Adaptabilidad a escenarios de crisis: contar con mecanismos de respuesta ágil ante desastres naturales o emergencias nacionales.
- Movilización y crecimiento de la profesión docente: asegurar programas atractivos, pertinentes e incentivados de perfeccionamiento y colaboración profesional.
Resultados y proyección
El fortalecimiento de las condiciones basales de la experiencia escolar se traducirá en mayor asistencia, permanencia y autoestima académica en las y los estudiantes, reduciendo inasistencias y abandonos, especialmente en sectores alejados y vulnerables. Una infraestructura adecuada, materiales actualizados, transporte digno y un profesorado robusto sentarán las bases para aprendizajes profundos, ciudadanía activa e inclusión efectiva, haciendo de la escuela un pilar del tejido social y territorial del país.
La integración de criterios de sostenibilidad convertirá a los establecimientos en agentes de cambio local, y equipar a las comunidades con recursos físicos y pedagógicos reduce desigualdades históricas, asegurando que la educación sea bien público nacional y generador de bienestar social.
Impacto
Asegurar el acceso, permanencia y progreso escolar en condiciones dignas es imperativo ético y estratégico para el futuro chileno. Escuelas resilientes, transporte escolar digno, materiales pedagógicos modernos y una docencia fortalecida conforman el núcleo de una educación transformadora. Desde el norte hasta la Patagonia, ningún niño o niña debe quedar privado de una experiencia escolar significativa, que habilite vida y desarrollo humano pleno.
Bibliografía
Vegas, E., & Petrow, J. (2008). Incrementar el aprendizaje estudiantil en América Latina: El desafío para la Ley de Presupuesto en Educación (2020-2025), Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile.