Fondo Regional de Seguridad: prevención comunitaria del delito para reconstruir el tejido social

Metas

• Para el año 2026, se proyecta el diseño de la iniciativa y su inclusión en la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2027. Para este último año, se espera el desarrollo del proceso de difusión asociado y la primera entrega de fondos a proyectos de organizaciones civiles y juntas de vecinos.
• Para el año 2027 el proyecto se presentará a evaluación ex ante del sector público con miras a obtener retroalimentación sobre el diseño e impacto del fondo.
• Para el año 2030, la iniciativa se encontrará operativa en todas las regiones del país, lo que permitirá evaluar el desarrollo de iniciativas locales de prevención del delito y la obtención de indicadores actualizados al respecto, que informarán decisiones de política pública. Se espera aumentar la eficiencia del gasto en seguridad, reduciendo indicadores claves focalizando recursos en donde más se necesitan.

Métricas

• Proporción del presupuesto que se asignará a cada Gobierno Regional para ser destinado al Fondo Regional de Seguridad.
• Definir los criterios a partir de los cuales se priorizarán los proyectos que solicitarán financiamiento al Fondo, con especial consideración a barrios y comunidades históricamente “rezagadas”.
• Establecer condiciones de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la ejecución de los proyectos financiados.

Contexto

Uno de los principales desafíos a la hora de diseñar e implementar políticas de prevención del delito eficaces y eficientes recae en la etapa de diagnóstico e identificación de las problemáticas a abordar. Mediante la correcta identificación de las necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad es posible abordarlas de manera efectiva y con resultados perdurables en el tiempo.

En este sentido, es de común acuerdo entre los expertos en la materia que, a la hora de definir los puntos críticos a abordar en torno a prevención del delito, las comunidades y sus respectivos dirigentes son quienes reconocen de manera cabal las necesidades de sus territorios, la urgencia de las mismas y posibles formas de solucionarlas. La experiencia al respecto da cuenta que la participación de la ciudadanía y su involucramiento en la gobernanza de la seguridad es fundamental para la prevención del delito y la violencia, idea que se ha visto reflejada en cada vez más iniciativas de prevención comunitaria en Latinoamérica (Arias, 2019).

Pese al extendido reconocimiento de la importancia de la participación ciudadana en políticas públicas de prevención de la criminalidad, las comunidades aún enfrentan obstáculos importantes para su plena inserción en dicha dinámica (Gearhart, 2022). Uno de ellos corresponde a mecanismos efectivos de participación y financiamiento para las prioridades ciudadanas, lo que afecta principalmente a las comunidades más vulnerables económicamente del país, y no solo dificulta la implementación de políticas públicas nacidas de la ciudadanía, sino su sostenibilidad en el tiempo. En esa línea, Dammert (2005) afirma que “la búsqueda de financiamiento propio suma un notable problema en aquellas comunidades empobrecidas en las que sus habitantes colaboran con su tiempo como recurso principal”.

A la fecha, se han hecho avances en la materia que deben ser considerados en la discusión. La reciente modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que permitió la eliminación de la concursabilidad de los fondos municipales en materia de seguridad, es una medida que facilita de sobremanera el apoyo a iniciativas locales en materia de seguridad. Sin embargo, dado que la medida también implica tensionar las capacidades de los municipios a la hora de distribuir los fondos mencionados, es necesario considerar otras fuentes de apoyo a proyectos barriales, en términos financieros.

Al respecto, los Gobiernos Regionales destacan como instituciones que cuentan con fondos disponibles para la ciudadanía, en sustento de sus proyectos en diversas temáticas. No obstante, estos mantienen una lógica de concurso público en su distribución, dificultando su obtención para quienes no cuentan con el tiempo o la asesoría adecuadas para su postulación. Más aún, corriendo el riesgo de que los fondos no sean entregados necesariamente a las comunidades de mayor vulnerabilidad socio delictual, sino que a aquellas que tienen la posibilidad de preparar una postulación a los mismos. Frente a ello, surge la necesidad de replantearse dicha estructura, con el objetivo de optimizar la entrega de recursos a la ciudadanía para proyectos de seguridad y prevención del delito.

Intervención

Con atención a lo expuesto en torno a la eliminación de la concursabilidad de fondos municipales, en el marco del proyecto Sistema Nacional de Seguridad Municipal impulsado por la actual administración, se propone la creación de un Fondo Regional de Seguridad para financiar iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias sin fines de lucro y juntas de vecinos en torno a prevención del delito, especialmente en las dimensiones situacional, social y comunitaria.

Para su implementación, se sugiere la creación en primera instancia de una glosa en la Ley de Presupuestos, en el intertanto se diseña el proyecto de ley que regirá las transferencias. En atención a ello, el presupuesto que se asigne a la iniciativa será asignado anualmente a cada Gobierno Regional, bajo el control de la Dirección de Presupuestos.

Se propone, además, que las iniciativas que soliciten financiamiento del Fondo Regional sean priorizadas según variables como la población beneficiada, ámbito de prevención a abordar, nivel de vulnerabilidad socio delictual del territorio que se planea intervenir, entre otros. Esto, con el objetivo de asegurar la entrega de fondos a aquellas comunidades con necesidades críticas en torno a prevención del delito, históricamente rezagadas. Se espera que aquello sea coordinado por una unidad específica dentro del Gobierno Regional que corresponda, en línea con lo propuesto por el proyecto de ley que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales (Boletín Nº16.132-06).

Finalmente, dicha entrega de recursos deberá llevarse a cabo por medio de convenios de transferencias con el Gobierno Regional correspondiente, los que deberán considerar términos y condiciones para la entrega, detalles de la ejecución del proyecto a financiar y el procedimiento para la rendición de cuentas de su desarrollo.

Resultados e impacto esperado

Se proyecta el diseño y configuración legal del Fondo Regional de Seguridad en un plazo aproximado de 1 año. Así, se espera definir una primera región para la puesta en marcha de la iniciativa, la que estaría en condiciones de recibir las primeras propuestas de proyectos a financiarse luego de la correspondiente campaña de difusión y capacitación a organizaciones civiles y comunitarias.

De esta forma, se espera expandir la implementación del Fondo a todas las regiones del país de manera progresiva, con el fin de abordarlas a todas para el año 2030. Con ello, se busca incidir a corto plazo en aumentar el desarrollo de iniciativas ciudadanas en torno a la prevención del delito, apoyando con ello el trabajo institucional en función de dicho objetivo y aumentando la presencia del Estado en aquellos lugares donde ha sido desplazado por la violencia y la criminalidad.

A largo plazo, se busca empoderar a la ciudadanía en la construcción de comunidades activas, cohesionadas y seguras. Mediante su inclusión en la definición de políticas públicas que apunten a prevenir el delito en su conjunto, se busca disminuir los índices de temor en la población, a la vez que fortalecer su agencia como sujetos partícipes de decisiones que les afecten y con ello, reconstruir el tejido social a nivel nacional.

Desafíos

Los principales desafíos que podría enfrentar la propuesta descrita previamente dicen razón con (1) su aprobación en las instancias legislativas correspondientes, (2) la coordinación con otros programas locales dirigidos a la prevención del delito y (3) posibles cruces de información con programas de financiamiento a nivel municipal.

La dificultad en torno a la aprobación del Fondo en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado se relaciona con las posibles reticencias políticas a la implementación de una medida con las características descritas. Esto, porque en medio de los crecientes índices de comisión de delitos violentos e índices de temor de la población^[1], las medidas propuestas por las autoridades para abordar dicho escenario van mayoritariamente dirigidas al control del delito, sin considerar propuestas de prevención de este (y menos prevención comunitaria).

Además de la necesidad de controlar “la crisis” antes que prevenir, los expertos critican otras debilidades en el diseño e instalación de medidas de prevención del delito. Por ejemplo, Lucía Dammert destaca la poca visibilidad pública de dichas medidas y sus resultados (2005). Ello se traduce en reticencia a las medidas mencionadas, lo que dificulta su respaldo al momento de definición del presupuesto anual del país. Por ello, es necesario volver a instalar en la opinión pública el hecho de que la prevención del delito no es contraria u opuesta al control del mismo. Al contrario, ambas dimensiones de la seguridad pueden y deben desarrollarse de manera conjunta, para combatir la violencia y la inseguridad de forma integral.

En adición a lo anterior, no puede perderse de vista la coordinación con otros programas e instancias de seguridad a la hora de implementar el Fondo Regional de Seguridad, puesto que, de no hacerlo, se corre el riesgo de generar más burocracia y desorganización en el combate a la delincuencia (sin mencionar un posible aumento en la desconfianza en las autoridades y su capacidad de apoyo en temas de seguridad). Para ello, el establecimiento del Fondo debe considerar espacios de coordinación interinstitucional con todas aquellas instituciones que participan del cuidado de la seguridad pública, desde los municipios, las policías y hasta el Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de evitar cruces de información y desorganización que puedan dificultar la sostenibilidad del Fondo Regional de Seguridad en el tiempo.

Finalmente, con el fin de abordar posibles cruces de información con iniciativas de financiamiento de programas a nivel municipal, es necesario que el diseño del presente instrumento de transformación considere en su estructura mecanismos de revisión exhaustiva de las solicitudes que reciba, contrastándolos con datos que mantengan las municipalidades a nivel nacional, así como considerando herramientas de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la implementación de cada proyecto.

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^[1] El Índice Paz Ciudadana 2024 da cuenta de una disminución de la inseguridad respecto al año 2023 pero, de todas formas, ubica al porcentaje obtenido entre los más altos de la serie histórica (27,4% de los encuestados indican tener “mucho temor” de ser víctima de homicidio). 

Proyecciones

En múltiples ocasiones, gobernadores regionales han solicitado públicamente contar con facultades de prevención del delito, con el fin de apoyar al Gobierno en el cuidado de la seguridad pública. Si bien se han hecho avances en la materia, como un proyecto de ley al respecto, el instrumento de transformación propuesto viene a complementar aquello y reforzar la importancia del trabajo conjunto entre la institución mencionada y las comunidades, brindando a estas últimas una estructura pública de apoyo y recursos que les permitan gestionar iniciativas de prevención en comunidad.

Así como es de consenso general el carácter multifactorial del delito y la criminalidad, su abordaje debe ser desde distintos niveles y actores. El actual escenario nacional en cuanto a la comisión de delitos y temor de la ciudadanía exige dejar de lado la falsa dicotomía entre prevención y control del delito y pensar en estrategias combinadas, que integren a todos a quienes afecta el delito y la violencia. En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias sin fines de lucro y las juntas de vecinos son actores con la capacidad necesaria para identificar necesidades de seguridad en sus territorios e idear estrategias para resolverlas, por lo que el Estado debe buscar oportunidades de trabajo conjunto.

En conclusión, el financiamiento eficiente de iniciativas sociales en torno a prevención del delito es una necesidad que atender y a la vez una oportunidad. En tiempos de alta inseguridad, que invita a la individualidad, el presente instrumento ofrece una posibilidad de avanzar hacia comunidades empoderadas, unidas y seguras, reconstruyendo el tejido social y permitiendo pensar en un Estado presente, activo y que cuida a quienes lo integran.

Bibliografía

Arias ED. Social Responses to Criminal Governance in Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Kingston, and Medellín. Latin American Research Review. 2019;54(1):165-180. doi:10.25222/larr.375

Dammert, L. (2005). Prevención comunitaria del delito en América Latina. Desafíos y oportunidades. Desafíos, 13, 124-156. Disponible en: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/689

Fundación Paz Ciudadana. (2024). Índice Paz Ciudadana 2024. Disponible en: https://pazciudadana.cl/proyectos/documentos/resultados-indice-paz-ciudadana-2024/

Gearhart, M. C. (2022). Social cohesion, mutual efficacy and informal social control: Collective efficacy and community-based crime prevention. International Journal of Law, Crime and Justice, 71, 100548. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100548

Normativa consultada

Boletín Nº16.132-06. (2023). Consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, y de apoyo y asistencia a víctimas, a los gobiernos regionales.