Sistema Integrado de Datos de Seguridad: mayor gobernanza de datos para mejor protección de la seguridad pública

Metas

• En base al GSBPM (o Modelo genérico de procesos de producción de registros estadísticos) que se utiliza para integrar estándares en datos y metadatos, documentación de procesos, armonización de infraestructuras de cómputo estadístico y proveer un marco de referencia para mejoras y evaluaciones del proceso de calidad, avanzar hacia el nivel 2 y llegar a la etapa de Prueba piloto del proceso estadístico en 2027.
• Hacia 2030, el Sistema Integrado de Datos de Seguridad proveerá indicadores claves que informen decisiones de política pública y seguridad.

Métricas

• Determinar el número de bases de datos disponibles y relevantes para el Sistema Integrado de Datos de Seguridad.
• Determinar el número de instituciones que aportarán con información.
• Asegurar la gobernanza de los datos y los necesarios convenios de colaboración institucional para compartir información de acuerdo con protocolos, objetivos y usos conocidos.

Contexto

El diseño y evaluación de políticas públicas requiere cimentarse sobre evidencia, especialmente aquellas en materia de seguridad. Y para lograr diagnósticos acertados sobre la realidad nacional actual en torno al delito y la criminalidad, así como para crear soluciones efectivas a las problemáticas existentes en la materia, las distintas instituciones que trabajan en torno a la seguridad pública necesitan datos actualizados y accesibles, que les permitan desempeñar su labor de forma eficiente y conforme a derecho.

A la fecha, una serie de instituciones recopilan estadísticas delictuales a nivel país: Carabineros, Gendarmería, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, Ministerio del Interior y Municipalidades. Cada una de ellas utiliza diferentes plataformas para ello, muchas de las que se encuentran muy poco actualizadas a las nuevas tecnologías disponibles al efecto. Por si eso no fuera poco, ha sido un desafío constante el que dicha información se comparta entre instituciones, lo que entorpece la aplicación de políticas públicas focalizadas en la materia.

En atención a lo descrito, distintos organismos del Estado han hecho esfuerzos para la creación de un sistema unificado de datos dentro del sistema de justicia criminal. En pos de dicho objetivo, han surgido iniciativas como el Banco Unificado de Datos Operativo (BUD), administrado por el Ministerio Público, y el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ambos, sin embargo, tienen limitaciones que deben ser consideradas.

El BUD fue concebido, inicialmente, como una herramienta con dos funciones. Por un lado, el BUD Operativo, en pleno funcionamiento, y por otro el BUD Analítico, aún pendiente de iniciar sus operaciones.El primero registra sólo datos personales de imputados y condenados (Ley Nº20.931, artículo 11), lo que resulta útil para la labor de tribunales y para efectos de persecución del delito, pero es insuficiente para la generación de políticas públicas orientadas a prevención. El segundo, según la legislación correspondiente, está pensado para contener un “sistema actualizado de datos, documentos y otros antecedentes (…) con el fin de evaluar el estado de la seguridad pública interior y la eficacia de las políticas públicas en la materia a nivel nacional, regional y comunal…” (Ley Nº20.502, artículo 3, letra d). Pese a la importancia de dicha iniciativa, el BUD Analítico aún no es concretado en la práctica.

Por otro lado, el CEAD reúne estadísticas delictuales en torno a denuncias formales y detenciones flagrantes efectuadas por Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Considera además otra clase de información, como estudios y encuestas realizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Dado que esta herramienta ha demostrado ser útil en el abordaje de la necesidad de seguridad pública por parte de las instituciones correspondientes, la situación nacional actual en torno a seguridad invita a considerar su fortalecimiento, favoreciendo el cruce de datos entre información policial, información de tránsito, denuncias, entre otros elementos.

Es en este contexto que se destaca la necesidad de diseñar e implementar un sistema unificado e integrado de datos, por medio de recoger las iniciativas existentes al respecto y buscar estructurarlas, mejorarlas y mantenerlas en el tiempo.

Intervención

Con atención a experiencias comparadas como el National Data Analytics Solution (NDAS) de Reino Unido, el CompStat en Nueva York y el sistema Detecta de Sao Paulo, se propone la creación de una plataforma de datos interoperable e integrada para para la prevención del delito, que incluya datos policiales (denuncias, detenciones, etc.), municipales y sociales y que con el tiempo incluya el uso de big data, IA, machine learning y algoritmos predictivos para identificación de pautas delictivas. Para un mayor nivel de disgregación en la información recopilada, se debiera considerar el índice del daño del delito (Kumar et al., 2024), que distingue no sólo ocurrencias del delito, sino también su gravedad, lo que permite explorar patrones criminales más específicos en el territorio e informar la adecuada focalización para su prevención.

La plataforma mencionada estará radicada en el Ministerio de Seguridad Pública. Para su implementación, se propone la integración de las iniciativas de recopilación de información mencionadas previamente (CEAD y BUD Operativo), considerando además los objetivos y contenidos del BUD Analítico. En cuanto al financiamiento requerido para ello, se espera sea definido al momento de discutir y aprobar la Ley de Presupuestos que corresponda.

Además de los datos estadísticos mencionados, es fundamental que la plataforma contemple estudios relevantes para el diseño de políticas públicas en materias de prevención y persecución del delito, además de indicadores para evaluar el impacto y cumplimiento de los objetivos de estas.

Finalmente, en el contexto de la instauración del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Prevención del delito, en el marco del Ministerio de Seguridad Pública, se proyecta que la información recopilada por el Sistema Integrado de Datos sea revisada, analizada y evaluada periódicamente por dichas instancias, con el objetivo de promover el intercambio de información y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Resultados e impacto esperado

Se proyecta la implementación y entrada en funcionamiento de la iniciativa descrita para el año 2027. Según los criterios del Modelo genérico de procesos de producción de registros estadísticos (GSBPM), se proyecta alcanzar el nivel 2 de la escala y una prueba piloto del proceso estadístico para el año 2027. Ya para el año 2030, se espera que el Sistema arroje indicadores claves que informen decisiones de política pública en torno a prevención del delito.

En cuanto a resultados esperados, este instrumento busca proveer a las instituciones pertinentes de estadísticas y análisis en temas relativos a prevención del delito, actualizadas, oportunas y fácilmente accesibles. Con ello, se busca incidir en la planificación operativa y estratégica de políticas públicas de prevención y control del delito focalizadas y eficientes, distribuyendo los aparatos del Estado para ello de forma rápida y eficaz. La experiencia internacional ha ratificado que sistemas de este tipo han sido eficaces a la hora de identificar patrones criminales, reducir la comisión de delitos violentos con políticas públicas focalizadas e identificar zonas críticas para el desarrollo de políticas sociales preventivas.

En suma, el proyecto busca a corto plazo facilitar la identificación de zonas críticas para la intervención con políticas sociales de prevención del delito, permitiendo el diseño de las mismas bajo criterios de focalización y urgencia. A mediano y largo plazo, se proyecta facilitar la identificación de patrones delictivos, la reducción de los índices de comisión de delitos en el ámbito local y nacional y la evaluación efectiva de políticas públicas de seguridad. Todo lo anterior, con el objetivo de disminuir el temor e inseguridad de la población, mejorando su calidad de vida y su confianza en el trabajo coordinado entre instituciones que velan por la seguridad pública.

Desafíos

Al proyectar la instalación del instrumento de transformación expuesto, se identifican tres desafíos fundamentales a abordar: (1) la posibilidad de manipulación de estadísticas por parte de las instituciones que las recopilan, (2) la reticencia de las mismas instituciones a compartir información y (3) el poco interés de las autoridades en la iniciativa, por su menor impacto inmediato en la prevención del delito.

En cuanto al posible incentivo a alterar estadísticas de desempeño por parte de las instituciones involucradas en seguridad pública, ello debe ser abordado por medio de supervisión y evaluación constante de los datos recogidos por el Sistema. Con ese fin, se sugiere dentro del plan de intervención la revisión de las estadísticas mencionadas por parte de los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y Prevención del Delito, para así efectuar un seguimiento periódico de los cambios en las mismas. A la vez, debe considerarse la creación de indicadores específicos para evaluar variaciones estadísticas y su relación con los resultados tras la aplicación de políticas públicas al efecto.

La reticencia de las instituciones a compartir datos sobre crímenes y delitos en el país ha sido denunciada por autoridades desde hace años. A modo de ejemplo, en el contexto de la discusión sobre la implementación del BUD Analítico, Felipe Harboe (ex subsecretario del Interior) manifestó a la prensa que: “(…) hay ciertas instituciones que consideran que entregar las estadísticas les da un ámbito de vulnerabilidad, porque hay terceros que conocen los problemas de gestión que tienen” (El Mercurio, 2024). Para abordar dicha problemática, a la par de la implementación del Sistema debe perseguirse un cambio de enfoque, promoviendo la cooperación interinstitucional como la vía idónea de abordar la llamada crisis de seguridad que afecta al país. Ante todo, se debe reforzar el hecho de que tener datos estadísticos de común acceso y herramientas tecnológicas modernas para su gestión, va en directo beneficio de la gestión interna de las instituciones, apoyando su desempeño en sus labores específicas.

Por último, respecto al posible poco interés de las autoridades en la iniciativa, por tener escaso impacto inmediato en la prevención del delito, es necesario hacer presente que el Sistema Integrado de Datos de Seguridad es un paso previo para poder desarrollar políticas públicas efectivas en torno a la reducción de la criminalidad. En otras palabras, es una base necesaria para asegurar que la información relevante y validada para la seguridad pública fluya entre las instituciones abocadas a dicha tarea, así como para resguardar el que esta sea tomada en cuenta al momento de implementar políticas públicas que impacten en el diario vivir de las personas. En el largo plazo, se espera una mejora en la prevención del delito a nivel nacional, con una institucionalidad mejor informada para abordar el cambiante fenómeno del delito en el país.

Proyecciones

Las políticas de persecución y control del delito, para ser sostenibles en el tiempo, deben complementarse con políticas de prevención. La naturaleza compleja y multifactorial de la criminalidad obliga a pensar estrategias integrales para su abordaje, que no sean únicamente reactivas a la comisión de crímenes y delitos, sino que se adelanten a la ocurrencia de los hechos y busquen evitar que ocurran.

Más allá de los distintos enfoques que puedan tomar las estrategias de prevención del delito, estas comparten un requisito básico y fundamental: deben estar basadas en evidencia. Su formulación debe considerar diagnósticos oportunos y confiables, que se sustenten en datos específicos, validados y actualizados constantemente. Dicha actualización permite, a su vez, evaluar el impacto de las estrategias de prevención mencionadas, así como el cumplimiento de sus objetivos.

El estado de la gobernanza de datos en materia de seguridad en nuestro país es disperso y fragmentado. Las instituciones a cargo de velar por la seguridad pública trabajan sobre múltiples plataformas tecnológicas, muchas de ellas poco actualizadas a nuevas tecnologías, y reticentes a integrar la información entre ellas. Pese a que desde el Estado se han creado iniciativas en pos de organizar dicha situación, aún persiste la necesidad de idear un sistema integrado de datos en materia de seguridad, accesible, moderno y actualizado.

Este instrumento de transformación plantea una estrategia integral para abordar la necesidad crítica de una plataforma unificada de datos, que no solo centralice información actualizada sobre seguridad, sino que además incorpore mecanismos de revisión periódica por parte de autoridades competentes. Su objetivo es servir como base técnica para el diseño de políticas de prevención delictiva con enfoque territorial, complementadas con sistemas de evaluación basados en indicadores de impacto cuantificables.

No obstante, su implementación enfrenta desafíos estructurales, principalmente asociados a la resistencia institucional y desconfianza en modelos basados en evidencia. Frente a esto, es imperativo destacar que el Sistema Integrado de Datos de Seguridad constituye un pilar fundamental para una prevención efectiva: la estandarización de lenguajes técnicos, la accesibilidad transversal de la información y su análisis dinámico permitirán tanto la formulación de estrategias adaptativas como la medición rigurosa de su incidencia en la reducción de la victimización.

En un contexto donde los desafíos en seguridad se intensifican y mutan constantemente, resulta indispensable fortalecer los cimientos de la prevención como eje complementario, no sustitutivo, de la acción reactiva. La intervención oportuna, sustentada en datos confiables y actualizados, no solo potencia la eficacia de las políticas públicas, sino que acelera la obtención de resultados concretos. Estos avances, a su vez, se traducen en una mejora tangible de la calidad de vida ciudadana, al garantizar una vida más amable, segura y tranquila para los y las habitantes del país.

Bibliografía

Kumar, S., Ariel, B., Hodgkinson, W., Brown, R., Harinam, V., Weinborn, C., Hernández, M. C., Rojas, L., Soto, O. F., Plaza, L., & Linton, B. (2024). Domestic abuse hot spots: A longitudinal, place-based analysis of 13 years of initial reports to the police. Policing: A Journal of Policy and Practice, 18. Disponible en: https://doi.org/10.1093/police/paae056

Verdejo, R. (2024, 24 de enero): “Banco Unificado de Datos aún no está en pleno funcionamiento y expertos ven falta de voluntad de instituciones para entregar información”. El Mercurio. Disponible en: https://digital.elmercurio.com/2024/01/24/C/914CO69Q/I34CTFVO.

Normativa

Ley Nº20.931. (2016). Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.

Ley Nº20.502. (2011). Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales.