Parlamentarios de siete países acuerdan avanzar en agenda de política industrial verde rumbo al Congreso Panamericano de Montevideo

Parlamentarios de siete países acuerdan avanzar en agenda de política industrial verde rumbo al Congreso Panamericano de Montevideo

El encuentro reunió a legisladores y especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay en el Ex Congreso Nacional de Santiago para construir directrices compartidas sobre política industrial verde. Por la tarde se llevó a cabo un evento abierto al público que reunió a expertos locales e internacionales.

Parlamentarios y especialistas de siete países se reunieron este jueves en el Ex Congreso Nacional de Santiago en el marco del seminario internacional "Política Industrial Verde desde y para el Sur", el segundo encuentro preparatorio hacia el Congreso Panamericano 2026. Durante la jornada, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una política industrial verde que trascienda las agendas nacionales y se proyecte como una estrategia regional compartida para América Latina.

La discusión permitió identificar sectores prioritarios para esa agenda: minerales críticos, electromovilidad, soberanía digital, transición energética y fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas. Los participantes subrayaron la importancia de vincular estos desafíos a objetivos concretos de justicia social, creación de empleo de calidad y mejora de la calidad de vida, señalando que la política industrial verde debe demostrar resultados tangibles para la ciudadanía sin perder de vista las transformaciones estructurales de largo alcance que la región necesita.

El encuentro fue organizado por el Congreso Panamericano y Rumbo Colectivo, entre otros, y el director ejecutivo de este último, Tomás Leighton, señaló que “hoy día hemos puesto sobre la mesa no solamente principios, sino también políticas concretas. Este es un momento crucial porque la cancillería y el mismo Presidente Kast han anunciado que las capacidades productivas de Chile podrían mejorar en el caso de poder agregarle valor a lo que producimos y diversificar nuestra cartera de exportaciones. Tomamos ese llamado que ha hecho el Ejecutivo y le devolvemos la pelota con una serie de instrumentos concretos. No para achicar el tamaño del Estado, sino para coordinarlo mejor. No para agregar valor con cosas que podríamos pensar a 50 años, sino mejorando las capacidades hoy día. Son cuestiones en las que el país se podría ver beneficiado si avanzamos y acá hemos reunido a especialistas y a políticos que se han comprometido con una agenda en común”.

Los participantes relevaron la necesidad de contar con herramientas que trasciendan los ciclos políticos y permitan dar continuidad a las estrategias de desarrollo. Entre las propuestas discutidas destacaron el fortalecimiento de los bancos públicos de desarrollo, la creación de fondos regionales de garantía, laboratorios de certificación e innovación, una gestión más estratégica de la propiedad intelectual, mecanismos de participación estatal en sectores estratégicos y políticas orientadas a la inclusión productiva de pequeñas y medianas empresas. También reafirmaron que el Estado debe desempeñar un rol activo en la orientación de mercados, la coordinación de inversiones y la construcción de capacidades productivas regionales.

El diputado Gonzalo Winter indicó que “hoy día todo el mundo está teniendo una discusión sobre política industrial y sobre la gravedad que implica externalizar la producción de todo aquello que consumimos. Esto ya no resiste más y Chile tiene que tener una política activa desde el Estado para producir innovación, para agregar valor y para dar un salto en el lugar que ocupamos en las cadenas productivas de valor a nivel mundial. Esta es una disputa que se está dando y que desde el progresismo, en el Congreso Panamericano, estamos generando propuestas para una reindustrialización verde y desde y para el sur, que es lo que nos puede volver verdaderamente soberanos en este momento de la geopolítica”.

En tanto, la diputada Irací Hassler, planteó que “me parece fundamental dar este debate sobre todo en un momento en que en Chile la discusión económica está muy acotada, en que se plantea que simplemente lo que hay que hacer es bajar, bajar impuestos y que por tanto el país va a crecer y va a haber un chorreo que llegue al resto de las personas de Chile y la verdad es que eso no es así. Es fundamental que podamos avanzar a un crecimiento sostenido en el tiempo, basado en el empleo calificado, en proyectos de desarrollo estratégico para nuestros países, en crear valor agregado en nuestra economía y no solo exportar nuestros recursos naturales. Y para eso es fundamental construir política industrial y que sea, además, con una perspectiva sostenible en el tiempo respecto de cómo vamos a vivir, no solo actualmente en el mundo, sino que también hacia adelante”.

La jornada dejó planteado un desafío central que acompañará el proceso hacia Montevideo: cómo combinar una visión estratégica de largo plazo para la transformación productiva de la región con respuestas concretas y visibles que permitan construir apoyo social para esta agenda. Al respecto, la congresista de Perú, Sigrid Bazán, señaló que “hablar de políticas de industrialización verde nos ayuda también a repensar esto no solamente con un objetivo, sino también como un medio para fomentar e incluir a las personas hacia su desarrollo. Es fundamental desde países tan diversos hablar del respeto a las voces ciudadanas, de nuestras comunidades, de nuestra Amazonía y su protección, por supuesto, y también para poder hablar de grandes retos precisamente por efectos del cambio climático, como son la lucha contra el hambre, la lucha por una vivienda digna y cuáles son los espacios que se les dan a este tipo de derechos que las poblaciones reclaman. Hablar de esto no solamente es hablar desde el aspecto técnico, sino también desde el aspecto social”.

Los aportes recogidos hoy servirán como insumo para el Congreso Panamericano 2026, que sesionará entre el 21 y el 23 de agosto en Montevideo con delegaciones de quince países del continente.

El encuentro reunió a los senadores chilenos Diego Ibáñez, Beatriz Sánchez, Vlado Mirosevic y Alfonso de Urresti, y a los diputados Irací Hassler, Juan Santana, Constanza Schönhaut, Gael Yeomans y Gonzalo Winter, co-organizador del evento. También estuvieron la diputada uruguaya Inés Cortés; la congresista peruana Sigrid Bazán; la asambleísta ecuatoriana Verónica Íñiguez; la directora de integración socio-productiva de Fundar de Argentina, María Magliore; la investigadora de la misma institución, Elisabeth Möhle; la líder del proyecto Latam Futures del Global Fund for a New Economy, Verena Hitner; el representante de la Fundación Arú de Bolivia, Omar Velasco; y la representante de Fundación Nuestro Sur de Perú, Catherine Eyzaguirre, entre otros. Entre los participantes nacionales destacan el académico de la Universidad de Chile, Antoine Maillet; el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Daniel Goya; y el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton.

Participación de expertos
Por la tarde, en el Salón de la Biblioteca del Ex Congreso, el seminario se abrió al público a través de tres mesas temáticas de diálogo e intercambio de experiencias entre los especialistas invitados de Chile y Latinoamérica. El primer panel, “Pensando la industrialización verde desde el Sur” contó con las exposiciones del académico de la Universidad de Chile y miembro de la ONG Radar, Fernando Sossdorf; del académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Antoine Maillet; y de la congresista Sigrid Bazán, y fue moderado por la directora de integración socio-productiva de Fundar de Argentina, María Migliore.

La segunda mesa, titulada “Experiencias de política industrial verde en la región”, registró las presentaciones de casos y propuestas de política pública por parte de la líder del proyecto Latam Futures del Global Fund for a New Economy de Brasil, Verena Hitner; del académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Daniel Goya; y de la investigadora de Fundar, Elisabeth Möhle. La conversación fue moderada por la investigadora de OPES, Bárbara Navarrete.

El encuentro finalizó con el panel “Propuestas de sectores prometedores para políticas industriales verdes en la región”, que recibió las intervenciones del investigador de Fundación Arú de Bolivia, Omar Velasco; de la investigadora asociada de Fundación Nuestro Sur de Perú, Catherine Eyzaguirre; y de la representante de Rumbo Colectivo, Bárbara Neira. Esta última mesa fue moderada por el miembro del directorio de Rumbo Colectivo, Pedro Glatz.

El seminario fue organizado por el Congreso Panamericano y Rumbo Colectivo, en co-organización con la Fundación Heinrich Böll Stiftung, el Global Fund for a New Economy, RADAR, la Fundación Nuestro Sur y Fundación Arú.

Sobre el Congreso Panamericano
El Congreso Panamericano, fundado en 2024, busca consolidarse como un espacio permanente de diálogo entre parlamentarios del continente, con el objetivo de articular respuestas comunes a desafíos compartidos bajo los principios de solidaridad entre los pueblos y soberanía entre las naciones.

Tras sus ediciones en Bogotá y Ciudad de México, con presencia de delegados de más de 12 países, la próxima versión se realizará en Montevideo en agosto de 2026. El siguiente taller de trabajo se llevará a cabo en Toronto (Canadá) el próximo 9 de julio, bajo el título “IA Democrática y Soberanía Digital”.

“Eficacia” del actual sistema de detección de lavado de activos y el secreto bancario

“Eficacia” del actual sistema de detección de lavado de activos y el secreto bancario

Columna publicada en La Tercera (11 de junio, 2026).

Por Carla Sepúlveda, abogada, presidenta del directorio de Rumbo Colectivo.

En Alemania sólo un tercio de las personas están registradas como donantes de órganos, mientras que en su vecino país, Austria, lo están más del 90%. Alguien podría decir que ambos países tienen sistemas “eficaces” de donación, pues las personas que han querido donar, han podido hacerlo. Pero ese argumento esconde que hay algo en el diseño del sistema que es lo que lleva a dichas diferencias en desempeño, mucho más que preferencias de los agentes (Johnson y Goldstein, 2003). En Austria se es donante por defecto, mientras que en Alemania hay que inscribirse para serlo. Pequeñas diferencias en el diseño institucional pueden producir enormes diferencias en las conductas observadas o en las tasas de participación registradas.

Ejemplos como este abundan y deben hacer reflexionar a quienes se oponen al cambio que se está discutiendo en el contexto de la ley del sistema de inteligencia respecto del secreto bancario. Hay quien dice que tenemos un sistema “eficaz”, porque la UAF ha hecho solicitudes a la Corte de Apelaciones (62 casos en total) y todas ellas han sido aprobadas dentro del breve plazo establecido por la ley.

La tasa de aprobación del 100% demuestra que las solicitudes presentadas estaban bien fundadas; no demuestra que el sistema esté generando todas las solicitudes que debiera generar. La pregunta es, empero, cuál podría ser la realidad si tuviéramos un mecanismo diferente. Al diseñar ese mecanismo, la pregunta es por prioridades: si la prioridad estará en diseñar aquel que tenga mejores credenciales para que se desarrolle una práctica de fiscalización frecuente, ágil, permanente y proactiva. Dichas credenciales las proveen hoy el procedimiento estándar en los países de la OCDE.

El cambio que permita evitar la utilización del sistema financiero para la comisión de delitos no pasa exclusivamente por la norma que permita el acceso administrativo a la información bancaria en base a operaciones ya sospechosas (como tampoco por hacer un mecanismo de donación de órganos formalmente de opt in u opt out, como el propio caso de nuestro país, con su altísima tasa de desenrolamiento muestra). El legislador al fin ha tomado nota de ello y ya ha logrado avanzar hasta el tercer trámite con un proyecto que reestructura el sistema hoy existente. El esperado Sistema de Inteligencia Económica está a punto de ver la luz. De la votación, ahora en Comisión Mixta, depende que pueda contener un instrumento que ha sido diseñado con adecuados resguardos, en línea con los estándares internacionales contemporáneos.

Los críticos de la reforma tienen razón en exigir resguardos robustos para la privacidad. Lo que aún deben explicar es por qué un sistema diseñado para introducir fricciones adicionales en el acceso a la información no termina reduciendo también la intensidad y oportunidad de la fiscalización.

Reformas para Chile en el último tramo de gobierno

Reformas para Chile en el último tramo de gobierno

Columna publicada en La Tercera (28 de noviembre 2025).

Por Óscar Pereira, magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile y encargado de proyectos en Rumbo Colectivo.

“Mi sueño, es que cuando terminemos nuestro mandato (...) sintamos que hay un país que nos protege, que nos acoge, que nos cuida, que garantiza derechos y retribuye con justicia”, esas fueron las palabras del Presidente Gabriel Boric al asumir su mandato. Después de casi cuatro años especialmente agitados, marcados por cambios en Chile y el mundo, lo cierto es que el Presidente y su gobierno tienen hasta el 11 de marzo de 2026 para seguir respondiendo a sus compromisos y, por sobre todo, a las necesidades del país.

El gobierno de coalición del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, debió cumplir su programa sin dejar de responder a las urgencias del país (alta inflación, una economía golpeada por la pandemia y agotada por su diseño estructural, y la crisis de seguridad), sin renunciar a sus ideas. Así, logró cumplir el 62,7% de su programa (Rumbo Colectivo, 2025), materializando un aumento histórico del sueldo mínimo, la reforma al sistema de pensiones, Copago Cero en Fonasa y el royalty minero, entre otros avances.

Junto a ello, impulsó y aprobó la mayor cantidad de leyes en materia de seguridad (Chile 21, 2025) y aumentó sostenidamente el presupuesto en esta materia, un 15,4% este año y se espera que aumente cerca del 16,7% para el 2026 (Gobierno de Chile, 2025). Como resultado, descendió la migración irregular en un 45% (Observatorio de Datos UAI, 2025) y consolidó la baja en la tasa de homicidios (Subsecretaría de Seguridad Pública, 2025).

Ahora, ¿cómo cerrar el periodo en materia legislativa? Si bien existen muchos proyectos importantes en tramitación, a ojos de quién escribe, hay tres reformas en tramitación que significarían un avance para Chile y la ciudadanía.

En primer lugar, la reforma a la Nueva Educación Pública (Boletín Nº16.705-04) busca resolver los desafíos constatados por el Consejo Evaluador del Sistema de Educación Pública para fortalecer el sistema y sus logros (lejos de la narrativa de crisis promovida por algunos sectores políticos, el Consejo recomienda seguir la implementación de la NEP). Considerando los pocos esfuerzos de los ministros/as de educación por reforzar la educación pública en el último gobierno de derecha, es vital que esta administración fortalezca el sistema que ya cuenta con 24 Servicios Locales en régimen, dando continuidad y a su Consejo Evaluador, creando un Comité de Ministros para coordinar servicios y reforzando las atribuciones de la Dirección de Educación Pública con el fin de apoyar a los Servicios Locales, entre otros cambios a la ley.

En segundo lugar, Chile necesita avanzar en la inserción laboral de la mujer y la corresponsabilidad en el cuidado de la infancia. En esta línea, el proyecto de Sala Cuna Universal (Boletín Nº14782-13) es clave, ya que elimina la discriminación que encarece la contratación de mujeres, transformando el derecho en uno individual, independiente del género o tamaño de la empresa, y lo sustenta con un fondo de financiamiento mixto entre empleadores y el Estado.

Por último, el combate del crimen organizado requiere de un Subsistema de Inteligencia Económica (Boletín N°15975-25) que articule a la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduanas en una plataforma para prevenir y detectar ilícitos económicos complejos. El proyecto aspira a ser un sistema autónomo con un robusto estatuto de protección de datos, permitiendo el análisis financiero preventivo que responda requerimientos específicos del Ministerio Público, fortaleciendo las capacidades del Estado para desarticular las redes criminales desde su base económica.

La aprobación de estos proyectos sin duda construyen un mejor país.

Con éxito se desarrolló Seminario latinoamericano “Gobernanza tributaria y justicia fiscal” en el Congreso Nacional

Con éxito se desarrolló Seminario latinoamericano “Gobernanza tributaria y justicia fiscal” en el Congreso Nacional

El evento de alto nivel fue un espacio de análisis sobre los avances y desafíos que enfrentan los países de América Latina para construir sistemas tributarios más justos, progresivos y con mayor capacidad redistributiva.

El seminario contó con una conferencia virtual del economista Gabriel Zucman, uno de los principales referentes mundiales en desigualdad y justicia fiscal. Además de representantes de los gobiernos de Chile, Brasil, OXFAM, académicos y parlamentarios.

Con éxito se efectuó este 4 de junio el Seminario de alto nivel “Gobernanza Tributaria y Justicia Fiscal: reflexiones desde América Latina”, organizado por Rumbo Colectivo, OXFAM y la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), y que tuvo lugar en el salón Pedro Montt de la Biblioteca del Congreso Nacional, en Valparaíso.

El evento, que también contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y el Congreso Nacional de la República de Chile, fue un espacio para el  análisis y reflexión sobre los avances y desafíos que enfrentan los países de América Latina para construir sistemas tributarios más justos, progresivos y con mayor capacidad redistributiva. El encuentro buscó contribuir al fortalecimiento de la cooperación regional en materia fiscal y, al mismo tiempo, generar condiciones para un debate nacional sobre el futuro de la tributación progresiva en Chile.

El seminario contó con la participación virtual del economista francés Gabriel Zucman, director ejecutivo de EU Tax Observatory, uno de los principales referentes mundiales en desigualdad y justicia fiscal, quien ofreció una conferencia inaugural titulada "Impuestos a las Grandes Fortunas. Un estándar mínimo de tributación a los superricos en América Latina y el Caribe".

Asimismo, la actividad incluyó el conversatorio "Cooperación regional para una América Latina más igualitaria. El rol de la articulación regional en la promoción de una tributación justa y progresiva", en el que participaron Diego Riquelme, coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda de Chile, Rafael de Acypreste Monteiro Rocha, representante del gobierno de Brasil, Maite Gauto, directora de programas de OXFAM Brasil, y Carlos Brown, director de programas de OXFAM México.

El conversatorio final de la jornada se tituló "Gobernanza tributaria en el contexto nacional: desafíos y proyecciones para Chile" y contó con las intervenciones de Jorge Atria, docente de la Universidad Católica e investigador COES, y de los diputados chilenos del Frente Amplio, Gael Yeomans, Jaime Sáez y Camila Rojas, además de representantes de OXFAM Colombia y el Centro Contribuye.

Reglas de uso de la fuerza (RUF): legislar con responsabilidad

Reglas de uso de la fuerza (RUF): legislar con responsabilidad

Columna publicada en CIPER (12 de mayo 2025).

Por Nicolás del Fierro, abogado, Magíster en Derecho Penal y en Política Criminal, colaborador de Rumbo Colectivo.

La regulación legal sobre el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado es una deuda del Estado de Chile. Actualmente, las directrices que rigen la actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas son en su mayoría normas de rango infralegal, normativamente dispersas y poco coherentes. Lo anterior no solo genera incertidumbre operativa, sino que también deja espacios peligrosos para la arbitrariedad, afectando tanto a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como a los derechos de la ciudadanía.

El proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las fuerzas armadas (RUF) que se encuentra en su etapa final de tramitación, surgió como una oportunidad para corregir esa precariedad normativa: dotar al país de un marco legal coherente, claro y alineado con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, las últimas modificaciones introducidas por el Senado amenazan con vaciar de contenido ese propósito.

Entre los cambios más preocupantes se encuentra la eliminación del principio de proporcionalidad —uno de los pilares fundamentales del uso legítimo de la fuerza según los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego—, así como la supresión de la exigencia de que el uso de fuerza potencialmente letal para la protección de infraestructura crítica deba fundarse en una amenaza actual a la vida. También se eliminó la norma que prohibía expresamente el uso de la fuerza contra personas ya reducidas, se suprimió el deber de evitar apuntar hacia el torso y el rostro en el uso de armamento no letal y se eliminó el principio de rendición de cuentas, este último clave para asegurar que todo acto de fuerza ejercido por agentes del Estado sea revisado, investigado y, en caso de abuso, sea sancionado. Estas modificaciones no solo implican un retroceso en estándares internacionales ampliamente reconocidos, sino que perjudican el objetivo y alcance que busca el proyecto de ley.

Lejos de fortalecer el trabajo de Carabineros y de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública interior, una regulación deficiente debilita su legitimidad. Contrariamente a lo que parecen sostener algunos, normas ambiguas o permisivas aumentan el margen de discrecionalidad, elevan los riesgos de las actuaciones policiales y generan un terreno fértil para la judicialización de los procedimientos, que es justamente lo que se busca evitar con un proyecto de ley de esta naturaleza.

Algunos analistas han intentado reducir este debate a una falsa dicotomía: quienes están “a favor” de Carabineros y quienes estarían “en contra”. Según ese relato, establecer reglas claras sería limitar su actuar. Afirmar lo anterior es no entender lo que está en juego: normas claras protegen tanto a la ciudadanía como a los propios funcionarios de Carabineros y Fuerzas Armadas, dotándolos de criterios objetivos, previsibilidad y respaldo institucional. Hacerles creer que más ambigüedad es más eficacia es un error técnico, político y operativo. Nadie gana en un escenario donde los márgenes de acción no están bien definidos. Una ley de reglas de uso de la fuerza no puede nacer como refugio de la impunidad o como impunidad disfrazada de eficacia policial.

La experiencia internacional demuestra que el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad no se traduce necesariamente en mayor seguridad. En Brasil, por ejemplo, la policía fue responsable de una de cada cuatro muertes violentas en 2024. En Venezuela, la Policía Nacional Bolivariana lideró las muertes a manos de agentes estatales en 2022. Estos contextos, donde se ha normalizado el uso intensivo de la fuerza, tienden a registrar altos niveles de violencia institucional y criminalidad estructural, lo que no contribuye en absoluto a hacerle frente a la delincuencia. Por el contrario, no es casualidad que países que han adoptado marcos legales más exigentes —como Noruega, Alemania o el Reino Unido— exhiben índices de letalidad policial considerablemente más bajos. Estos países no son más inseguros por tener mayores controles, sino más estables precisamente porque sus instituciones actúan bajo reglas claras, acotadas y legitimadas.

Esta discusión es particularmente importante en Chile. Casos recientes, como el homicidio de Camilo Catrillanca, la violencia policial documentada durante el estallido social o el acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alex Lemun dan cuenta de una realidad que, sin una reforma profunda, se seguirán reproduciendo casos de uso excesivo de la fuerza. Una ley mal diseñada no corregirá esa tendencia: la perpetuará.

Regular el uso de la fuerza no es un acto de desconfianza hacia las policías. Es, por el contrario, una muestra de madurez institucional. Reglas claras aseguran que el uso de la fuerza sea excepcional, justificado y supervisado. Y contribuyen, además, a consolidar una relación más democrática entre el Estado y las personas.

Chile necesita una ley de reglas de uso de la fuerza que no renuncie a su espíritu: proteger a quienes cumplen la ley sin debilitar los derechos de quienes deben ser protegidos por ella.