Cumplimiento tributario y justicia social

Cumplimiento tributario y justicia social

11 Junio, 2024

Columna publicada en La Tercera (11 de junio 2024).

En el marco de la discusión sobre el proyecto de ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias se ha enfatizado la relevancia que tendrá en materia de recaudación. Sin embargo, se ha omitido un componente fundamental: nos permitirá alcanzar un mayor grado de justicia social.

Cuando un contribuyente o grupo económico incumple sus obligaciones tributarias, también está aumentando de modo artificial e ilegítimo la rentabilidad sobre su patrimonio, después de impuestos. Así, aquellos que incumplen estas obligaciones acumulan riqueza a una tasa mayor que la de los contribuyentes que sí cumplen, generando subsecuentemente una mayor concentración de la riqueza.

Existen dos hechos documentados por la literatura especializada que ayudan a entender por qué el incumplimiento tributario genera aumentos significativos de la concentración de la riqueza en el mediano y largo plazo. En primer lugar, las personas de alto patrimonio tienen tasas de retorno sobre el patrimonio superiores al promedio de la población. La razón es que poseen principalmente patrimonio societario, que suele rentar más que otros activos. Segundo, las personas de alto patrimonio tienden a incumplir proporcionalmente más sus obligaciones tributarias que el resto de la población. Esto se explica en parte por el acceso que este grupo tiene a la industria de planificación tributaria agresiva, que pone a su disposición instrumentos y mecanismos vedados al común de la población.

El proyecto de ley contribuye a reducir las ilegítimas ganancias adicionales obtenidas por aquellos que no pagan sus impuestos, contribuyendo así a una generación de riqueza más justa. Aun cuando pudiera afirmarse que es legítimo que un contribuyente haga crecer su patrimonio más rápido que el resto por asumir más riesgos financieros, es derechamente arbitrario e injusto que lo haga incumpliendo la ley, ya sea evadiendo y/o planificando su tributación agresivamente.

Ahora bien, ¿por qué debiera preocuparnos una generación de riqueza más justa? Los países más desiguales tienen sistemáticamente una menor igualdad de oportunidades. Los individuos más ricos tienen una mayor influencia sobre el sistema político y económico. Al concentrarse el poder económico y la riqueza en unas pocas manos, existe un impacto negativo en el crecimiento y, además, se perpetúa el estancamiento económico y social.

Estas consideraciones son especialmente relevantes para el momento que vive Chile: la concentración de la riqueza aumenta la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, lo que puede producir riesgos de inestabilidad social y democrática.

En suma, lo que discute actualmente la Comisión de Hacienda del Senado no solamente es urgente desde la perspectiva de las finanzas públicas, sino que también contribuye a que la riqueza se genere de forma más justa.

Cumplimiento tributario y justicia social

Tomás Leighton al Ciudadano: “El oficialismo debe mostrar los ejemplos exitosos que tiene en los municipios (…) Maipú es un caso de gestión extraordinaria”

6 Junio, 2024

Entrevista publicada en El Ciudadano (6 junio 2024).

Por Alex Indey, periodista de El Ciudadano.

El director ejecutivo de la Fundación Rumbo Colectivo, Tomás Leighton, se refirió este jueves al estudio  «Resolviendo en Democracia» realizado por la organización, el cual dio cuenta de un 51,7% de grado de cumplimiento del programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En entrevista con El Ciudadano, Leighton detalló que un total de 144 medidas han sido cumplidas mediante la gestión administrativa, mientras que otras otras 59 se han concretado por la vía legislativa.

Entre los puntos fuertes del cumplimiento del programa destaca el freno del alza del costo de la vida y la agenda de mujeres y minería. Por otro lado, los sectores que registran un menor cumplimiento son las medidas relacionadas a la cultura y la reforma de pensiones.

«En democracia se requieren dos partes, no solamente el Gobierno, sino que también la oposición (…) La oposición actual tiene estancada la reforma previsional en el Senado, es una promesa que no ha podido ver la luz porque no hay voluntad ni disposición suficiente de la derecha de ceder», señaló.

Respecto a la proyección del Gobierno de cara a las elecciones municipales, Leighton señaló que el oficialismo debería articular un clivaje electoral que permita mostrar las diferencias que existen en los municipios cuando son administrados por la izquierda versus las administraciones de derecha:

«El caso de Maipú es un caso de gestión extraordinaria. Cuando el alcalde Vodanovic recupera la Plaza de Maipú para los vecinos y vecinas, saca los toldos azules, lo vuelve un espacio seguro, disminuye los niveles de delincuencia, pero además organiza un concierto masivo donde van más de 15 mil personas un día viernes y peden ir y disfrutar del concierto gratuito en condiciones de seguridad, eso no solamente es gestión: ahí hay una idea, hay un proyecto de comuna, un proyecto de barrio y un proyecto de sociedad»

«El oficialismo debe mostrar los ejemplos exitosos de gestión que tiene», agregó.

Programa de gobierno, sistema político y responsabilidad

Programa de gobierno, sistema político y responsabilidad

29 Mayo, 2024

Columna publicada en La Tercera (29 de mayo 2024).

El programa de gobierno consiste en una hoja de ruta que el Presidente de la República ofrece al país. En él se refunden las promesas de campaña, se plasman los anhelos para el país y se disponen, a veces solo a grandes trazos, los instrumentos de política pública con los que el gobierno de turno tratará de encaminarse a la satisfacción de los fines. El programa no solo tiene como protagonista a la Presidencia. También reconoce la dignidad política del pueblo, en la medida que, a partir de él, se traba un diálogo con la ciudadanía que evaluará su desempeño.

Uno de los momentos estelares de esa evaluación es la denominada cuenta pública presidencial. Una instancia de rendición de cuentas constitucionalmente establecida, en la que el Presidente informa a la ciudadanía de los logros alcanzados, así como de los desafíos, nuevos compromisos y anuncios.

La evaluación del desempeño del gobierno del Presidente Gabriel Boric, desde luego, queda entregada al sistema institucional en su conjunto y, finalmente, al pueblo. Con todo, el momento –y un reciente informe del centro de pensamiento Rumbo Colectivo–, permiten volver a llamar la atención sobre el bienestar de nuestro sistema político.

De acuerdo con dicho informe, llamado “Resolviendo en Democracia”, el cumplimiento del programa, a mayo de 2024, alcanza un 51,7%. Esto, considerando las medidas cumplidas y parcialmente cumplidas. Dentro de los ejes temáticos con mayor nivel de cumplimiento, el informe destaca las agendas relativas al control del alza en el costo de la vida y la agenda relativa al cobre, litio e hidrógeno verde.

¿Cuál es la arena en que ese cumplimiento ha exhibido un mejor desempeño? Esto es muy relevante a la hora de examinar el desempeño del sistema político, dado que en un sistema presidencial conviven dos soberanías: la de la Presidencia, por una parte, y la del Congreso Nacional, por otra. En este sistema, el pueblo deposita su soberanía en dos tipos de órganos y, por lo tanto, es útil evaluar cómo actúan.

El informe muestra que los mayores índices de desempeño se ubican en la implementación de políticas públicas por parte de la administración del Estado. Más allá de lo obvio que resulta que el gobierno pueda tener una vía más expedita cuando se trata de la implementación administrativa de su programa – lo que no es tan obvio si se anota la tendencia a judicializar dicha actividad, es decir, a disputar judicialmente dicha implementación –, resulta importante destacar, una y otra vez, que la Administración del Estado es también, cuando no exclusivamente, garante de derechos fundamentales (un rol que se invisibiliza cuando se presta demasiada atención al rol de los tribunales y la justicia constitucional). Esta mirada se distancia, por ejemplo, de la propuesta del Consejo Constitucional derrotada en las urnas y que planteaba una Administración bajo sospecha, cuyo funcionamiento se entorpecía al rodeársela de cerrojos.

Lo que debemos cuidar, en cambio, es tener un sistema de gobierno que, resguardando los principios básicos del Estado de derecho, habilite un rol protector del Estado. Nadie podría pensar –a riesgo de ser una sociedad que se dispara a los pies, sugiere Barber – que incluso las medidas de la Administración que van en beneficio de las personas sean vistas, de entrada, con sospecha.

Si bien el programa avanza a nivel de la Administración, se ha visto más obstaculizado, en cambio, en la arena legislativa. Esto puede deberse a una multiplicidad de factores, varios de los que se han estado discutiendo recientemente a propósito de una eventual reforma a lo que se ha denominado “sistema político”. Paradojalmente, el consenso parece estar centrado en una o dos propuestas que apenas rasguñan un engranaje del modelo o que desconocen la biografía política de Chile – como la que apunta a la reducción del número de partidos –.

A la luz del informe “Resolviendo en Democracia”, puede afirmarse que el gobierno ha avanzado razonablemente en el cumplimiento de aquella parte del programa cuya implementación está puesta exclusivamente en sus manos. En lo demás –pero esta es una discusión que requiere altura de miras o, como suele afirmarse, visión de Estado– debemos hacernos la pregunta de cuánto puede hacerse institucionalmente para estimular, sin ahogar la dualidad de soberanías propia del presidencialismo, la colaboración entre el Congreso y la presidencia. Todo lo anterior, desde luego, sin abrazar la ilusión de que la reducción del número de partidos políticos transformará, por arte de magia, a opositores en oficialistas.

Estudio de Rumbo Colectivo: Gobierno ha cumplido el 52% de su programa con mayor eficacia administrativa que legislativa

Estudio de Rumbo Colectivo: Gobierno ha cumplido el 52% de su programa con mayor eficacia administrativa que legislativa

26 Mayo, 2024

Mientras los ejes de "Frenar el alza del costo de la vida", "Mujer" y "Cobre, litio e hidrógeno verde" muestran el mayor grado de cumplimiento, según el estudio elaborado por Rumbo Colectivo, existe una importante diferencia de cumplimientos vía gestión administrativa del Ejecutivo (144 medidas) en comparación a los cumplidos vía legislativa (59 medidas).

A pocos días de la tercera Cuenta Pública del Presidente Boric, el centro de pensamiento Rumbo Colectivo lanzó el estudio “Resolviendo en Democracia: Estudio de cumplimiento del programa de gobierno 2022-2024”. En el documento, se analiza el cumplimiento de 702 promesas contenidas en el programa de gobierno 2022-2026, distinguiendo entre medidas legislativas (si involucra el envío de un proyecto de ley), o de gestión (si solo requieren el ejercicio de las potestades de gestión del sector público para su cumplimiento) para evaluar su cumplimiento.

Según el think tank del Frente Amplio, el gobierno actual cuenta un 28,9% (203 medidas) de promesas programáticas cumplidas y un 22,8% (160) parcialmente cumplidas, llegando a un total agregado de 51,7% de cumplimiento programático. Además, registran un 23,4% de promesas programáticas en proceso de cumplimiento (esto incluye las instancias de deliberación, evaluación de factibilidad o recolección de evidencia antes de que el Ejecutivo desarrolle acciones), y contabilizan 175 promesas presidenciales no iniciadas, correspondientes a un 24,9% del programa.

Entre los puntos fuertes del cumplimiento del gobierno destacan los ejes “Frenar el alza del costo de vida”, con un avance del 80%, “Mujer” con un 50% y “Cobre, Litio e Hidrógeno verde” (46%). Rumbo Colectivo resalta la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y la expansión de la oferta programática SERNAMEG para víctimas de violencia de género, así como Ley sobre el Royalty a la Minería, y los Diálogos por la Estrategia Nacional del Litio.

Al respecto, Carla Sepúlveda, presidenta del directorio de Rumbo Colectivo, señaló que “aunque se ha hablado mucho de los cambios de prioridades, el estudio muestra que el gobierno ha cumplido en promesas iniciales relevantes de la agenda feminista y la agenda de desarrollo productivo, entre otras”.

En cuanto a los ejes programáticos con un mayor número de compromisos sin iniciar, llaman la atención los casos de Cultura, Modernización del Estado y Salud, con incumplimientos entre el 35 y 44%, restando solo la mitad del periodo presidencial.

A su vez, la principal novedad de la investigación de Rumbo Colectivo es la comparación de medidas cumplidas vía gestión administrativa del gobierno en relación con aquellas logradas por la vía legislativa. Los números muestran que el gobierno ha logrado cumplir 144 compromisos a través del ejercicio de las potestades de gestión del sector público (31% de las promesas que dependen solo del gobierno), versus apenas 59 cumplimientos asociados a trámites legislativos (24% de las promesas que dependen del Congreso Nacional).

En sus conclusiones, el estudio sugiere la necesidad de investigar los factores que contribuyen a una mayor eficacia en la gestión pública que en el proceso legislativo, un tema que amerita reflexionar más allá del gobierno de turno.

Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, señaló que “lo que afecta el obstruccionismo parlamentario no es la popularidad de un gobierno, es la confianza de la ciudadanía en la democracia. Una democracia que no resuelve las necesidades de la población es una democracia que queda expuesta a su desmoronamiento en cualquier momento”.

Respecto a la mencionada obstrucción parlamentaria, Rumbo Colectivo identifica considerablemente más medidas parcialmente cumplidas en el terreno legislativo (33,9%) que en el campo de la gestión (17,1%). Esta brecha se explicaría principalmente por la alta cantidad de medidas legislativas que se encuentran ya presentadas o en trámite en el Congreso, pero sin una conclusión final.

En particular, los ejes “Anti-abusos” y “Pensiones”, que cuentan con la menor proporción de medidas cumplidas, poseen un elevado número de medidas parcialmente cumplidas. Ello se debe -según el estudio- a que casi la totalidad de medidas en los ejes mencionados son materia de ley y se encuentran en estado de parcialmente cumplido, es decir, pendientes de tramitación en el Congreso. Acá destacan los proyectos de ley de Cumplimiento Tributario y la Reforma Previsional, aunque también se repite la tendencia en materia de cuidados.

El estudio fue dirigido por Pablo Mancilla, MPA en Política Económica de la London School of Economics, y está disponible en www.rumbocolectivo.cl. Además de presentar un extenso apartado metodológico que explica los criterios para identificar los compromisos de campaña y la justificación en el uso de categorías de cumplimiento, el documento cuenta con una base de datos disponible con fines de verificabilidad.