Y aprobada la ley de ‘Escuelas Protegidas’, ¿qué hacemos con la convivencia educativa?
Columna publicada en El País (16 de junio, 2026).
Por Jaime Portales, integrante del Observatorio de Políticas en Educación de Rumbo Colectivo, y por Tatiana Urrutia, diputada por el Frente Amplio.
La recién aprobada ley de “Escuelas Protegidas”, impulsada por el actual gobierno, responde a una preocupación legítima: enfrentar la violencia que afecta a estudiantes, docentes y comunidades educativas. En particular, la nueva ley permite y regula nuevas herramientas de inspección de las y los estudiantes tales como la revisión de mochilas y bolsos, y la incorporación de restricciones sobre vestimenta o accesorios que impiden identificación facial, lo que mal implementado puede llevar a discriminaciones arbitrarias de estudiantes, a la exacerbación de los conflictos, e incluso al abandono y la exclusión escolar.
Asimismo, la nueva ley define inhabilidades para personas mayores de 14 años condenadas por delitos graves cometidos en contextos educativos. Una de estas es la suspensión de la gratuidad en educación superior por un periodo 5 años, que corresponde a una medida que contradice la evidencia que identifica a la educación como uno de los principales factores de integración social y de reducción de la reincidencia.
Pero, más allá de lo anterior, ¿ayudan estas medidas a resolver el problema de la convivencia en nuestras escuelas, aparte de su aplicación en situaciones extremas? ¿La nueva ley nos entrega herramientas y modelos para aprender a convivir?
Si el propósito es aprender a vivir juntos, la evidencia nacional e internacional disponible apunta hacia una dirección muy diferente. Organismos como UNESCO, UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han destacado que las estrategias más efectivas para reducir la violencia escolar son aquellas que fortalecen el clima escolar, la participación estudiantil, las capacidades docentes y el apoyo psicosocial. Por el contrario, las medidas centradas principalmente en inspecciones, vigilancia o respuestas punitivas muestran resultados mucho más limitados, e incluso perjudiciales, cuando no forman parte de un abordaje más integral: uno que promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales, la formación ciudadana, la resolución pacífica y dialogada de conflictos, y que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
Chile necesita una política de convivencia educativa que no oponga seguridad y derechos, sino que los una en una misma estrategia. Esa es la principal política educativa que debiera impulsar el Ministerio de Educación, con un financiamiento público estable, si realmente quiere una convivencia educativa más segura, inclusiva y sostenible en el largo plazo en las comunidades educativas del país. De hecho, ya existe una política de convivencia educativa vigente para el periodo 2024-2030 a la que, así como en el caso de seguridad, también se le podría dar continuidad.
