“Eficacia” del actual sistema de detección de lavado de activos y el secreto bancario
Columna publicada en La Tercera (11 de junio, 2026).
Por Carla Sepúlveda, abogada, presidenta del directorio de Rumbo Colectivo.
En Alemania sólo un tercio de las personas están registradas como donantes de órganos, mientras que en su vecino país, Austria, lo están más del 90%. Alguien podría decir que ambos países tienen sistemas “eficaces” de donación, pues las personas que han querido donar, han podido hacerlo. Pero ese argumento esconde que hay algo en el diseño del sistema que es lo que lleva a dichas diferencias en desempeño, mucho más que preferencias de los agentes (Johnson y Goldstein, 2003). En Austria se es donante por defecto, mientras que en Alemania hay que inscribirse para serlo. Pequeñas diferencias en el diseño institucional pueden producir enormes diferencias en las conductas observadas o en las tasas de participación registradas.
Ejemplos como este abundan y deben hacer reflexionar a quienes se oponen al cambio que se está discutiendo en el contexto de la ley del sistema de inteligencia respecto del secreto bancario. Hay quien dice que tenemos un sistema “eficaz”, porque la UAF ha hecho solicitudes a la Corte de Apelaciones (62 casos en total) y todas ellas han sido aprobadas dentro del breve plazo establecido por la ley.
La tasa de aprobación del 100% demuestra que las solicitudes presentadas estaban bien fundadas; no demuestra que el sistema esté generando todas las solicitudes que debiera generar. La pregunta es, empero, cuál podría ser la realidad si tuviéramos un mecanismo diferente. Al diseñar ese mecanismo, la pregunta es por prioridades: si la prioridad estará en diseñar aquel que tenga mejores credenciales para que se desarrolle una práctica de fiscalización frecuente, ágil, permanente y proactiva. Dichas credenciales las proveen hoy el procedimiento estándar en los países de la OCDE.
El cambio que permita evitar la utilización del sistema financiero para la comisión de delitos no pasa exclusivamente por la norma que permita el acceso administrativo a la información bancaria en base a operaciones ya sospechosas (como tampoco por hacer un mecanismo de donación de órganos formalmente de opt in u opt out, como el propio caso de nuestro país, con su altísima tasa de desenrolamiento muestra). El legislador al fin ha tomado nota de ello y ya ha logrado avanzar hasta el tercer trámite con un proyecto que reestructura el sistema hoy existente. El esperado Sistema de Inteligencia Económica está a punto de ver la luz. De la votación, ahora en Comisión Mixta, depende que pueda contener un instrumento que ha sido diseñado con adecuados resguardos, en línea con los estándares internacionales contemporáneos.
Los críticos de la reforma tienen razón en exigir resguardos robustos para la privacidad. Lo que aún deben explicar es por qué un sistema diseñado para introducir fricciones adicionales en el acceso a la información no termina reduciendo también la intensidad y oportunidad de la fiscalización.
