Columna publicada en La Tercera (6 de marzo 2025).

Por Paula Castillo, Encargada de Estudios en Rumbo Colectivo, y Lican Martínez, colaborado en Rumbo Colectivo.

En los próximos días se conmemora, tanto el Día Internacional de la Mujer, como el tercer aniversario del gobierno del Presidente Boric. Tres años en los cuales, según la última versión del estudio “Resolviendo en Democracia: estudio de cumplimiento del programa de gobierno 2022-2024″, el gobierno ha cumplido con el 71% de sus compromisos en materia de género, contabilizando las medidas total y parcialmente cumplidas.

Con el inicio de su último año en el poder, la administración Boric enfrenta el desafío de definir estratégicamente las agendas que priorizará de aquí a marzo de 2026, especialmente la de género. En ese sentido, una cuestión ineludible a tratar es el futuro de la famosa Ley de Cuotas y la responsabilidad de consolidar la paridad como un principio necesario para la democracia chilena.

La representatividad política de género en los espacios que diseñan leyes y políticas públicas resulta fundamental para el desarrollo y avance de una sociedad equitativa, inclusiva y democrática. La Ley Nº20.840 de 2015 establece cuotas de género en las candidaturas parlamentarias, constituyendo una puerta de entrada que ha promovido importantes cambios, por ejemplo, en la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual pasó de un 15,8% de sus escaños ocupados por mujeres a un 22,6% en 2017 y un 35,5% en 2021. Dicha ley, que regirá hasta las elecciones parlamentarias del 2029, ha sido fundamental, tanto para fortalecer y aumentar la participación de mujeres en la tomas de decisiones más importantes para la población chilena, como para la modernización legislativa del país.

Una composición más paritaria del Congreso Nacional fue crucial para que la discusión legislativa deviniera en favorable y se lograra aprobar la Ley Nº21.030 que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Con el voto clave de Marcela Sabat, diputada de derecha, quien rompió con su sector y respaldó la iniciativa, reflejando los desafíos y la complejidad de su aprobación, se terminó respaldando la iniciativa con 66 votos a favor y 44 en contra, contando entre los votos a favor, tanto de los partidos del progresismo como de aquellos donde la Iglesia Católica tiene gran influencia, como la Democracia Cristiana. Un escenario similar ocurrió en el Senado antes de convertirse en ley. Esto evidencia que, en materia de género, existen puntos de convergencia entre los sectores políticos, especialmente si se trata de la salud y el bienestar de las mujeres.

Si bien ha habido un aumento no menor de la representación de mujeres en la política chilena, aún persisten importantes desafíos para garantizar su acceso a cargos de liderazgo. La implementación de la Ley de Cuotas marcó un hito en la inclusión de mujeres, aumentando su presencia en los espacios de decisión e impulsando un cambio cultural. Sin embargo, sabemos que necesitamos una ley aún más completa y robusta, y también que solo con ésta no aseguramos avances contundentes en materia de género.

El desafío inmediato es evitar cualquier retroceso en la materia. La expiración de la Ley de Cuotas que sucederá en 2029 resalta la urgencia de fortalecer y ampliar su alcance, con el objetivo de avanzar hacia una legislación que también permita la distribución efectiva de los cargos electos. Las últimas elecciones de Gobernaciones mostraron una alarmante realidad: ninguna mujer fue elegida en todo el territorio nacional. Además, se observó una disminución en el porcentaje de mujeres elegidas para el Senado en la última elección, del 26,1% en 2017 al 22,2% en 2021, lo que refleja la persistencia de barreras estructurales que dificultan su acceso a cargos de liderazgo.

Asimismo, es fundamental consolidar las políticas de género como parte integral del andamiaje institucional del Estado. La equidad debe trascender de los ciclos políticos, y convertirse en una política de Estado sostenida en el tiempo. Para este objetivo, es necesario establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir su impacto y garantizar su continuidad. Y para ello, resulta del todo pertinente plantear una nueva y mejorada Ley de Cuotas, que incluya mecanismos participativos tanto de entrada como de salida; que se extienda a otros cargos de representación, además del Congreso Nacional; y que contemple medidas que hagan frente a las desigualdades estructurales que han impedido históricamente la participación de las mujeres en política, y que dicha participación se traduzca en liderazgos efectivos y transformadores de la política nacional.