Plan de retorno voluntario: dudas y certezas

Plan de retorno voluntario: dudas y certezas

Columna publicada en El País (5 de junio, 2026).

Por Luis Thayer, integrante del Observatorio de Políticas Migratorias de Rumbo Colectivo.

El plan de retorno voluntario anunciado por el Gobierno de José Antonio Kast no es una mala idea. Sin embargo, el que haya sido presentado como un “plan de salida” y no como un “plan de regularización” juega en su contra. Y es que su éxito pasa por convencer a los migrantes no solo de que podrán salir, sino sobre todo de que podrán regresar con una visa. Se entiende que es complejo para un Gobierno que llegó con la promesa de expulsar a cientos de miles de personas, convocar a un proceso de regularización que podría dejar sin efecto cientos de miles de resoluciones de expulsión dictadas.

En abril de 2021 el expresidente Sebastián Piñera convocó a un proceso de regularización, en el que las personas con ingreso irregular, podrían salir del país, solicitar una visa y volver a ingresar una vez que se les otorgara. En ese entonces fueron menos de 2.000 las personas irregulares que salieron mientras duró el proceso y 78 las que volvieron a ingresar con una visa. Más allá de este antecedente y del relato elegido por el Gobierno, el éxito de este plan depende de su capacidad de convocar a dos grupos de migrantes muy distintos, y que con seguridad van a responder de distinta manera al llamado.

Por una parte hay un grupo, principalmente bolivianos, que ingresaron con un permiso transitorio para realizar trabajo agrícola, y que permanecieron en Chile más allá de los 90 días permitidos. Actualmente, estas personas en situación irregular podrían ser sancionadas con multas o incluso con una expulsión y una prohibición de ingreso que les impediría volver por un mínimo de tres años. Para este grupo, estimado en unas 80.000 a 100.000 personas, que normalmente no figura en las cifras oficiales de irregularidad, pues entraron regularmente al país, el “plan de salida” es una oportunidad. Más aún cuando pueden solicitar la visa Mercosur que no requiere contrato de trabajo, y que debe ser tramitada en 15 días en virtud del acuerdo migratorio y de reconducción firmado con Bolivia en diciembre de 2024.

El otro grupo que podría optar a una visa con el “plan de retorno”, corresponde a los 300.000 que, según datos del Gobierno, han ingresado irregularmente a Chile. Para este grupo la situación es distinta, pues hasta ahora no hay certezas, recursos, ni incentivos suficientes para movilizarlos.

No hay certeza del plazo de otorgamiento de la visa, y no puede haberla pues el tiempo de tramitación dependerá del número de solicitudes que se realicen. Si este se amplía, los plazos de también se extenderán. Sin dotación adicional de funcionarios para el Servicio de Migraciones, difícilmente se podrá comprometer un plazo razonable de resolución. Para ello se requeriría de unos 40 funcionarios de dedicación exclusiva al plan, lo que tiene un costo anual para el Servicio de unos 600 millones de pesos (uno 670.000 dólares). Es un costo modesto, pero del que hasta ahora no se ha dicho nada.

Por otra parte, los incentivos para que las personas salgan de Chile no son suficientes. Para alguien que tiene trabajo y familia en Chile, salir es una apuesta riesgosa. Más aún cuando el regreso no está garantizado pues la visa podría no ser otorgada. Eximir a los extranjeros de una eventual expulsión es un incentivo débil, ya que la sanción para alguien con arraigo y sin antecedentes es poco probable. Una amenaza débil moviliza menos que la necesidad económica y la familia.

Finalmente, el escenario en Venezuela no ayuda, dejar trabajo, casa y familia, para volver al país que del cual se huyó por hambre o miedo, por un período indeterminado y con un resultado incierto es poco atractivo. Más aún si la documentación requerida para regresar a Chile depende de la institucionalidad de ese Estado, que no necesariamente va a ver con buenos ojos que sus ciudadanos regresen para volver a irse. El gobierno de Chile no solo le pide a los migrantes venezolanos que confíen en él, que viene amenazándolos desde antes de ser gobierno, sino también les está pidiendo que confíen en el gobierno venezolano, respecto del cual tienen más de un motivo para desconfiar.

Migración: cuando la consigna reemplaza a la política pública

Migración: cuando la consigna reemplaza a la política pública

Columna publicada en El Mostrador (19 de mayo, 2026).

Por Juan Pablo Gutiérrez, sociólogo, colaborador y miembro del Observatorio de Políticas Públicas en Migración de Rumbo Colectivo.

Chile ya tiene experiencia acumulada en gestión migratoria. Durante los últimos años se fortaleció la legislación, se crearon nuevas capacidades institucionales y la migración pasó a ocupar un lugar permanente en la agenda pública. Precisamente por eso, resulta difícil comprender que hoy el gobierno siga sin presentar una política migratoria clara.

Esta realidad es insoslayable para cualquier administración. Chile es un país donde existen múltiples opiniones sobre migración, pero debería existir al menos un consenso básico: no se puede gobernar esta materia sin una política pública definida.

Durante años, además, el debate migratorio se ha deteriorado progresivamente. La discusión se vació de contenido y terminó asociándose casi exclusivamente a fenómenos delictivos. Eso representa un problema para abordar un fenómeno social complejo, que requiere mayor comprensión, profundidad en el análisis y pragmatismo en la toma de decisiones.

Los gobiernos gestionan este tema en un ambiente cargado de urgencias, presión mediática y expectativas ciudadanas. En ese contexto, la planificación y la existencia de una hoja de ruta se vuelven fundamentales. Más grave aún es que, frente a la ausencia de una política clara, se relativice el contenido de las promesas presidenciales bajo el argumento de que eran “metáforas” y no compromisos literales.

El problema no es únicamente que una meta no se haya cumplido. Muchos advirtieron desde un comienzo su inviabilidad. El problema fue instalar una expectativa imposible como herramienta de movilización política, debilitando el valor de la palabra presidencial y transformando un tema extremadamente sensible en una consigna de campaña.

Cuando no existe planificación, el margen para la improvisación aumenta. Eso quedó en evidencia con el anuncio de solicitar a establecimientos de salud y educación información personal de migrantes en situación irregular. La controversia fue tal que la propia ministra de Salud tomó distancia y pidió reformular la iniciativa. Otra señal de descoordinación y reacción improvisada.

Por eso resulta preocupante que, ya instalado en el poder, el Gobierno relativice el contenido de lo prometido señalando que quienes lo entendieron literalmente “entendieron mal”. En democracia, la palabra presidencial debería tener consecuencias y ser relevante al momento de evaluar la gestión pública.

Las campañas electorales pueden contener énfasis, simplificaciones o consignas. Pero no pueden transformarse en sustitutos de una política pública, especialmente en un ámbito tan sensible como la migración.

Hoy todavía existe espacio para retomar una agenda migratoria seria. Las personas en situación irregular ya están en Chile y, a todas luces, expulsarlas a todas nunca fue una meta viable. La ciudadanía tiene derecho a saber cuál será la estrategia del Gobierno frente a esta realidad y qué instrumentos concretos piensa implementar.

Chile necesita una política migratoria seria, sostenible y comunicada con honestidad. Que reconozca lo avanzado y lo profundice. Que se preocupe de entregar resultados de Estado y que ponga la mirada en un futuro de cohesión social, seguridad y eficiencia.

Migración: cuando la consigna reemplaza a la política pública

Entre zanjas y señales: el primer mes de gestión migratoria de Kast

Columna publicada en La Tercera (17 de abril, 2026).

Por Juan Pablo Gutiérrez, sociólogo, colaborador y miembro del Observatorio de Políticas Públicas en Migración de Rumbo Colectivo.

El primer mes de gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast ha estado marcado por la intensidad. Sin embargo, intensidad no es sinónimo de efectividad. Cuando no existe estrategia ni impacto concreto en la vida de las personas, la acción estatal pierde resonancia. Desde una mirada general, se percibe una desconexión entre la agenda y las necesidades de la ciudadanía.

En materia migratoria, el gobierno ha avanzado principalmente en dos frentes: el denominado “Escudo Fronterizo”, basado en zanjas en el norte del país, y una agenda administrativa que combina reformas legales con cambios en la institucionalidad del Servicio Nacional de Migraciones.

Es deseable el control fronterizo. Sin embargo, en el despliegue en el norte, es evidente el alto componente efectista: maquinaria pesada y protagonismo presidencial. Surge entonces una pregunta: ¿cuál es la eficacia de esta medida considerando sus costos? Según cifras oficiales, los ingresos por pasos no habilitados vienen disminuyendo, con una caída del 54% durante el gobierno anterior.

Todo indica que la tendencia a la baja se mantendrá, considerando los cambios recientes en los flujos migratorios desde Venezuela. En este contexto, concentrar la estrategia en una zanja es riesgoso, especialmente cuando en los últimos dos años se avanzó en mecanismos, como el Protocolo de Reconducción con Bolivia, que requiere necesariamente coordinación permanente.

Un segundo aspecto relevante es la gestión de la población migrante irregular dentro del país. Se estima que supera las 300 mil personas. El proceso de empadronamiento biométrico 2024 logró registrar a cerca de 183 mil, lo que deja un margen que el Gobierno debería abordar. Para el Estado, conocer quiénes están en su territorio no es solo deseable, es necesario.

Sin embargo, la estrategia está orientada en otra dirección. Se busca activar un rol fiscalizador en el Servicio Nacional de Migraciones (que por ley no tiene), trasladando presión hacia los empleadores que contratan personas en situación irregular. Esto plantea un problema práctico: la medida profundiza la precarización, empujando a las personas hacia espacios aún más informales.

La agenda legislativa reciente refuerza este enfoque. Se discute la tipificación del ingreso irregular como delito, la restricción de beneficios sociales y mecanismos para incentivar la salida voluntaria del país (entrega de fondos de AFP). Se trata de medidas de mediano plazo, que contrastan con la urgencia discursiva.

La gestión migratoria requiere un debate más profundo. No puede reducirse a una agenda que omite a más de 1,3 millones de migrantes que viven regularmente en el país, sosteniendo buena parte de la estructura económica y social. El predominio de medidas punitivas corre el riesgo de sustituir políticas públicas integrales, que requieren coordinación institucional, evidencia y visión de largo plazo.

Por supuesto, la irregularidad migratoria es un desafío. Pero abordarla exclusivamente desde una lógica de persecución ha demostrado ser insuficiente en diversas experiencias internacionales. Chile aún está a tiempo de corregir, fortaleciendo la cooperación internacional, mejorando los sistemas de información y avanzando en políticas que combinen control, integración, y hoy; lo más importante: realismo.

Diez centros de pensamiento alcanzan consenso para fortalecer la política migratoria en Chile

Diez centros de pensamiento alcanzan consenso para fortalecer la política migratoria en Chile

Diez centros de estudio de diversas sensibilidades han unido fuerzas para presentar el documento "Política Migratoria para el Chile que viene: Consensos para la gobernanza, seguridad y desarrollo del país", con el objetivo de fortalecer la política migratoria en Chile. El informe busca ofrecer una mirada integral y estratégica para abordar los desafíos y oportunidades que presenta la migración, considerando el aumento significativo de la población migrante en los últimos años, que ha alcanzado el 8,8% del total de la población chilena.

"Articulamos esta mesa con el objetivo de aportar al país. Cada centro contribuyó con su expertise, análisis y propuestas sobre la migración. Este acuerdo simboliza que, a través del diálogo y el consenso genuino, podemos robustecer la política migratoria, un tema tan sensible en nuestro país y en la región", señaló Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias.

El documento, fruto de más de un año de trabajo conjunto, plantea más de 30 propuestas estructuradas en cinco ejes clave para el sistema migratorio:

  • Institucionalidad Migratoria:Fortalecimiento de los organismos de gestión migratoria y su articulación con la red consular y gobiernos locales.
  • Seguridad Pública y Control Fronterizo:Priorizar acciones contra el crimen organizado, fortalecimiento de la acción en frontera y la protección de las víctimas.
  • Migración Regular:Agilización de sistemas de aplicación a visados, fortalecimiento de canales de información y mejoramiento de sistemas de fiscalización y sanción.
  • Integración y Convivencia: Impulso de medidas que potencien la cohesión social y una correcta convivencia, reforzando el rol de gobiernos regionales, municipalidades, instituciones educacionales y organismos internacionales.
  • Migración como Impulso al Desarrollo:Fomento de la inserción y formalidad laboral, con énfasis en áreas productivas estratégicas y de difícil cobertura.

Los centros participantes fueron Centro de Políticas Migratorias, Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Centro de Estudios Públicos (CEP), Centro Democracia y Comunidad (CDC), Espacio Público, Horizonte Ciudadano, IdeaPaís, Instituto Igualdad, Libertad y Desarrollo, y Rumbo Colectivo.

El objetivo principal de este trabajo es ofrecer una visión de Estado, de mediano y largo plazo, avanzando hacia políticas de migración que garanticen la seguridad y el bienestar de todos quienes habitan en Chile, ofreciendo condiciones de integración y respeto de los derechos de quienes llegan al país. El documento será presentado a los candidatos presidenciales para su consideración.

El lanzamiento del documento fue este 20 de agosto en el ex Congreso Nacional de Santiago, junto a Mónica González, Isabel Aninat y Patricio Domínguez.

Descargar aquí el documento.

¿Es uno de los nuestros? El avance del etno-nacionalismo en el mundo

¿Es uno de los nuestros? El avance del etno-nacionalismo en el mundo

Columna publicada en Tercera Dosis (10 de noviembre 2024).

Por Noam Titelman, investigador postdoctoral Universidad Sciences Po de París, Francia y consejero de Rumbo Colectivo.

El triunfo de Donald Trump ha vuelto a encender las alarmas sobre los peligros de la llamada “ola populista de ultraderecha”. En julio de este año ya se habían activado con el buen resultado que las corrientes extremas obtuvieron en las legislativas de Francia, del Reino Unido y en el Parlamento europeo. En esta última institución y gracias a las gestiones del primer ministro húngaro, Víctor Orban (a quien Trump destacó como un gran líder en su único debate con Kamala Harris),  las ultraderechas conformaron el tercer grupo parlamentario más grande, los llamados “Patriotas por Europa”.

Cuando se trata de diseccionar el peligro populista que representan estos grupos, el foco se suele poner en la capacidad que tienen sus discursos y prácticas de corroer los fundamentos de la democracia liberal, como el Estado de derecho, las libertades civiles, la separación de poderes o el respeto a las minorías.  En esta columna propongo una variación en este análisis. Para entender las implicancias de las fuerzas políticas de ultraderecha hay que analizar sus aspectos nacionalistas y no solo populistas.

Ideologías delgadas

Una de las explicaciones académicas para el surgimiento de la ultraderecha ha sido la “normalización” de este grupo (Valentim, 2024). Según esta mirada, atrás habría quedado el tiempo en que rivales tradicionales como los socialdemócratas y los conservadores se apoyaban para generar “cordones sanitarios” que excluían a estos grupos de las esferas de poder. Normalmente se ha pensado estos cordones en términos democráticos: quedan afuera los que no respetan las reglas de ese juego. En ese sentido el populismo que caracterizaría a estas fuerzas sería incompatible con los principios de la democracia liberal.

Sin embargo, cuando se observa con mayor detención, es innegable que estos partidos presentan una gran variedad de posiciones en políticas sociales, económicas y también en su relación con la democracia. ¿Cuánto tienen en común el AFD alemán, Vox en España, UKIP en Reino Unido o el Trumpismo en USA? ¿Es realmente el cambio del sistema político y del régimen de gobierno lo que los mueve?

La forma que ha tendido a asumir la derecha radical en el mundo está estrechamente vinculada con el populismo.  Populista no hace referencia aquí a los demagogos, que existen en todo el espectro político. Apunta, en cambio a una “ideología delgada” según la cual la sociedad está dividida entre un pueblo homogéneo y una elite corrupta.

El populismo suele ser llamado “ideología delgada” porque nunca aparece en forma pura, sino que se adhiere a otra ideología “gruesa”. Como explican Rovira y Mudde (2013), en Europa, el populismo ha tendido unirse con el etno-nacionalismo, otra ideología delgada. Esto es lo que en general le da el carácter excluyente al populismo de ultraderecha. Es decir, este no es un populismo que solo establece una frontera entre pueblo y elite, sino que, con el mismo pincelazo marca una frontera entre el pueblo/nación y los otros elementos externos, como los inmigrantes o las minorías locales. Así, es posible que, al estudiar los fenómenos de derecha radical en estos contextos, se ha prestado demasiada atención a un ideología delgada, la populista, y no suficiente a la otra, etno-nacionalista.

Dicho de otra manera, mientras que su relación con la democracia es ambivalente, lo que todas estas fuerzas tienen en común es una posición marcadamente antinmigrante. Y detrás de ese rechazo es posible ver también una concepción común de la nación, definida étnicamente.

El etno-nacionalismo

Para entrar en esta discusión, y reconociendo que dentro de esta familia política de derechas radicales existe una gran variedad, puede ser útil entender el recorrido y estrategia de Agrupamiento Nacional, la fuerza política a la que pertenece Jordan Bardella, el actual presidente del grupo europeo “Patriotas por Europa”. Desde esta historia particular y estableciendo paralelos con el trumpismo, intentaré discutir la cuestión mucho más amplia de la nación, el nacionalismo y su relación con la democracia.

Una de las características notorias de este partido es su flexibilidad dogmática. Aunque en asuntos morales comenzó siendo conservadora y católica, mientras que era liberal en temas económicos, con el paso del tiempo devino en una fuerza laica y pro-Estado de Bienestar. Todavía hoy es posible encontrar una amplia gama de posiciones en casi todos los aspectos de políticas públicas. A lo largo de estos corcoveos ideológicos un solo elemento parece mantener cierta continuidad: el principio de “preferencia nacional”, vale decir, la idea de que existiría un pueblo étnicamente definido por la historia y la sangre, los franceses “de verdad”, cuyo interés debe primar sobre cualquier otro asunto, ya sea en el acceso a las prestaciones sociales, el trabajo o los flujos de comercio y de capital.

Algo similar puede decirse de Trump. A pesar de las acusaciones que se repitieron durante la campaña, incluyendo las de su ex jefe de gabinete, Trump no es fascista. De hecho, es difícil definir lo que es. Aunque hoy cuesta creerlo, cuando se presentó a las primarias republicanas al comienzo de su carrera presidencial, era percibido como el “moderado”. En asunto societales, como el aborto, y en temas económicos, como el gasto social, Trump representaba visiones más templadas. Sin embargo, si algo ha mostrado Trump es una gran flexibilidad en sus posiciones. Tal como el caso de Agrupamiento Nacional, el trumpismo no ha tenido problema para desplazarse a lo largo y ancho del espectro político. De tener a los votantes evangélicos en su contra pasó a ganarse su lealtad cuando nombró a jueces de la Corte Suprema que eliminaron las garantías de acceso al aborto. Y en economía, pasó de defender ciertos gastos sociales a implementar recortes tributarios a lo más ricos.

Su única constante, además de un cierto “estilo” de comunicación, parece ser un discurso nacional que se expresa tanto en posiciones antinmigrantes, como en una política comercial. En ese discurso lo importante no es solo que Trump haya prometido “deportaciones masivas” a una escala nunca vista, sino que varios de los términos que emplea remiten a una concepción nacional particular. Por ejemplo, el tratar a sus adversarios como “enemigos internos” o afirmar que los inmigrantes estarían “envenado la sangre de la nación”.

Lo anterior muestra que el ideario del etno-nacionalismo de la derecha radical se construye sobre dos principios. El primero es una concepción de nación “nativista” que le permite distinguir entre “verdaderos” franceses o estadounidenses y aquellos que no lo serían. El segundo es una concepción chauvinista del nacionalismo. En este contexto la “buena” política sería aquella que antepone el valor intrínseco de la nación étnicamente definida, por sobre cualquier otro principio cívico o humanista.

Es importante notar, sin embargo, que pocas identidades son más prevalentes hoy que las identidades nacionales. Casi todo el mundo defiende una identidad nacional y no todas las formas de nacionalismo llevan a situarse fuera del “cordón sanitario”. Por ello, para entender la amenaza a la democracia que representan estas fuerzas políticas hay explicitar qué se entiende por nación y cómo sus diferentes concepciones implican colectividades más o menos inclusivas o excluyentes.

Imaginando comunidades

¿Qué es una “nación”? Es realmente difícil pensar en otra idea que haya tenido tanta penetración y omnipresencia como la nación. La fuerza de este concepto viene del hecho de que por un lado, más allá de sus orígenes, se nos presenta como una cualidad natural. Por otro lado, y debido precisamente a esta apariencia de naturalidad, la idea de nación tiene la tendencia de aparecérsenos como una fuerza perenne, que se presume haber existido siempre. Sin embargo, las naciones, tal como las entendemos hoy, son una construcción reciente que solo se consolida en el siglo XIX en Europa y, progresivamente, se expande por el mundo.

Si bien definiciones de nación hay muchas, hay una que ha dominado los debates historiográficos y sociológicos desde los ochenta. Es la definición de Benedict Anderson (1983) quien propone hablar de  “comunidades imaginadas como limitadas y soberanas”. La aseveración de que las naciones no son ni una característica esencial de las personas, ni tampoco una idea falsa impuesta por la elite (una falsa conciencia, dirían algunos en la izquierda), permite poner el foco en lo más interesante y potente de este concepto que es su capacidad de generar comunidades. Una persona en Arica y otra en Magallanes probablemente nunca se verán la cara. Más aún, podrían tener historias totalmente diferentes en términos económicos o sociales y a pesar de eso, considerarse parte de una misma comunidad nacional. Además, estas comunidades son, por definición, limitadas. Es decir, no solo exigen que el grupo humano diverso se reconozca como parte de ella, sino que establece que existen otros, fuera del límite, que no le pertenecen.

La definición de Anderson se construye a partir de un recuento histórico de la conformación nacional en Europa y no reconoce ningún elemento esencial detrás de las divisiones identitarias que se van generando. Si bien, salvo los románticos nacionalistas, todos los estudiosos de la nación tenderían a coincidir en que es un fenómeno moderno y reciente, algunos autores matizan esta extrema arbitrariedad implícita en la visión de Anderson. La otra concepción más conocida de nación es la que empuja Smith (1989), quien plantea que las naciones son efectivamente un constructo moderno reciente, pero que detrás de ellas podría existir un sustrato premoderno étnico, entendida en sentido cultural, de costumbres y cosmovisiones compartidas.

En cualquier caso, una vez constituida una idea de nación esta puede otorgar mayor o menor importancia a sus precedentes étnicos. Los nacionalismos étnicos son precisamente aquellos que ponen énfasis en una herencia común, que provendría de compartir un pasado cultural, lingüístico y, frecuentemente, consanguíneo. Estas identidades se constituyen en torno a la concepción de una comunidad homogénea basada en la etnicidad (Connor, 1994). Por otro lado, identidades nacionales cívicas se construyen en torno a cosmovisiones políticas, institucionales y de ciudadanía, en lugar de etnias comunes (Brubaker, 1992).

Diversos estudios muestran una relación histórica entre formas democráticas de organización y el nacionalismo cívico, mientras que el nacionalismo étnico tendió a asociarse con formas autoritarias. Como lo explica Snyder (1993),  el nacionalismo cívico refuerza y es reforzado por las instituciones de la democracia liberal, mientras que el etno-nacionalismo sustituye la centralidad de las instituciones universalistas por el de la cultura.

Ahora bien, la existencia de naciones no es lo mismo que la emergencia de la ideología nacionalista. Si bien ambos están ligados, y en muchas ocasiones las naciones fueron construidas por nacionalistas, es importante hacer esta distinción. En particular, liberales, socialistas y conservadores en distintos momentos de la historia del siglo XIX y XX hicieron propia esta ideología, lo que, en parte, explicó sus desarrollos en el siglo XX y su relación con la democracia liberal.

Nacionalismo y democracia

El nacionalismo comparte con el liberalismo y el socialismo una pretensión de validez universal: el mundo está compuesto de naciones, pero, al mismo tiempo, un tanto paradojalmente, cada nación tiene un carácter único. Siguiendo a Breuilly (2013) podemos definir al nacionalismo como aquella ideología que afirma que “existe una nación de carácter único, que esta nación tiene un valor especial y, por lo tanto, el derecho a la existencia y reconocimiento” (p.1). El nacionalismo está lejos de ser una ideología completa e invariable. En su lugar, el nacionalismo adopta principios de orden político que no le son intrínsecos y que explican la existencia de una variedad de nacionalismos como el conservador, el liberal, el laico progresista o el nacionalismo cívico, entre muchos otros (Breuilly, 2002).

La razón por la que un sector de la izquierda veía con suspicacia el nacionalismo es que este incluía un principio de inclusión/exclusión que podía esconder las desigualdades económicas dentro de los países. Como explica Breuilly (2002), todas las ideologías contienen un principio de separación entre un “nosotros” y un “ellos”. En el caso del nacionalismo esta distinción es entre nacionales y extranjeros. Esto lleva a borrar diferencias al interior de los nacionales. Como explicaría el filósofo marxista Etienne Balibar (1990): “la variable explicativa clave del marxismo es la lucha de clases, que es un tipo de conflicto ortogonal a la idea de unidad nacional… idea cuya función, no es difícil de ver, siempre es relativizar la importancia del conflicto de clase, si no negar su misma existencia” (p. 332).

Como explican Przeworski (1985) y Esping-Andersen (1985), a lo largo del siglo XX los partidos de izquierda tuvieron que lidiar con el “dilema electoral del socialismo”. En definitiva, participar en las reglas de la democracia liberal significaba modificar su ideario. Esto no solo implicó diluir su programa y aceptar la gradualidad de este, sino, también aceptar la “cancha nacional”. La democracias solo existían en el marco del Estado-nación y aceptar la democracia era, inevitablemente, reconocer la nación.

Desde la derecha, un fenómeno similar al dilema electoral del socialismo se dio con lo que Ziblatt (2017) ha denominado el “dilema conservador del antiguo régimen”. A medida que las élites del antiguo régimen empezaron a ver su poder e influencia amenazado por las reformas económicas y democráticas de finales del siglo XIX, los partidos conservadores, que hasta ese momento funcionaban como partidos de cuadros de elite, se vieron enfrentados a un dilema similar a los socialistas. Ante la presión electoral del sufragio universal masculino, estos tuvieron que diluir su visión jerárquica del mundo, atrayendo apoyo popular, para preservar algunos aspectos de su ideario tradicional. Esto implicó modificaciones identitarias e ideológicas de los partidos conservadores que se convirtieron en partidos del sistema democrático-liberal. Los grupos conservadores que no hicieron este cambio terminaron por adoptar lo que Richard Hofstadter (1966) llamó “el estilo paranoico” de política, en que el paso del tiempo y los cambios sociales se verían con terror. En la cronología de Ziblatt, este sería el germen de los partidos fascistas, pero, en realidad, podría ampliarse a la génesis de una diversidad de partidos de ultraderecha que miran con suspicacia a la democracia liberal.

La obsesión nacional

Como lo explicaría Giovanni Gentile (1928), ante el internacionalismo proletario, el fascismo proponía la “santidad del organismo nacional”. El fascismo le otorgó este centralismo a lo nacional mirando hacia atrás nostálgicamente, a un pasado ‘mítico’ de la sociedad (Sternhall, 1994).

Aunque el fascismo clásico tiene varias diferencias con las derechas radicales de hoy, estos comparten una “nacionalismo estrecho y excluyente” (Prowe, 1994). Además, ambos comparten una promesa: si tan solo se eliminara la amenaza externa o interna a la nación, dicen estas fuerzas políticas, entonces esta sería, una vez más, una ‘gran nación’ (Make America Great Again).

En momentos en que esta visión de nuestras comunidades nacionales parece imponerse, bien valdría la pena releer los dichos de Enrico Berlinguer. Ante los llamados de quienes creían que para superar la crisis de la Comunidad Europea había que retroceder a la “Europa de la patrias”, Berlinguer sugería, en una entrevista en 1984, la necesidad de una unidad política que no borrara las diferencias.

Si, como plantean algunos, las democracias del mundo, incluidas las de América Latina, se encuentran en crisis, junto con defender las instituciones de la democracia liberal, haríamos bien en defender el valor de las identidades nacionales cívicas e integradoras que las sostienen. Es decir, concepciones de la nación como un contrato social en la que nos encontramos como iguales para conformar una comunidad solidaria. La nación no son solo guerras y fronteras, también son los hospitales, escuelas y espacios públicos. La comunidad nacional no solo es compatible con la unidad política entre los Estados, es un bien demasiado valioso e importante para regalárselas a los etno-nacionalistas.